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Burford Capital, el fondo que financia las demandas de Petersen y Eton Park contra la Argentina en los tribunales de Nueva York por la expropiación de YPF en 2012, anticipó que pedirá a la jueza Loretta Preska que declare al país en desacato.
El planteo se basa en el presunto incumplimiento de la orden judicial que exige la entrega de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de funcionarios y exfuncionarios, en el marco de la causa que busca probar que YPF y otras empresas públicas actúan como "alter ego" del Estado argentino.
Si bien Preska concedió una prórroga y fijó como fecha límite formal el 10 de enero para completar la producción de la documentación, ya dejó constancia de que el país no cumplió en tiempo y forma. En una audiencia realizada el 9 de diciembre, la magistrada advirtió que esa conducta podría derivar en sanciones económicas y procesales.
Según surge del expediente, una parte de los funcionarios requeridos entregó sus comunicaciones, pero figuras centrales, como el ministro de Economía Luis Caputo y el actual canciller Pablo Quirno, se negaron a hacerlo. También hay exfuncionarios que no respondieron al requerimiento.
Burford sostiene que esa negativa impide avanzar en la prueba clave de su estrategia judicial, orientada a facilitar eventuales embargos de activos argentinos mientras se tramita la apelación del fallo que condenó al país a pagar más de US$ 16.000 millones.