La visita del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz con miembros del gabinete nacional son indicio de una reacción rápida y positiva frente a un problema específico que afecta a nuestra provincia, el de la marginalidad en que viven muchísimas comunidades rurales. Se trata de un sector de la población que ni siquiera aparece en la Encuesta Permanente de Hogares con la que el Indec releva trimestralmente las condiciones de vida de los argentinos. En cambio, el censo nacional de 2010 mostró con claridad esas realidades que castigan a miles de hogares salteños (y del Norte Grande) privados de luz eléctrica, gas y agua potable.
inicia sesión o regístrate.
La visita del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz con miembros del gabinete nacional son indicio de una reacción rápida y positiva frente a un problema específico que afecta a nuestra provincia, el de la marginalidad en que viven muchísimas comunidades rurales. Se trata de un sector de la población que ni siquiera aparece en la Encuesta Permanente de Hogares con la que el Indec releva trimestralmente las condiciones de vida de los argentinos. En cambio, el censo nacional de 2010 mostró con claridad esas realidades que castigan a miles de hogares salteños (y del Norte Grande) privados de luz eléctrica, gas y agua potable.
La muerte de tres niños por desnutrición en comunidades aborígenes fue el detonante trágico, pero la coyuntura no debería ocultar la realidad. La exclusión de indígenas y criollos representa un problema de larga data, que no puede ser controlado con medidas de emergencia. Los gobiernos deberían tener una mirada global y olvidar, por un momento, el volumen de votos que ofrece cada región para pensar en la desnutrición en términos de derechos humanos, porque las crisis pasan, pero si no se resuelven las causas, tarde o temprano se repiten.
Hace 9 años, en Rivadavia, San Martín y Orán, la muerte de doce niños conmocionó a la provincia. En ese momento, el gobierno nacional se mostró indiferente mientras que los funcionarios provinciales pretendieron negarlo.
Muchos casos se repitieron desde entonces en el mismo territorio.
La asignación de un fondo que en 2014 ascendía a 650 millones de pesos que debían destinarse a saneamiento hídrico no se tradujo, cinco años después, en mejoras a la calidad de vida. Por ese motivo resulta muy alentador que, además de la asistencia inmediata que comprometieron las Fuerzas Armadas, la Nación y la Provincia lleven adelante un proyecto de provisión de agua potable y servicios sanitarios que es una demanda no solo de las comunidades rurales, sino de todos los habitantes del Norte salteño.
Es importante que la dirigencia política asuma que "hambre" no es sinónimo de "desnutrición". Cuando el hambre es disimulado con una alimentación desequilibrada e insuficiente, la desnutrición no solo no se resuelve, sino que se profundiza.
Nuestra región necesita potenciar la presencia permanente de agentes sanitarios que controlen metódicamente el peso y la vacunación de los niños y sus madres, y que inspeccionen el estado sanitario de las viviendas rurales y suburbanas, así como el procesamiento de residuos. Esas son tareas indelegables del Estado, y que deben estar dirigidas con criterios técnicos de salud pública. Pero, además, es imprescindible que los gobiernos se esfuercen en brindar las condiciones para que las familias salgan de la pobreza. Para este objetivo, el único camino posible es el de la educación y el trabajo.
Existe en nuestra provincia un fuerte movimiento de los pueblos indígenas por fortalecer la educación de sus miembros y contar, de esa manera, con educadores, médicos, enfermeros y profesionales de todos los rubros nacidos en las comunidades, impregnados de su cultura y que lideren procesos para la plena inclusión en la vida contemporánea.
Al mismo tiempo, la Provincia debe impulsar, sin demoras, un proceso de desarrollo global, a largo plazo, que permita a las economías de subsistencia evolucionar hacia la producción en escala, a la que ya se refirió el ministro Arroyo.
La desnutrición es síntoma de un problema social profundo, estructural, que compromete seriamente el presente y el futuro de Salta.
Ante esta realidad, los salteños debemos cerrar filas, olvidar las militancias mezquinas y acompañar, con esfuerzo y con exigencia, esta muy buena iniciativa de los gobiernos nacional y provincial.
En ambos casos se trata de gestiones que recién comienzan y que, con el paso de los meses, deberán dirigir su atención también a otras preocupaciones. Pero jamás deberían olvidar que la desnutrición, la exclusión, el desabastecimiento hídrico y, en general, el subdesarrollo humano en las áreas rurales de Salta y del Norte grande son consecuencia de la inequidad estructural propia de un país centralista.