El polémico legislador del sur de la provincia y presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados Gustavo Orozco fue imputado penalmente por la comisión del delito de apología del crimen, en perjuicio de la tranquilidad pública.
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El polémico legislador del sur de la provincia y presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados Gustavo Orozco fue imputado penalmente por la comisión del delito de apología del crimen, en perjuicio de la tranquilidad pública.
Así entendió el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, sobre supuestas declaraciones -luego negadas por Orozco- vertidas por el legisladoren en las que hace referencia a métodos de justicia ajenos al sistema imperante.
El fiscal del sur de la provincia imputó provisionalmente a Gustavo Orlando Orozco por la comisión del delito de apología del crimen, en perjuicio de la tranquilidad pública.
La audiencia de imputación se realizó este viernes, vía Zoom, debido a la ausencia del diputado representante de ese departamento, Gustavo Orozco, en la ciudad de Rosario de la Frontera. Se concretó con la presencia de su abogado particular. El legislador negó los hechos endilgados y pidió prestar declaración por escrito.
Según consta en las actuaciones, el legislador habría expresado que quienes maten a un policía y los violadores “deben ser condenados de manera ejemplar en las plazas y ejecutarse como corresponde”.
Además, en la red social Facebook del usuario denominado “Gustavo Orozco”, habría publicado: “los delincuentes que maten a un policía en el delito y aquellos que violan deben ser condenados de manera ejemplar en las plazas y ejecutarse como corresponde!!!!!!”. A continuación expresó: “Esto es lo que respondí a los medios salteños cuando preguntaron que pienso de la inseguridad que últimamente estamos viviendo”.
Al otorgar la calificación legal provisoria, el fiscal entendió que la conducta de Orozco está sospechada de criminalidad, y que conforme a las diligencias realizadas se pudo establecer que el imputado habría manifestado públicamente alabanzas o exaltación de un hecho que de acuerdo a la legislación argentina, constituiría un delito homicidio-, presentándolo como un hecho meritorio y digno de aceptación por todos, lo cual podría generar la falsa idea de que esa conducta es legítima, empujando a actuar en contra de la ley.
Consideró el fiscal que el comentario del imputado “podría generar una perturbación social y una alteración del desenvolvimiento normal de la sociedad civil por el contexto y la relevancia que tendría, en virtud de que se trata de un funcionario público, elegido por el voto popular”. Y agregó que “se suma a todo ello, la crítica situación de alta sensibilidad en la que la sociedad se encuentra inmersa debido a la pandemia”.
Juicio
La Corte de Justicia devolvió hace poco tiempo al Juzgado de Garantías del Distrito Judicial del Sur, Anta, a cargo del juez Héctor Guzmán, el expediente para que avance con el juicio contra el ex policía y actual legislador por vejaciones agravadas por el uso de la violencia, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales que se encuentra sin realizarse desde el mes de marzo.
La intervención de la Corte de Justicia permitió su continuidad y dio un poco de vida a una causa casi extinguida.
En estos delitos colegiados están involucrados los policías Víctor Orellana, Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Denis A. Coronel, Rubén Darío Medina, Andrea A. Díaz, Víctor Alejandro Luna y Dardo Ezequiel Pérez y la policía Andrea Alejandra Díaz.