La Nación estatizó el peaje de Cabeza de Buey de la ruta  34

Con un decreto presidencial que se publicó ayer, se estatizaron 3.374 kilómetros de rutas nacionales que estaban concesionadas a empresas privadas que las operaban mediante peajes. Entre esos tramos quedaron los poco más de 200 kilómetros de la ruta 9/34 que atraviesa Salta desde el límite con Tucumán hasta Jujuy.

De esa manera, el peaje de Cabeza Buey, ubicado entre Lumbreras y General Gemes, pasó a manos de la compañía estatal Corredores Viales, que está controlada en un 51% por la Secretaría de Transporte y en un 49% por Vialidad Nacional. Esa estación estaba a cargo de la firma Autovía Buenos Aires a los Andes, integrada por Rovella Carranza y José Cartellone Construcciones, que había tomado su control hace tres años (previamente pertenecía a Vial NOA).

La decisión del Gobierno nacional no obedece a un vuelco hacia el socialismo sino más bien es una consecuencia del sistema capitalista. Es por la crítica situación económica del país, y la correlativa falta de interés de inversores privados, que la Nación se vio obligada a hacerse cargo de los corredores viales cuyas concesiones se habían vencido en 2016 y luego se fueron prorrogando con la idea de adjudicar esas rutas bajo el proyecto de Participación Público Privada (PPP) para construir autopistas que finalmente fracasó. Además, la Justicia ya había puesto el ojo en ese limbo en el que habían quedado las empresas y urgía una medida para deslindar las responsabilidades legales que les pueden caber a los funcionarios que otorgaban las prórrogas.

El decreto firmado por Mauricio Macri establece que pasen al control del Estado diferentes tramos de las rutas nacionales 9 y 34 (en Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy); la 188 (provincia de Buenos Aires); la 19 (Santa Fe y Córdoba); la 12 (Corrientes y Misiones); la 16 (Corrientes y Chaco); la 8, entre las provincia de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, y de la 36, en Córdoba.

Los corredores que estaban adjudicados a Autovía Buenos Aires a los Andes son el 3 y el 7 y operaban con 180 empleados, a los cuales se les garantizan sus fuentes laborales, al igual que con el resto de las empresas que perdieron los peajes. La estatización de los corredores es hasta que se puedan licitar con un plazo máximo de cinco años.

Sigue lo mismo

Los proyectos de obras que el Gobierno estimaba concretar sobre los caminos ahora estatizados bajo el sistema PPP siguen pausados. Entre ellos se encuentra el de la autopista sobre la ruta 9/34 en el tramo salteño, más conocido como "ruta de la muerte", por los centenares de siniestros fatales que se produjeron en esa vía. "Ese proyecto continúa en cartera y sigue siendo una prioridad; lo que pasa es que hoy no están dadas las condiciones financieras para poder licitarlos", dijo a El Tribuno Eduardo Plasencia, coordinador de Gestión en la Dirección Nacional de Vialidad.

Promesa de obra

Si bien no era la obra que se esperaba, sigue en pie la promesa de repavimentar los 35 kilómetros de la ruta nacional 9/34 entre Metán y Rosario de la Frontera. Había un proyecto para convertir ese tramo en autopista junto con el resto del camino hasta Jujuy (donde sí se avanza en la construcción de la autopista sobre la 34).
En mayo pasado se conocieron las ofertas para la licitación del cambio de la carpeta de rodamiento entre las dos ciudades del sur provincial. En ese momento se anunció que la obra se iniciaría en junio. Pasaron más de tres meses, y una nueva crisis monetaria de por medio, y ahora desde Vialidad de la Nación aseguraron a este diario que los trabajos comenzarían en noviembre. 
 

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