La escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta emitió un pronunciamiento en el que denuncia que “la alarmante pérdida de vidas de niños indígenas también está advirtiendo sobre la pérdida de recursos básicos –incluyendo las fuentes tradicionales de agua– y del despojo de los territorios en los que las comunidades se han desenvuelto históricamente”.

La escuela señala “expresiones racistas y discriminatorias por parte de funcionarios públicos –tanto del sistema político como del médico– que emplean argumentos culturalistas para culpar a las propias víctimas”. 

Dejando de lado la situación particular de las comunidades afectadas, denuncian la “falta de reconocimiento del genocidio de los pueblos indígenas por parte del Estado-nación argentino, desde su conformación y hasta el presente”. 

Los académicos dan por sentado que la situación es irreversible y, al parecer, requerirían una regresión a la etapa precolombina ya que repudian “la falacia que portan afirmaciones sobre el desarrollo de la gran industria agropecuaria: “desarrollo” que más bien aumenta la brecha de la desigualdad socioeconómica, fomenta la destrucción de bosques nativos y provoca migraciones forzadas”. 

Esto último requeriría precisiones ya que no es lo que ocurre en Rivadavia. Además, afirman, a contrapelo de todos los organismos internacionales, que “el desarrollo aumenta la brecha de la desigualdad socioeconómica, fomenta la destrucción de bosques nativos y provoca migraciones forzadas”. 

Los antropólogos salteños reclaman soluciones “a mediano y largo plazo” y la implementacio´n de “programas de reparacio´n histo´rica de las vulneraciones de derechos para los pueblos indígenas de la totalidad de la provincia”.

La necesidad de diálogo (SUBT)

Sin aportar pautas concretas acerca de la viabilidad de las soluciones que reclaman, los académicos expresan su “compromiso por aunar esfuerzos entre instituciones y organizaciones para aportar a la superación de estas realidades y al cumplimiento de normativas ya existentes”. 

La opinión de los antropólogos salteños es insoslayable. Ellos tienen a los pueblos aborígenes y a todas las comunidades humanas como objeto de sus conocimientos y de su compromiso. Ahora bien, la realidad global demuestra que -más allá de las críticas provenientes del marketing eurocéntrico-  el desarrollo agroalimentario es una necesidad planetaria y una oportunidad para la Argentina. La idea de la agroindustria arrasadora, además, no se verifica en Salta y, mucho menos, en Rivadavia.

Este pronunciamiento, al estar planteado en tono de denuncia y dejar en el lugar de los culpables a los que no son aborígenes, cierra puertas y excluye de cualquier posibilidad de acuerdo a los productores rurales, aún a aquellos que han logrado eliminar la desnutrición en sus fincas, y que son quienes mejores posibilidades ofrecen para la producción de alimentos, la generación de trabajo y la provisión de agua. Eso, sin tomar en cuenta que las comunidades originarias de Rivadavia cuentan hoy con los lotes fiscales 14 y 55, que son de su propiedad, en los que podría desarrollarse un programa de producción familiar o comunitaria de alimentos con perspectivas, incluso, de exportación. No valen los determinismos. Así como las comunidades collas de la quebrada de Humahuaca exportan papines a Italia a través de su cooperativa Cauqueva, los wichi podrían convertirse -porque cuentan con una tradición artesanal muy sólida -en productores de ganado, alimentos vegetales y obras de arte. 

“Hablando se entiende la gente”, dice el dicho. Pero si se da por sobreentendido que en nuestra tierra, quien no es aborigen es un invasor y que la única solución es la vuelta al edén chaqueño, como parece imposible, resulta difícil encontrar un punto de encuentro para tratar de que los habitantes de Rivadavia puedan acceder a la salud y a la educación. 

Los Derechos Humanos, uno de los logros más importantes en la historia de la humanidad, son un producto de la modernidad y amparan a todas las personas. Y esos derechos, también lo indica la experiencia humana, solo están garantizados allí donde se valora la libertad y se impulsa una economía basada en ese desarrollo sustentable.

 

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