Jorge Robledo está detenido nuevamente. Su reclamo por el pago del canon a una empresa petrolera que explota yacimientos en la finca de su familia le ha costado en los últimos meses más de un dolor de cabeza, y en los últimos días ni más ni menos que su propia libertad.
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Jorge Robledo está detenido nuevamente. Su reclamo por el pago del canon a una empresa petrolera que explota yacimientos en la finca de su familia le ha costado en los últimos meses más de un dolor de cabeza, y en los últimos días ni más ni menos que su propia libertad.
El puestero, de 49 años, quedó detenido nuevamente luego del procedimiento que efectuara la Policía en su finca, ubicada a 3 kilómetros de Los Blancos, en Rivadavia Nanda Norte. La zona conocida como Chirete es una de las áreas petroleras que la Provincia otorgó en concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos.
De la primera detención, ocurrida el 28 de mayo pasado, que se hizo efectiva sin que mediara orden de fiscal o de juez alguno, quedó la formalidad de un traslado por "averiguación simple", aunque en el pueblo todos lo conocen. Fue liberado poco tiempo después con la advertencia de la fiscal Gabriela Souto que, de persistir con su actitud, procedería a detenerlo por desobediencia judicial.
La actitud de Robledo, según argumenta su abogado defensor, Mario Torrente, tiene que ver con un largo proceso de reclamos e intentos de mediación para que la empresa High Luck Group y Pampa Energía, que conforma la UTE que explota la zona, paguen el canon que por ley corresponde. Según el abogado, las empresas vienen desarrollando su actividad en el lugar desde hace un año y hasta el momento no pagaron nada de lo que establecen los acuerdos.
"Se encuentran en el inmueble desde junio del año pasado sin haber abonado un peso por ningún canon", afirmó Torrente.
Ante esta situación Robledo volvió a cortar el acceso al yacimiento a través de su finca y la advertencia de la fiscal Souto se hizo efectiva: el puestero se encuentra detenido desde el sábado a la tarde en la Policía de Morillo. Ayer lo trasladaron a Tartagal para la revisión médica y luego a Embarcación, a la espera de la declaración ante la fiscalía. Como esto tampoco ocurrió, lo llevaron nuevamente a Morillo a la espera del trámite declarativo. Torrente pidió la excarcelación pero esto no ocurrirá hasta tanto no se cumpla con este paso.
Mientras espera la liberación de su cliente, Torrente recuerda que no es la primera vez que tienen un problema de esta naturaleza. "Es evidente que aquí se mueven intereses enormes. Apuntamos a que Luck Group pague lo que por ley corresponde y se incluyan los daños y remediación de la actividad que se desarrolla desde hace un año. Esto sería una distribución más equitativa por la actividad que se desarrolla en la finca de los Robledo", expresó.
El letrado también detalló que la Secretaría de Energía de la provincia aprobó la actividad con límites bien claros, que fueron superados hace tiempo por la petrolera.
"Según lo que aparece en la servidumbre, ellos se comprometían a efectuar una cierta cantidad de desmontes con una hectárea y media para establecer locación, con ampliación de picadas a machete. Nada de eso ocurrió. Metieron topadoras y esa superficie ya fue superada ampliamente", aseguró.
Según el abogado, la empresa ha rechazado cualquier intento de mediación, ya que asegura que cumplieron con todos los acuerdos firmados con un administrador judicial de la finca en sucesión, que es desconocida por el resto de la familia y sus representantes legales.