El Estado de derecho no admite leyes express. En las democracias sólidas, aprobar proyectos complejos puede llevar meses. Y cuando uno de tales proyectos se convierte en ley, debe pasar un tiempo antes de que se la aplique. Es así, sobre todo, en el caso de leyes cuya ejecución demande cambios profundos; por ejemplo, en la organización de la administración pública, el funcionamiento de la Justicia, la legislación penal o el régimen impositivo.
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El Estado de derecho no admite leyes express. En las democracias sólidas, aprobar proyectos complejos puede llevar meses. Y cuando uno de tales proyectos se convierte en ley, debe pasar un tiempo antes de que se la aplique. Es así, sobre todo, en el caso de leyes cuya ejecución demande cambios profundos; por ejemplo, en la organización de la administración pública, el funcionamiento de la Justicia, la legislación penal o el régimen impositivo.
Esos proyectos llevan meses porque, ante todo, requieren estudios escrupulosos, consultas, verificaciones y una evaluación ponderada de los efectos institucionales que tendría la ley resultante. Pero hay otra razón: se trata de prevenir la inflación legislativa. En el orden jurídico, a menudo "más" es "menos". El exceso de leyes provoca superposiciones, contradicciones, confusiones, diferencias de interpretación... todo lo cual deriva en nuevas leyes que suelen oscurecer más que aclarar.
Y hay una razón más: la lentitud del procedimiento legislativo dificulta o impide que los legisladores cedan a la coacción política de gobiernos o grupos de presión que necesitan leyes a medida, sancionadas de un día para otro. En algunos casos, sin sanción inmediata, no sirve a los intereses -no siempre santos- de quienes presionan para obtener esa "sanción express".
La vigencia diferida es otra forma de prevenir las premuras injustificadas. Ese plazo -vacatio legis- permite que las leyes nuevas empalmen suavemente con la viejas.
En Francia, donde la Constitución impone un sistema legislativo cuidadoso al extremo:
* El Gobierno no los puede presentar sin consultar primero al Consejo de Estado, que audita al sector público.
* Los diputados no pueden presentar "proposiciones "cuya adopción resulte en una reducción de los recursos del Estado", como sería el caso de ciertos subsidios, "o en la creación o agravamiento de cargas públicas".
* Todo proyecto debe incluir un análisis de sus "consecuencias económicas, financieras, sociales y -según el tema- medioambientales".
* Los proyectos relativos a finanzas públicas, seguridad social o situaciones de crisis no pueden ser debatidos hasta que no hayan pasado seis semanas desde su presentación.
El propósito es prevenir leyes espasmódicas, que responden a necesidades coyunturales y desarticulan el régimen jurídico. Por supuesto, esto no rige en situaciones extremas, cuando el Gobierno puede declarar el "estado de emergencia", equiparable al estado de sitio.
Ninguna ley se aprueba si no hay consenso entre la Cámara de Diputados y el Senado, por lo que regularmente los proyectos van de un lado a otro. El Gobierno goza del derecho a reclamar un "procedimiento acelerado", pero aun en ese caso hay un plazo obligatorio de espera, reducido a quince días. En el caso del Gobierno, lo que recibe del Consejo de Estado son recomendaciones que no tienen estado público y permiten corregir eventuales errores. Esas recomendaciones son analizadas por el Consejo de Ministros antes de darle forma definitiva al proyecto y enviarlo a la Asamblea Nacional, es decir, al Congreso francés.
En el caso de las "leyes orgánicas" (que modifican la organización y funcionamiento de los tres poderes del Estado), el Ejecutivo no puede promulgarlas sin la aprobación del Consejo Constitucional.
En la Argentina, un sistema de este tipo sería criticado por muchos, que lo considerarían un obstáculo para el desarrollo institucional. Que el Congreso no se demore en aprobar proyectos, y que tenga la posibilidad de modificar el funcionamiento del Estado en cuestión de días, son tomados como procedimientos necesarios para dar agilidad, actualidad y eficacia a las instituciones.
El resultado suele desarticularlas y comprometer el Estado de derecho.