Una salteña detenida en 1975 cuando estudiaba Letras en la UNSa relató las torturas a las que fue sometida. La mujer fue arrestada sin saber la causa y era juez federal Ricardo Lona, quien está siendo juzgado por no haber investigado el secuestro del exgobernador Miguel Ragone y deberá escuchar la sentencia el 24 de septiembre.
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Una salteña detenida en 1975 cuando estudiaba Letras en la UNSa relató las torturas a las que fue sometida. La mujer fue arrestada sin saber la causa y era juez federal Ricardo Lona, quien está siendo juzgado por no haber investigado el secuestro del exgobernador Miguel Ragone y deberá escuchar la sentencia el 24 de septiembre.
"Condicionaban nuestra declaraciones en la Policía Federal a golpes. Nos metían alfileres entre las uñas y las yemas de los dedos. Todo eso en pleno estado democrático", declaró Norma Isabel Toro ayer en el juicio contra Lona por teleconferencia desde la Embajada argentina en París, Francia.
"A mí me detuvieron el 18 de junio de 1975 cuando Isabel Perón estaba en el gobierno. No había estado de excepción y yo era una estudiante de Letras de la Universidad Nacional de Salta", señaló Norma.
Dijo que la llevaron a la delegación local de la Policía Federal, donde la asilaron y la sometieron a violencia física y psicológica. Aseguró que en los primeros días no hubo intervención del Poder Judicial Federal.
"Yo llevaba un mes detenida y no tenía a ningún abogado. Tenía una causa abierta, pero no sabía nada. Mi familia presentó recursos de hábeas corpus y no sabemos qué se hizo con eso. Recién en enero de 1976 recibí mi sobreseimiento", dijo Norma Toro.
La mujer permaneció más de 7 años privada de su libertad. Estuvo en cárceles de Salta, Buenos Aires y Córdoba. Recién en junio de 1982 recibió la libertad condicional y la libertad plena el 27 de diciembre del mismo año.
"Si el Poder Judicial hubiera funcionado tendría que haber sido recibida por el juez, que debería haberme otorgado la libertad por estar fuera de la causa, pero es no fue así", declaró.
Dijo que alguna vez declaró frente a Lona, pero que no sabía quién era en ese momento. El magistrado era el único juez federal de Salta en tiempos del terrorismo de Estado.
Ayer concluyó la cruda etapa de declaraciones testimoniales en el juicio oral y público que se le sigue a Lona por encubrimiento y prevaricato en relación con el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone, el asesinato del comerciante Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal.
Se escucharon duros relatos sobre lo que hizo el terrorismo de Estado antes y durante la última dictadura cívico militar en el país. La gran mayoría fueron testimonios del horror que se vivió desde el segundo semestre de 1975, cuando aún gobernaba la presidenta Isabel Martínez de Perón; es decir, en plena democracia, con el Poder Judicial en funcionamiento.
Desde la ciudad de La Plata, ayer también declaró Jesús Pérez, quien fue el ministro de Economía del gobierno de Miguel Ragone. "Hubo una depuración de jefes policiales. Hubo traslados y por eso era mal visto Miguel Ragone. Cuando pusieron una bomba en mi casa yo le dije que se vaya de Salta", dijo Pérez.
El 6 de agosto comenzó el histórico juicio que puso al ex juez federal en el banquillo de los acusados.
Tras el paso de los testigos, ahora se ingresa en la etapa final y las audiencias se mudarán al Poder Judicial de la Provincia.
Querellas irán por la cadena perpetua
Tras una instrucción de años y testimoniales relámpago, ahora está todo listo para la etapa final.
Los alegatos de las querellas y de la Fiscalía serán el 10 de septiembre. La palabra de la defensa y el veredicto de los jueces se escucharán el 24 de septiembre.
El Tribunal federal está constituido por la doctora Gabriela Elisa Catalano y los doctores Juan Carlos Reynaga y Gabriel Eduardo Casas.
Los fiscales serán Carlos Martín Amad y Francisco Santiago Snopek.
La fiscalía acusa al exmagistrado por “encubrimiento” e “incumplimiento en los deberes de funcionario”, cuya condena prevé dos años de prisión. Se le imputa no investigar el modo, tiempo y lugar en que se produjo la desaparición del llamado “Médico del Pueblo”.
Son querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella; por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, David Leiva, María José Castillo y Martín Plaza; y Matías Duarte, por la familia Ragone.
Las querellas acusan directamente a Lona de la participación en la desaparición y asesinato de Ragone. Buscarán la cadena perpetua.
Quieren demostrar que Ricardo Lona actuó en conjunto, coordinada y sistemáticamente dentro de un plan genocida en hechos que sucedieron desde 1975 a 1977.
Se apunta a demostrar que nunca los crímenes de lesa humanidad fueron aislados y que siempre estuvieron dentro de un marco general de acciones, en el cual el exjuez Lona fue una pieza más dentro de un gran mecanismo de un plan de exterminio.
Lona además está imputado en otras dos causas por delitos de lesa humanidad. Una es la masacre de Palomitas, que se tramita por escrito y la otra es una causa en la que se aglutinan los casos de unas 60 víctimas.