Salta necesita lograr superávit en las cuentas y en la producción

El Gobierno provincial anunció su propósito de reducir mil millones de pesos en gastos de insumos y servicios no personales. La cifra se calculará sobre el prorrogado presupuesto de 2019, que proyectaba ingresos por $76 mil millones. En principio, el gobierno de Gustavo Sáenz no prevé una reducción del gasto de personal y los mencionados ahorros son pequeños en relación con los ingresos y gastos reales, pero ambiciosos si se limitan a reducciones focalizadas.

En los últimos ejercicios el rubro de "personal" insumió entre el 62 y el 68% de los presupuestos salteños. Para la ortodoxia económica, un crimen, pero la realidad es que la erosión del empleo privado es el gran problema social.

Hay datos que indican un deterioro que debe ser revertido: entre 2000 y 2011 la provincia tuvo 11 años consecutivos de superávit fiscal. El período 2012 - 2017 fueron 6 años ininterrumpidos de déficit fiscal, porque el total de gastos de cada ejercicio superaba al total de ingresos de cada año y el Estado se endeudaba. Según se desprende de datos oficiales, en 2017 el desajuste fiscal se hizo notorio y se multiplicaron las emisiones de letras. Con el cambio de gabinete de noviembre de 2017 se hizo público un déficit fiscal de 5.222.821 millones, algo así como el 10% del presupuesto provincial.

Tiempos difíciles

Las previsiones más optimistas para 2020 anticipan una inflación del 40%. Por lo pronto, la recaudación nacional de enero alcanzó a $527.285 millones, con un aumento interanual del 44,9% y una caída real de -6,5%.

La coparticipación cayó más aún: la recesión erosionó al IVA y Ganancias, por lo que las transferencias automáticas a provincias totalizaron $163.000 millones, es decir, un aumento nominal del +38,3% respecto al mismo mes de 2019 y una caída real del -10%. Y esto, a pesar de la compensación de Nación por la caída de la recaudación de $1.318,5 millones.

Con todo eso, la participación de las provincias en la torta de la recaudación total del país (no solo la coparticipable) cayó del 34%, que les había garantizado la gestión anterior, al 32%. De todas maneras, para llegar al mezquino 24% de "la década ganada" falta mucho.

Según el Ministerio de Hacienda, en enero, Salta recibió $ 5.830 millones, casi $ 1.600 millones más que hace un año.

Sin embargo, hay que considerar un detalle que parece técnico pero que es de alto riesgo: la ley de emergencia sancionada en diciembre asigna facultades de excepción y altamente discrecionales al Poder Ejecutivo Nacional. Los gobiernos las reclaman en circunstancias que parecen extremas, y no las resignan cuando las aguas parecen calmarse.

Un punto de inflexión

El sistema rentístico que impera en el país ata a las provincias a administrarse con los recursos que llegan desde la administración central. Es decir, los gobernadores dependen de la coparticipación, y ese es un problema. Con menos autonomía y reducidos a la tarea de golpear puertas y administrar cuentas con dineros no generados por la provincia y recaudados por otro, las historias se repiten: el Estado termina convertido en "superempleador" y la gestión queda condicionada a la evolución de los salarios.

En 2017, el informe de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales consignaba para Salta una tasa de desocupación del 7,9%, una de las más altas del país. En ese momento el número de asalariados en el sector privado formal ascendía a 112 mil, el 1,8% del total nacional. Con una población estimada entonces en 1.400.000 habitantes, la administración pública provincial tenía 71.000 empleados (cifra de 2015). A este dato deben añadirse los empleados municipales y los salteños que trabajaban en empresas del Estado nacional. No hay cifras actualizadas y transparentes, pero el Censo 2010 informaba de 108.000 empleados públicos en total.

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