Pesca ilegal en el  dique: inspectora  rechaza acusaciones

La fiscalía sigue investigando la extracción ilegal de pejerreyes en el dique Cabra Corral, por parte de "redeadores" que utilizan cientos de metros de trasmallos en diversos puntos del espejo de agua. El Tribuno dio a conocer la actividad de estos pescadores furtivos que, redes de por medio, explotan alrededor de 160 toneladas anuales de pejerrey que luego son colocadas en negocios gastronómicos de todo el Valle de Lerma, en un movimiento comercial estimado en 80 millones de pesos.

La investigación periodística señaló a Mónica Castillo, una inspectora de la Secretaría de Medio Ambiente, como responsable de los controles y al mismo tiempo sospechada por manejos irregulares ya que, antes de cumplir con esa función, se desempeñó como pescadora artesanal en el embalse.

Castillo, vecina de Coronel Moldes, acompañada por sus abogados Carlos y Humberto Catán Rivero, desmintió categóricamente todas las acusaciones en su contra y señaló que hay gente con muchos intereses a quienes no le gustan los controles que ella lleva adelante como inspectora de Medio Ambiente.

Castillo admitió que tuvo participación en la pesca de subsistencia en el dique Cabra Corral en la década pasada junto a otros vecinos de Moldes.
 

Advirtió que todas las inspecciones del organismo se coordinan con distintas áreas de la Policía, por lo cual es imposible que ella, desde su función, pueda direccionar resultados y decomisos en los operativos. "Nunca trabajé sola con Medio Ambiente. Siempre que hicimos procedimientos estuvo la Policía y en el caso del Cabra Corral, con la Lacustre y la Policía de Moldes, por una cuestión de seguridad incluso. Nunca tuve ninguna objeción a los procedimientos que yo realicé, tanto en el dique como en otros lugares de la provincia, donde estuve en controles de pesca, caza y extracción de madera. Evidentemente hay alguien a quien le molesta mi trabajo en el dique", expresó.

Denunció también presiones y amenazas entre pescadores del Cabra Corral para inculparla por la actividad de redeadores. "Se me acusa de conformar una asociación ilícita, una mafia y esto es una falacia", dijo.

Castillo también negó haber estado involucrada en casos de resistencia a la autoridad en operativos de la Policía cuando ejercía la actividad de pesca en el embalse, antes de ser reconvertida a la función pública.

La mujer se desempeña como empleada de Medio Ambiente y ejerce como inspectora desde hace 16 años. Fue reconvertida tras el fallido intento, junto a otros pescadores artesanales, de armar una sociedad ya que querían darle un perfil comercial a la actividad que en ese momento se llevaba a cabo en el dique con la pesca de subsistencia por parte de familias de Moldes. Promovieron la siembra de alevines, pero las autoridades concluyeron en aquel momento que el espejo de agua no reunía las condiciones para desarrollar una tarea como la que se planteaba.

Entonces las personas que vivían de ese trabajo fueron reconvertidas y pasaron a desempeñarse en las áreas de control de pesca. Desde ese momento Castillo forma parte de Medio Ambiente, aunque aún se encuentra como trabajadora precarizada, ya que presta funciones bajo la forma de contrato temporal.

Tras asegurar que no existe sumario en su contra, Castillo afirmó que toda esta situación provocó un daño económico ya que, como inspectora de Medio Ambiente, cobra una asignación extra por el trabajo de campo cada vez que sale a hacer controles caza, pesca y forestales. Ante el escándalo, Castillo fue apartada de estos operativos por lo cual se siente discriminada laboralmente, "a lo cual se suma la precariedad con la que me encuentro trabajando en la Secretaría desde el año 2004" aseguró.

No puede ser un delito menor

La reactivación paulatina de las actividades en el embalse más grande del norte argentino, con la vuelta de los catamaranes por ejemplo, demuestra la importancia que revisten el dique y la pesca en el lugar. 
La tarea ilegal y el daño que provocan los redeadores, puestos de manifiesto en los informes que elaboró El Tribuno y que fueron admitidos por las autoridades policiales e incluso por la propia inspectora Castillo, hace necesaria la investigación de la Justicia para determinar responsabilidades y hacer cesar el delito que hasta aquí aparece como una simple contravención, pese a la relevancia social, ambiental y económica que reviste el dique Cabra Corral para todos los salteños.
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