Inició el debate por el aborto: "Acá no hay dos vidas", expresó el ministro de Salud

La secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, junto a los ministros Ginés González García y Elizabeth Gómez Alcorta defendieron hoy en la Cámara de Diputados el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y afirmaron que contribuirá a disminuir la mortalidad materna e incluso el aborto.

Ante el plenario de las comisiones de Legislación General, de Salud, de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad, los funcionarios pusieron de ejemplo la experiencia de los numerosos países en los que el aborto es legal y remarcaron que es un problema de "salud pública" cuya solución requiere que la práctica salga de la clandestinidad.

El ministro de Salud, Ginés González García, cuestionó la frase que usan los pañuelos celestes que se oponen a la legalización del aborto. Sus palabras: “Acá no hay dos vidas como dicen algunos”, afirma Ginés.

González García aseguró hoy que el tema del aborto clandestino "tiene solución" y dijo que se trata de "un problema serio", al destacar que con la legalización de esa práctica se "elimina una causa de muerte", al defender en un plenario de comisiones el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.

García puso de relieve que actualmente hay "1.100 o 1.200 abortos e internaciones en hospitales" diariamente debido al carácter clandestino de esta práctica, y mostró una serie de gráficos para apoyar su exposición ante la Cámara de Diputados.

Al respecto, señaló que "los egresos hospitalarios por abortos solo en el sector público de los que hay registro" hasta 2017 están en el orden de los 44 mil, pero "están descendiendo y eso es por el uso del misoprostol”.

Ante las preguntas de los diputados sobre la objeción de conciencia en los casos de clínicas u hospitales en algunas provincias del interior donde hay mayor rechazo a la legalización, el ministro indicó: "Las instituciones no tienen conciencia, la conciencia es un hecho individual”.

UN MUNDO CLANDESTINO DE ABORTOS 

"Ha fracasado la política de penalización del aborto, de amenazar a la mujer con la cárcel frente a la decisión de interrumpir su embarazo", aseguró Ibarra, una de las redactoras del proyecto enviado por el Gobierno, al tiempo que señaló que "lo que surgió fue un mundo clandestino de miles de abortos”.

La funcionaria sostuvo que "en los países donde se ha legalizado, como Alemania, España, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, después de un período empieza a disminuir inmediatamente, porque al ingresar al sistema de salud se brinda información y acceso a los métodos anticonceptivos”.

"Nadie quiere promover el aborto, queremos disminuirlos. Ninguna mujer está esperando que se apruebe esta ley para embarazarse y abortar. Los embarazos no intencionales nos suceden", remarcó la secretaria de Legal y Técnica durante la videoconferencia con los diputados nacionales.

Al referirse a los detalles del proyecto, Ibarra señaló que "hasta la semana 14 se trata de una interrupción del embarazo segura, a través de métodos recomendados por la OMS, medicamentoso”.

Respecto de la inclusión de la objeción de conciencia en el proyecto, la funcionaria indicó: "No creemos que se pueda forzar a alguien que sienta vulneradas sus creencias más íntimas, porque tienen derecho a tenerlas. Este es el criterio jurisprudencial fijado por la Corte Suprema”.

"Si se aprueba este proyecto, toda persona podrá seguir viviendo y decidiendo según sus convicciones, pero podremos disminuir la cantidad de embarazos no intencionales, disminuir la cantidad de abortos, ahorrar sufrimiento a miles de mujeres", afirmó.

A su turno, Gómez Alcorta reiteró que "la legalización de la práctica disminuye la mortalidad materna" y detalló algunas de las sanciones que se incorporan al Código Penal.

En este sentido, destacó que "se incorpora un nuevo tipo penal que establece tres conductas distintas", referidas a la dilación, obstaculización o negación de la práctica de forma injustificada, la cual tendrá pena de tres meses a un año para funcionarios o autoridades del establecimiento de salud.

"El proyecto de ley viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud pública que existe y no se puede seguir escondiendo", agregó la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Los tres funcionarios participaron del plenario de comisiones por videoconferencia desde el mismo lugar y destacaron que el envío del proyecto cumple con una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, que había sido ratificada el 1 de marzo, en la apertura del año parlamentario.

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