La competencia provincial o federal de la causa judicial sobre las facturas apócrifas y la excarcelación solicitada por la defensa de Matías Huergo, el empresario detenido y sospechado de ser el líder de una asociación ilícita tributaria, fueron ejes de debate ayer en una audiencia realizada por la sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones. El fiscal federal Eduardo Villalba fue tajante al considerar que el acusado tiene que seguir privado de la libertad y dijo que "todos los cañones apuntan a él".
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La competencia provincial o federal de la causa judicial sobre las facturas apócrifas y la excarcelación solicitada por la defensa de Matías Huergo, el empresario detenido y sospechado de ser el líder de una asociación ilícita tributaria, fueron ejes de debate ayer en una audiencia realizada por la sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones. El fiscal federal Eduardo Villalba fue tajante al considerar que el acusado tiene que seguir privado de la libertad y dijo que "todos los cañones apuntan a él".
Desde las 8.30 en el recinto mayor del edificio de Deán Funes y España, los jueces de Cámara Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Ernesto Solá y Guillermo Elías escucharon a las partes involucradas en el caso.
Durante la última media hora del debate tomó la palabra Eduardo Villalba. "Hay un dato central. Desde noviembre de 2017 estaban siendo investigados. Ellos habían tomado conocimiento de que estaban siendo investigados, porque había habido alguna exteriorización en la AFIP. Pese a eso, recibieron fondos para una demolición de cisterna del tanque San Remo. Recibieron cinco millones de pesos, tercerizaron la obra y la subcontrataron por 480 mil... la experticia que se necesita para demoler una obra es distinta que para la construcción", dijo con énfasis.
"Excelentísima Cámara, están fuera de la luz del día y los 480 mil en que se tercerizó la obra se pagaron en negro y el resto, es decir, lo que iría para corrupción, para apropiarse de fondos públicos son los que se pagaron en blanco, con las facturas apócrifas. Eso se hizo en el transcurso en el que estaban siendo auditados", agregó.
Coincidió con la defensa de Huergo en que no existe peligro de fuga, sin embargo consideró que debe seguir detenido porque podría entorpecer la investigación. "Es una persona arragiada en la sociedad, pero sí existe peligro de entorpecimiento de la investigación, peligro de persistencia en el delito y fundamentalmente surge de las actuaciones que el señor Huergo es una persona influyente con lazos con el poder político o lazos o teléfono de las personas que tienen el teléfono del poder político", advirtió.
"Existe una imputación gravísima y fundamentalmente existe una contundencia probatoria tremenda en relación a la situación de Matías Huergo, es decir, todos los cañones apuntan a él, contrariamente a lo que dice la defensa", señaló el fiscal.
Villalba anticipó que hará una presentación para solicitar medidas "dirigidas a determinar el origen de los fondos".
Además, se refirió al encuadre formal de la causa. "También esta fiscalía se ha referido a que, a mi modo de ver, estamos ante un delito más grave aún que es el de asociación ilícita general, por lo tanto la imputación todavía sabemos de que es una cuestión de que va cambiando a medida de que se avanza", dijo.
Bienes a nombres de familiares y supuesto contacto con AFIP
Para la fiscalía federal, el empresario detenido era “recaudador”.
El fiscal federal y los abogados de las partes participaron de la audiencia. Foto: Jan Touzeau
El fiscal federal Eduardo Villalba señaló que Matías Huergo, el empresario detenido y acusado de integrar una asociación ilícita tributaria, tenía sus bienes a nombre de familiares. “Hubo un acto por parte del imputado tendiente a lavar dinero y a poner bienes a nombres de familiares”, indicó.
También se refirió a conversaciones telefónicas que involucran al acusado y supuestos contactos con la AFIP. “En una de esas conversaciones, cuando ya se dieron cuenta de que AFIP los estaba fiscalizando llaman a Mimessi para decirle: ‘Vos tenés la chica de AFIP con lo cual esa es una de las investigaciones que va a solicitar la fiscalía. Había alguien en el estudio que estaba encargado de ir a arreglar la cuestión en AFIP. “Sí, pero no la estoy pudiendo arreglar”, se decían. A mi modo de ver se condujeron con ese paraguas de que alguien iba a arreglar la situación en AFIP. Hay un contacto en AFIP que se debe investigar. Todo eso me lleva a pensar entonces en la gravedad del hecho, la imputación, la contundencia probatoria, el entorpecimiento de la investigación”, agregó.
“No prestó el celular, borró datos de la computadora. Huergo, a mi modo de ver, su trabajo era de recaudador y eso está acreditado a través de las numerosas escuchas telefónicas. Esa es la prueba, el dinero que llegaba, se lo llamaba a Huergo y él hacia jugar alguna de sus empresas, por lo tanto entonces entiendo que estamos al comienzo de la investigación. El fallo debe continuarse y no debe hacerse lugar a la excarcelación. Hay que respaldar al juez”, cerró con contundencia el fiscal.
Competencia
En la audiencia que se realizó ayer en la Cámara Federal se debatió sobre la competencia, ya que está en análisis si parte del caso debería pasar a la Justicia provincial.
El fiscal federal Eduardo Villalba solicitó mantener la competencia federal. Esgrimió como argumento principal la “inescindibilidad de los hechos delictivos”. Consideró que resultan imposibles de separar.
En una postura similar, el letrado José Fernando Teseyra, quien representa a los imputados Sebastián Héctor Silva y Camila Muñoz, se inclinó por la competencia federal.
También compartiendo los fundamentos del Ministerio Público, Federico Frías, el letrado que representa a otro de los involucrados, Rubén Romero, mostró una posición coincidente. El abogado argumentó sobre la necesidad de mantener la competencia federal por razones legales y motivos prácticos.
La audiencia fue de acceso público y, tras un cuarto intermedio, se trató la apelación de la denegatoria de excarcelación de Huergo.
“No hay ningún elemento de prueba”
Para Sebastián Espeche, abogado de Matías Huergo, no hay pruebas de que el empresario detenido tenga vínculos con el poder que hagan que pueda entorpecer la investigación.
“Una afirmación dogmática dice que mi cliente tiene múltiples relaciones personales con distintos estamentos políticos y sociales. Tampoco en la causa hay acreditado nada de que esos estamentos políticos y sociales existirían para entorpecer la investigación. Me parece que el juez debería haber dado una explicación de a qué se refiere”, sostuvo, durante la audiencia que se realizó ayer en la Cámara Federal.
También consideró que “no hay ningún elemento de prueba” sobre el poder económico de Huergo. “Lo cierto es que a raíz de esta causa mi defendido ha perdido todos los trabajos que tenía”, recalcó.
“El artículo 333 del Código Procesal Penal establece que solo puede revocarse la exención de prisión cuando no cumpla las obligaciones impuestas, no comparezca a llamados o realice preparativos de fuga”, sostuvo Espeche.
El letrado argumentó que la causa debería estar en la Justicia provincial. “Son constitucionalmente claramente delitos que tienen que ser investigados por la Justicia provincial conforme al artículo 121 y 122. No hay ningún argumento de hecho o de derecho que amerite unificar en la Justicia Federal todos los supuestos delitos que se habrían cometido”.
Por su parte, el defensor oficial Martín Bomba, quien representa a Aníbal Anaquín y a Matías Esliman, también se inclinó por la Justicia provincial.