El gobernador Gustavo Sáenz, con el resto de sus colegas, se reunirá hoy con el Presidente para celebrar un nuevo "pacto fiscal". Otro más. Un nombre elegante del ajuste y, por lo común, de concesiones de las provincias a la administración central.
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El gobernador Gustavo Sáenz, con el resto de sus colegas, se reunirá hoy con el Presidente para celebrar un nuevo "pacto fiscal". Otro más. Un nombre elegante del ajuste y, por lo común, de concesiones de las provincias a la administración central.
La sucesión de acuerdos (y desacuerdos) desde hace tres décadas es indicio de los desequilibrios profundos de un país donde el desarrollo económico se concentra en la franja central del territorio, la mayoría de las provincias depende absolutamente de la coparticipación federal de impuestos y se ha consolidado un régimen rentístico que es el hábitat ideal para el clientelismo político.
Los pactos sucesivos se hacen porque ningún gobierno, desde 1994, pudo llevar adelante un proyecto de ley de coparticipación federal como lo ordena la Constitución reformada hace 26 años. Probablemente, esto se deba a que la coparticipación es un régimen anacrónico, que perdura en un país que no incorpora a su vida política una prioridad elemental: un sistema productivo que garantice empleo y calidad de vida. Porque ese es el problema de base de las provincias argentinas. Y del país: no se debe olvidar en esta reunión que, hace poco, Alberto Fernández celebró a Gildo Insfrán como "el mejor gobernador" y la ministra de Seguridad Sabina Frederic aplaudió a ese mandatario cuando impedía el ingreso de formoseños a su provincia porque según él "Formosa no es Argentina".
Días atrás, 19 gobernadores, entre los que no se contaba Sáenz, celebraron como una reivindicación federal el cercenamiento de recursos a la Ciudad Autónoma, una medida que es una forma de atacar al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, porque temen que en 2023 pueda disputarles el poder, y de auxiliar a un desorientado Axel Kicillof, cuyo gobierno tiene problemas que lo desbordan.
Porque los fondos detraídos a Larreta fueron todos destinados a sacar las papas del fuego a Kicillof.
Ninguna ambición justifica alimentar la crisis en un país donde la pobreza viene creciendo geométricamente y el desempleo se convierte, poco a poco, en catástrofe.
El federalismo no existe. Hay que construirlo y las provincias deben manejarse con una visión de Nación, por cierto, pero de Nación federal. Porque en la Casa Rosada, hay que entenderlo, la prioridad es el cinturón que la rodea. No importa si el presidente es del interior o de Puerto Madero. Allí están concentrados el mercado electoral y el mercado comercial.
La pandemia demostró que el AMBA es otro país. Y los problemas de los salteños, por cierto, son muy distintos y ajenos a las rencillas metropolitanas.
El restablecimiento de la emergencia económica facilita la discrecionalidad del gasto. Al 31 de octubre, las transferencias no automáticas a las provincias llegaban a $291.283 millones, un aumento del 179% respecto al mismo período de 2019. La provincia de Buenos Aires recibió $134.185 millones, el 46,1% del total. Pero ese aumento que Fernández le brindó a Kicillof equivale a una mejora de 580,3%. La generosidad no fue pareja: a Tucumán le aumentaron el 467%; Santa Cruz (+195%); Formosa (+150%). A Salta, el 45%. El mismo pacto fiscal que benefició a la CABA en 2017 le reintegró a la administración bonaerense el Fondo del Conurbano. Lo cierto es que esa provincia se lleva el 25,8% del total de los recursos distribuidos (automáticos y no automáticos); en 2019 solo recibió el 22% del total.
La diferencia entre giros automáticos y no automáticos es, justamente, la discrecionalidad. Un país donde los fondos se manejan discrecionalmente no es un país federal.
Federalismo no es solo coparticipación, sino presencia y poder de decisión en cuestiones estratégicas. Esa es la responsabilidad del Congreso.
De acuerdo a proyecciones que se desprenden del Presupuesto 2021, el poder central se quedaría con el 83% del aumento de la presión tributaria. Doble gol en contra para el Norte Grande: la mayor presión tributaria frena la inversión y el desarrollo y el reparto del aumento pone de rodillas a las provincias.
Más allá de un pacto fiscal, el país necesita que los gobernantes dejen el atril y piensen, por una vez, a largo plazo.