El Gobierno de Alberto Fernández jugará carta brava en las próximas elecciones de medio término. Lo evidenció el prematuro lanzamiento de campaña en un estadio platense, con su elenco principal en escena.
Mientras, una sociedad entera espera, entre agobiada y recelosa, novedades económicas y sanitarias. En el primer caso, el FMI reclama un plan económico de ajustes, inexorable en tarifas públicas (40% de suba, calcula el ministro Guzmán); si eso ocurriera -barrunta la señora- en esas elecciones se arriesgará el control del Congreso. El otro pasa por la vacunación, luego del epopéyico periplo a Moscú, apurado por la necesidad de pinchar un brazo antes de cerrar el año, aunque a la Sputnik V le esté faltando convalidación. 
Así termina este sufrido 2020 y despunta un 2021 con densos nubarrones. En tal clima, Fernández -“cumpliendo promesas de campaña”- sensibilizó las pieles con el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, cuyo solo título es una incongruencia. Más intelectualmente honesto hubiera sido asumir la supresión del embarazo, pues de eso se trata. 
¿Qué necesidad de reeditar un tema complejo y divisor justo ahora, cuando nuestras energías debieran enfocarse en el hambre, la pobreza, la salud y la falta de trabajo? Encima, el Congreso lo había rechazado hace apenas dos años, no en 1998 ni 2008.
El diario madrileño El País, en cuyos editorialistas suele abrevar la progresía criolla, había explicado el resultado de 2018 -38 en contra, 31 a favor, dos abstenciones, una ausencia, en el Senado- “por razones religiosas”, una antojadiza simplificación argumental. La campaña proaborto -con ostensible financiamiento de ONGs internacionales- arrancó esta embestida apuntando otra vez a las convicciones religiosas, mezclándolo todo para variar.
Que están en juego convicciones religiosas, no hay dudas; igualmente que se trata de una vasta cuestión de salud pública, pese a la manipulación de cifras y estadísticas; que también tiene dimensión jurídica, por la manifiesta inconstitucionalidad de un proyecto que niega el derecho a la vida desde la concepción. Y es cuestión geopolítica, como expresé en estas páginas, en marzo de 2018 (“Otra vez el desvarío del aborto”) y aún antes -octubre de 2014- en “El aborto también hace a la geopolítica”.
Los argentinos nos debemos un debate honesto, profundo, sin chicanas ni utilería, más allá de filiaciones políticas, pues alrededor del 60% de la población está en contra.
Para los grupos verdes, enquistados en organismos gubernamentales apropiadores de la mujer y sus dramas, es una cuestión ideológica, un capítulo de la guerra cultural deconstructiva. 
Y la ética, ¿qué lugar ocupa? El papa Francisco había manifestado a fines de noviembre, en carta a Mujeres de Barrios Populares (las supuestas beneficiarias), que “el aborto es un asunto de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa”. Corroborando esa idea, un reconocido pensador español, Gustavo Bueno Martínez (1924-2016), ateo y promotor del materialismo filosófico, no vaciló en calificar al aborto como una “aberración de la democracia” cuando ocurriera similar debate en España. 
La pandemia logró poner bajo el sol un esquema de país que no da para más. Lo acontecido en el AMBA y el contrapunto sobre coparticipación entre Provincia y CABA, más los dolorosos índices revelados por el Observatorio de la UCA, son demostración suficiente del despiste ideológico en la construcción de políticas públicas. 
El apuro por forzar el debate en el peor momento obedece, a que los argentinos mayoritariamente defendemos las dos vidas. Esa es la razón por la que duermen en el Congreso proyectos sobre protección integral del embarazo vulnerable, sistemáticamente petardeados por las verdes contra una mirada centrada en la dignidad humana, la promoción y cuidado del binomio madre-hijo. 
El portal celeste Notivida realizó un esclarecedor análisis de la reciente votación en Diputados. De allí surge claramente que 14 provincias superaron la media nacional votando a favor de la vida, concentrándose los votos verdes en distritos electorales de mucha concentración urbana, sumando al Frente de Todos los diputados de la izquierda antisistema que medran en el sistema, obvio. 
La insufrible “vanguardia” cultural pretende imponer sus estereotipos, pero nunca aceptó dirimir la cuestión mediante referéndum, porque pierden. Y aprovechan los votos de Buenos Aires, CABA y Santa Fe, que suman más del 40% de diputados nacionales. Por eso es imprescindible que el Senado repita la votación anterior poniendo las cosas en su lugar: será la voz de las heroicas provincias fundantes, las de la Región del Norte Grande, las que sostienen nuestra identidad hispano-indoamericana y mantienen un triste amor por el federalismo. 
Así las cosas, ¿qué pasará con el voto de los senadores salteños? El de la senadora Giménez es irrecuperable; el caso de los senadores parece distinto. El senador Romero, por caso, es de bancada opositora y ya estuvo comprometido con el antiaborto.
Pero no quisiera estar en los zapatos del senador por el FdT en estas horas. Sin embargo, Leavy es provida; siendo diputado nacional votó en contra de la ley y, en la última campaña electoral, lo dio como tema saldado. Tranquiliza que, antes de la pandemia, haya presentado en el Senado un proyecto de declaración de adhesión al día mundial del niño por nacer. Sergio Leavy tiene suficiente rodaje político y le queda bastante para ofrecer a la política provincial. Esta es una buena ocasión para reacreditar ante su pueblo el vigor de sus convicciones éticas, sin excusas coyunturales ni obediencia debida. Como un objetor de conciencia. 
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