Desde hace dos días, desde el anuncio del aumento de las jubilaciones hecho por el señor presidente de la Nación Alberto Fernández, la prensa y los medios televisivos por igual están discutiendo si el aumento otorgado por decreto a los jubilados los deja mejor parados con este aumento respecto a cómo hubieran quedado si se hubiera mantenido la fórmula de actualización propuesta por el gobierno anterior.

En caso de haberse mantenido la modalidad de actualización dispuesta en la Ley 27.426 promulgada por el gobierno de Mauricio Macri, los ingresos jubilatorios habrían aumentado en todo el año 2020 un 42%. Con la suba que se concretará ahora en diciembre, los haberes acumularán un incremento en 2020 de entre 24,3% y un 35,3% dependiendo del nivel de ingresos y donde -por fortuna- el porcentaje de actualización más alto corresponde al haber mínimo.

Según los datos al mes de septiembre de la Secretaria de Seguridad Social, estas jubilaciones mínimas corresponden a un 63,1% de jubilados entre una población total de 6,64 millones de prestaciones (jubilaciones y pensiones) que paga la Anses; o sea, cerca de 4,2 millones de nuestros "abuelitos" y "abuelitas"; expresión tan usada para referirnos a ellos con fines electorales pero que se queda sólo en ese plano cuando se trata de darles soluciones serias y responsables.

Si se tiene en cuenta el 3,8% de variación de la inflación para octubre de 2020 publicada esta semana por el Indec Äy que acumula una variación interanual del 26,9%Ä, la conclusión es sencilla y no amerita ningún panel de discusión ni el cruce interminable de argumentos y juicios descalificatorios entre la bancada oficialista y la opositora como está ocurriendo. El decreto del presidente Alberto Fernández hace que el incremento apenas acerque a casi el 70% de los beneficiarios al porcentaje de inflación, pero de todas maneras queda por debajo del incremento que hubiera resultado de la ley que se derogó de hecho y por un DNU. Punto. Es una discusión que se puede zanjar en no más de cinco minutos de análisis frío y desapasionado analizando los números.

Sin embargo, en una competencia baladí por ver quién dio o hubiera dado un aumento mayor, perdemos de vista, como siempre, el verdadero problema: el drama de un jubilado argentino que resulta de considerar que ese señor o esa señora dependen de ese monto y viven de él.

Hoy, la jubilación mínima es de $18.129 y, con el aumento dado, pasará a ser de $19.035 mensuales. Con la fórmula del gobierno anterior, hubiera sido de $19.980 mensuales. O sea, $906 pesos mensuales adicionales en un caso, $1.851 en el otro.

Claramente lo importante acá no es esta discusión frívola e innecesaria sobre el monto final adicional o el mayor o menor porcentaje de aumento. Lo importante acá es que, en ambos casos, lo que cobra un jubilado que hizo sus aporte durante toda su vida es una miseria que no le alcanza para vivir y que lo ubica por debajo de la línea de pobreza. Según los propios datos oficiales publicados por el Indec, una familia compuesta por tres personas necesita de $39.735 para superar la línea de pobreza.

Ni un matrimonio de jubilados, ambos cobrando la jubilación mínima, superan este monto.

Pero de este drama nadie habla. Preferimos enfrascarnos en debates interminables sobre la nada misma sin aportar el menor valor a la sociedad en la discusión de los problemas reales de millones de argentinos reales condenados a la pobreza, al desempleo, a la falta de educación, a la falta de un sistema sanitario o siquiera de cloacas. Y esta crítica le vale tanto al sistema político como a los medios como a la sociedad toda.

Preferimos no hablar, por ejemplo, de por qué el gobierno del señor Alberto Fernández insiste en gobernar por decretos de necesidad y urgencia que evitan la discusión, menoscaban el ya vapuleado sistema democrático argentino y siguen socavando a la república. Porque sin una discusión seria, responsable, profunda; y que busque lograr con respeto consensos mínimos, la democracia también se menoscaba y se destruye desde dentro.

 

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