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Un desembarco de la mano de la privatización del Banco Provincial

El Banco Macro, de Brito, compró el paquete accionario a mediados de los ’90.
Sabado, 21 de noviembre de 2020 02:36

Ocurrió en los primeros años de la década del ’90 el desembarco del empresario Jorge Brito en suelo salteño. Primero, allá por 1992, lo hizo con la compra de San Javier, el extenso campo de 45.000 hectáreas cerca de Joaquín V. González, donde estableció un feedlot que hoy tiene el doble de extensión y 86.000 animales.

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Ocurrió en los primeros años de la década del ’90 el desembarco del empresario Jorge Brito en suelo salteño. Primero, allá por 1992, lo hizo con la compra de San Javier, el extenso campo de 45.000 hectáreas cerca de Joaquín V. González, donde estableció un feedlot que hoy tiene el doble de extensión y 86.000 animales.

Pero su nombre se hizo más conocido para los salteños cuando adquirió la mayoría del paquete accionario del entonces Banco de Salta SA.

Fue en enero de 1993 durante la gobernación de Roberto Augusto Ulloa, y en el marco de privatizaciones que puso en marcha el gobierno menemista con la ley 23.696 de 1989, cuando se inicia la privatización. 

Este proceso, que abarcó también parte de la gestión del exgobernador Juan Carlos Romero, comenzó con el decreto Nº 60 del 23 de enero de 1993, que declara “sujeta a privatización” a la entonces entidad estatal. 

Un año y medio después, el 19 de julio de 1994, la Legislatura Provincial sanciona la ley 6741 que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a iniciar el proceso privatizador y para ello, en el artículo 2 de la norma se habilita “transformar” al Banco Provincial en una sociedad anónima, cuyo paquete accionario se podía vender hasta en un 70 por ciento (el Estado salteño debía quedarse con el 30% restante, según el Art. 5).

En 1996, el Banco Macro resultó adjudicatario de ese 70 por ciento de las acciones. Su dueño, Jorge Brito se convertía así en un nombre que los salteños empezaban a decir o reconocer. 

Al año siguiente, el Macro compró al Gobierno de Salta el 18% adicional y el 10% de las acciones del programa de propiedad participada. 

Junto con la privatización se firmó un convenio para que el Macro fuera agente financiero de la Provincia por diez años, contrato que fue renovado primero por el exgobernador Romero en 2005 y diez años más tarde, por su sucesor Juan Manuel Urtubey.

En noviembre de 1999 se hizo el cambio de nombre en el banco.

Así fue como miles de salteños que trabajan para el Estado provincial pasaron a cobrar sus sueldos a través de cuentas en esa entidad. A pesar del cambio de manos, en 1996 la empresa conservaba el nombre de Banco de Salta S.A.

Tres años después, el 25 de marzo de 1996, el directorio del Banco Macro Misiones SA decidió iniciar una reorganización societaria y se fusionó con la entidad salteña. Recién en julio de 1999, el Banco Central de la República Argentina autorizó esa operatoria y a partir de noviembre de ese año, en el edificio de calle España, frente a la plaza 9 de Julio, se colocó el cartel de Banco Macro. Progresivamente el nuevo nombre se instaló en todas sus sucursales. Y el nombre de Jorge Brito fue identificado con el banco y también con su campo ganadero en el sureste salteño.

La última entrevista

Hace solo cinco días, Jorge Brito, en la que fue su última entrevista periodística (dada a Infobae.com) había vaticinado una “rebelión fiscal” como consecuencia del impuesto a las grandes fortunas que impulsa actualmente el kirchnerismo.

El principal banquero argentino también había alertado que ese aporte, que ahora será debatido en el Senado, representaba un “desaliento a la inversión”.

Brito había considerado que el gravamen “creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto, posiblemente no se cobre nada o poco, y solo se mediatizará nuevamente una guerra entre el Gobierno y los empresarios que no llevará a nada, irritará a la gente y nos acercará un paso más al precipicio”.

“Los que más tienen deben ayudar en este momento para paliar los problemas económicos que la pandemia ha agravado”, había señalado.

“En realidad lo que está en discusión no es el porqué sino el cómo. Es decir, de qué modo el sector empresarial nacional y el extranjero que está radicado en nuestro país debe acompañar al Gobierno en este momento”, afirmó.

En esa línea, criticó el proyecto oficial: “El camino que ha elegido el Gobierno es, cuanto menos, equivocado”. Y consideró que “la creación de este impuesto solo agrega más elementos a aquellos que quieren irse del país”.

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