El robo de caños de acero destinados al Gasoducto del NEA muestra el deterioro institucional que afecta al sistema de gobierno, no solo de Aguaray, sino de los municipios en general, y también de todo el país.
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El robo de caños de acero destinados al Gasoducto del NEA muestra el deterioro institucional que afecta al sistema de gobierno, no solo de Aguaray, sino de los municipios en general, y también de todo el país.
El responsable más visible es el exintendente Jorge Enrique Prado, que parece haber llegado al cargo decidido a perpetrar junto con organizaciones delictivas la operación para sustraer sin riesgos unos 1.300 caños de acero valuados en US$ 6.500.000, que habían quedado depositados en distintos puntos del municipio de Aguaray a la espera de que alguna vez se retome la construcción del gasoducto.
Según el fiscal general federal a cargo de la causa, Eduardo Villaba, Prado se "autoimputó" el 23 de diciembre, al firmar la resolución 1215 por la cual declaraba material de rezago contaminante y "pasivos ambientales" a los caños en cuestión y autorizaba a la empresa OSIP SA, del mendocino Diego Andrés Alos para dar a esos bienes "disposición final". Es decir, que hiciera lo que le pareciera con esos bienes de enorme valor.
Los caños formaban parte de una de las obras públicas de mayor magnitud encarada en los últimos 20 años, el GNEA, destinado a transportar gas desde la destilería de Campo Durán hasta el Litoral. Entre 2003 y 2015, solo registró un avance del 48%. Poco antes de la asunción de Mauricio Macri, la empresa Vertúa abandonó la obra debido a problemas generados por protestas piqueteras.
El tramo salteño del gasoducto es de 230 kilómetros, 35 de estos en el municipio de Aguaray. Aproximadamente la mitad de los caños de 13 metros y 24 pulgadas ya se encuentra soterrado. El valor se estima en US$ 5.000 cada caño, que se duplica una vez instalado.
Prado es ingeniero ambiental y exsecretario del área específica del mismo municipio. Sabía que los materiales que estaban robando eran muy valiosos, que pertenecían al Estado nacional y que cualquier gestión al respecto debía iniciarse ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia. También lo sabían el secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, y el empresario Alos, que había presentado el mismo 10 de diciembre, cuando Prado asumió como intendente, la propuesta de llevarse los caños "sin ningún costo para el municipio", y los otros imputados.
Todo indica que Prado, Céspedes y otras nueve personas serán procesadas en las próximas semanas por "fraude a la administración pública y robo calificado".
Más allá del principal imputado, Jorge Prado, es importante destacar la cadena de complicidades que rodean a este robo y que la investigación de El Tribuno permitió desentrañar con un trabajo periodístico meticuloso iniciado a principios de 2019. El ilícito comenzó a gestarse y a ponerse en práctica en 2018. Recién el 26 de enero de 2020, la nueva administración provincial tomó oficialmente conocimiento, cuando el entonces secretario de Participación Ciudadana de Salta -y ahora interventor de Aguaray-, Adrián Zigarán informó al ministerio de Seguridad sobre un camión con caños del gasoducto que se dirigía hacia el Chaco salteño.
Funcionarios de la empresa estatal energética Ieasa (ex Enarsa) habían radicado desde setiembre de 2018 diecinueve denuncias en comisarías provinciales, que carecen de jurisdicción para este tipo de casos. Esos funcionarios sabían que debían hacerlas ante la Gendarmería Nacional. Nadie notificó nada a los gendarmes, quienes a su vez, durante un año, vieron pasar por las rutas los camiones, sin intervenir. Esos vehículos atravesaron varias provincias con documentación apócrifa y, desde el 23 de diciembre, con la resolución de Prado que no tiene valor documental para traslado de bienes del Estado nacional. El material robado fue depositado en obradores de diversas partes del país y vendido por telecomercio. Estamos ante el accionar de una banda que se dedica a comercializar como chatarra material de alto valor depositado en espacios o dependencias desactivadas, especialmente en el área de la ex Enarsa.
La cadena de complicidades y los alcances de este accionar delictivo, por ahora, son incalculables.
La corrupción, una vez más, atraviesa ideologías y banderías políticas. La Justicia, necesariamente, debe llegar hasta las últimas consecuencias.