Prado en problemas: Diputados tratará la intervención de Aguaray

Esta tarde los diputados de la provincia tratarán en la sesión el proyecto para intervenir el municipio de Aguaray, que lo deja con un pie afuera al polémico intendente Enrique Prado. Hubo demora en el tratamiento de esta iniciativa.

El diputado kirchnerista Ramón Villa es autor de la iniciativa que busca sacar de la intendencia a Prado, quien está involucrado por la cesión de 2500 caños pertenecientes al inconcluso primer tramo del gasoducto NOA - NEA a favor de la empresa OSYP S.A, valuados en cifras millonarias.

Esta mañana hubo marchas y cortes de ruta en Aguaray, de personas afín a Prado. Es más circulan audios en donde señalan que en caso de que se de la intervención “prenderán fuego el municipio”. 

El caso

A menos de 2 semanas de haber asumido en el cargo, el 23 de diciembre de 2019, Enrique Prado emitió una resolución municipal que lleva su firma y la de su entonces secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, (ahora renunciado) autorizando a que una empresa de Mendoza retire 35 kilómetros de caños de alta presión que conformaban el tramo norte del GNEA, con el argumento de que los caños colocados bajo la superficie producían contaminación ambiental.

La resolución nunca fue consultada ni acordada con el Concejo Delibertante que tomó conocimiento de la misma en el mes de febrero cuando El Tribuno publicó un pormenorizado informe. En el mismo se detallaba la maniobra de sustracción de cientos de caños de alta presión, luego de que fuera descubierta por el secretario de Asuntos Municipales del Gobierno provincial, Adrián Zigarán.

El tema -con mucha lentitud- llegó meses después a la Justicia Federal, la que imputó a Prado y a su secretario de Hacienda, el delito de fraude a la administración pública.

Los caños, valuados en unos 300 millones de pesos, representaron un perjuicio de ese monto para las arcas del Estado nacional como propietario del gasoducto del NEA. La obra está suspendida desde hacía dos años y estaba adjudicada a Vertúa S.A.

Si bien el delito pesa sobre los dos funcionarios, la Justicia Federal se encuentra investigando el hecho y logró recuperar algunos caños que habían sido trasladados hacia otras zonas del país. Valiéndose de la resolución que lleva la firma de Prado el traslado de los caños, que se realizó en camiones de gran porte, no tuvo mayores inconvenientes hasta que la maniobra tomó estado público.

Cuando los ediles tomaron conocimiento de la situación y después de dos meses por las restricciones impuestas por la pandemia, decidieron conformar una comisión investigadora y darle a Prado la posibilidad que explique el porqué de esa maniobra millonaria en perjuicio del Estado nacional, que le valió una imputación en la Justicia Federal.

Pero ni Prado ni ninguno de los funcionarios que lo acompañan en la gestión se presentaron a brindarle al cuerpo ningún tipo de explicación y en un “ninguneo” total ni siquiera justificaron sus ausencias ante cada citación a
las reuniones de la comisión investigadora.

 

 

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