A partir de las directivas del papa Francisco, el Vaticano resolvió la eliminación lisa y llana del instituto religioso de derecho diocesano Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, creado por el sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino, cuya sede central funcionaba en la parroquia de la Santa Cruz, ubicada en la calle Santa Fe 1247, en la zona sur de la capital salteña. Con esta drástica medida se producirá el cierre de todas las sedes de la congregación que el cuestionado religioso abrió en el interior de Salta, en el sur del país y en el exterior (Chile, España, México, entre otros).
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A partir de las directivas del papa Francisco, el Vaticano resolvió la eliminación lisa y llana del instituto religioso de derecho diocesano Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, creado por el sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino, cuya sede central funcionaba en la parroquia de la Santa Cruz, ubicada en la calle Santa Fe 1247, en la zona sur de la capital salteña. Con esta drástica medida se producirá el cierre de todas las sedes de la congregación que el cuestionado religioso abrió en el interior de Salta, en el sur del país y en el exterior (Chile, España, México, entre otros).
En el decreto difundido ayer por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica se utilizó la palabra "supresión", lo que en los hechos significa la desaparición de la institución religiosa. Para la ejecución del dictamen, el Vaticano designó a fray Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP, arzobispo de Bahía Blanca. Con esta resolución la Iglesia Católica dejó a Rosa Torino librado "a la buena de Dios", luego de haberle suspendido el ejercicio del sacerdocio, hace cuatro años, por los oscuros manejos del instituto y las imputaciones de abusos sexuales en perjuicio de exnovicios. A esto le sumaron las sospechas de "lavado de dinero" y sus vínculos con el narcotráfico a través del cartel mejicano de Sinaloa que dirigía el "Chapo" Guzmán. A raíz del informe difundido por el canal Todo Noticias, una fiscal pidió Rosa Torino sea investigación por la Justicia Federal.
El decreto, fechado el 18 de junio de 2019, consigna que el 11 de mayo de 2015, el nuncio apostólico en la Argentina, solicitó la intervención de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, tras haber recibido graves denuncias sobre diversos aspectos de la vida de la congregación que dirigía el cura. El 1 de junio la entidad religiosa recibió un informe preliminar, lo que determinó que el 17 de julio de ese año se designara a monseñor Luis T. St"ckler, obispo emérito de Quilmes, para que investigara a Rosa. Ese mismo mes la Santa Sede encomendó la misma tarea a monseñor Martín de Elizalde, obispo de 9 de Julio.
Ambos comisarios interrogaron a Rosa Torino, a los miembros del instituto, a los obispos interesados y a quienes estuvieron en contacto con las actividades de la congregación. El documento conocido ayer señala que toda la investigación fue objeto de un profundo estudio y consideración de parte de la Sede Apostólica. En ese sentido examinó todos los informes, la conducta del fundador y la de numerosos miembros. Además, evaluó "las dificultades encontradas para la formación humana y espiritual de los miembros" y "tuvo en cuenta la situación institucional fuertemente comprometida". Finalmente -expresa el decreto- "con cuidado las posibles soluciones y la necesidad de proceder con urgencia para proteger el bien de las personas y evitar más daño a la comunidad eclesial y a la vida consagrada".
Al cabo de este itinerario, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, dictó el decreto que dispuso la supresión del instituto que Rosa Torino creó en 2009. El documento añade que, "dada la delicadeza y complejidad del caso", con el fin de que todo se haga "con justicia y caridad", para implementar la decisión tomada designó como delegado pontificio a fray Azpiroz Costa. Este religioso tendrá a partir de ahora la misión de proceder con "todas las facultades necesarias y apropiadas" para el desempeño de la tarea recibida "de acuerdo con lo que prescriben las normas canónicas".
Por último, el decreto consigna que estas disposiciones "fueron aprobadas de forma específica por el Santo Padre" el 18 de junio de 2019.