Más rechazos al Servicio Cívico Voluntario

La creación por parte del Gobierno nacional del Servicio Cívico Voluntario recibió multiples cuestionamientos tanto por sus "objetivos" como por el hecho de que la iniciativa será llevada adelante por la Gendarmería Nacional, fuerza cuestionada por su participación en distintos hechos represivos a lo largo de la Historia Argentina. A los pronunciamientos de reconocidas entidades de DDHH, entre las que se cuentan Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, La Liga Argentina de Derechos Humanos (LADH), Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVYJ), se sumaron personalidades de distintos ámbitos, así como partidos políticos y organizaciones. Y en las provincias también hubo pronunciamientos.

En el caso de Salta, la Mesa de Derechos Humanos expresó "su más enérgico repudio" a la resolución del Ministerio de Seguridad que crea el Servicio Cívico Voluntario y exigió "su inmediata derogación".

"El acceso a derechos como la educación y la inclusión social de niños, adolescentes y jóvenes nunca puede ser realizado a través de una de seguridad militarizada sino que es parte de las obligaciones indelegables que el Estado argentino se comprometió al suscribir a la Convención sobre los Derechos del Niño", señalaron desde la Mesa de DDHH de Salta.

Desde el organismo, refutaron con distintos argumentos el objetivo planteado por el Gobierno nacional que fundamentó que la iniciativa permitirá "adentrar a los chicos y jóvenes en el sistema de responsabilidad, de valores, el valor de la disciplina, van a saludar a la bandera todas las mañanas. Habrá talleres de orientación vocacional, de primeros auxilios y talleres de oficios que le va a permitir a los jóvenes encontrar una orientación. Los jóvenes recibirán sobre todo un entrenamiento físico y técnico. La inserción del programa con las Fuerzas Armadas brindaría una masiva posibilidad de darle a los jóvenes una salida, un camino hacia la libertad".

Desde el organismo de DDHH consideraron que "estos fundamentos expresados por la ministra Patricia Bullrich y avalados por el ministro de Educación, Alejandro Finochiaro, implican la militarización de la seguridad, el fortalecimiento de la faz represiva del Estado y el debilitamiento de los derechos y garantías, tratando de instaurar una idea de comunidad y convivencia basada en el control y disciplinamiento".

Señalaron que "el Ministerio de Seguridad se arroga una competencia que no le corresponde y define una política para la niñez y la adolescencia sin consultar a los organismos creados por el Estado para este fin".

"El recorte de los presupuestos educativos, el desguace del Programa FINES, destinado a terminar los estudios secundarios, la eliminación de la paritaria docente, la crisis en las obras para infraestructura escolar, el ataque y demonización a los gremios y referentes docentes ponen de manifiesto que la Educación no es una prioridad para el Gobierno nacional", destacaron.

Sobre esto, reiteraron que "el acceso a derechos como la educación y la inclusión social de niños, adolescentes y jóvenes nunca puede ser realizado a través de una de seguridad militarizada sino que es parte de las obligaciones indelegables que el Estado argentino se comprometió al suscribir a la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 40 establece que los Estados deben crear leyes, procedimientos y organismos especializados para los niños. Tanto los sectores nacionales y los provinciales, públicos y privados que actúan con los niños y jóvenes tienen que ser atendidos por personal especializado en derechos de niños y niñas y adolescentes. Este principio de especialidad no es respetado en esta resolución del Estado argentino. Nos preguntamos si se dará capacitación al personal de Gendarmería para que tengan la especialidad requerida para trabajar con los adolescentes...."

El rol de la Gendarmería y las prioridades del Gobierno

Desde la Mesa, cuestionaron crudamente el papel de la Gendarmería. "Decir que Gendarmería Nacional puede asumir ese rol es querer obviar que esa fuerza de seguridad viola sistemáticamente los Derechos Humanos al ser elegida por la gestión Macri para la represión de las protestas y los conflictos sociales. No puede por ende ser garante de los valores de la democracia. No podemos ignorar que estuvo involucrada en los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y que, según datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), muere una persona a manos de las fuerzas de seguridad cada 21 horas".

Consideraron que "es el Ministerio de Educación el que debe establecer las políticas y estrategias educativas, y el Estado debe impulsar medidas que ofrezcan oportunidades para que los adolescentes desarrollen su potencial y logren satisfacer sus necesidades básicas, completar sus estudios, acceder a trabajos dignos y registrados en el marco del respeto de sus derechos y garantías".

Y finalmente, señalaron que "el recorte de los presupuestos educativos, el desguace del Programa FINES, destinado a terminar los estudios secundarios, la eliminación de la paritaria docente, la crisis en las obras para infraestructura escolar, el ataque y demonización a los gremios y referentes docentes ponen de manifiesto que la Educación no es una prioridad para el Gobierno nacional y que este proyecto de Servicio Cívico Voluntario no es, como afirma la ministra Bullrich 'una masiva posibilidad de darle a los jóvenes una salida, un camino a la libertad', sino todo lo contrario. No se educa para la democracia y la solidaridad delegando en fuerzas de seguridad que son autoritarias y violentas, la formación y educación de los mismos". 

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