El diputado Chibán puso en riesgo la salud de la provincia

El escándalo protagonizado por el diputado Héctor Chibán es un condensado de groserías que demuestran, una vez más, que para honrar el rol político hace falta responsabilidad cívica.

Todo hace presumir que habrá una demanda penal grave, no solo por amenazas y abuso de autoridad, debido al atropello que intentó contra un médico que solamente se proponía hacer respetar los protocolos para impedir el ingreso del COVID-19 a la provincia: Chibán infringió la ley, ignoró su responsabilidad como legislador y puso en riesgo la salud pública de toda la provincia.

Los fueros de un legislador no lo inhiben de observar la cuarentena. Las medidas de seguridad sanitaria son ineludibles, porque cualquier organismo humano está expuesto al virus, pero las consecuencias más graves que generan los irresponsables afectan a los más vulnerables, por edad, por salud o por exclusión social.

Nada le da derecho a hacer lo que hizo y la conducta de este legislador se agrava porque, después de infringir varias leyes, denunció al médico en una comisaría, incumplió la cuarentena dispuesta por el Presidente de la Nación y los gobernadores y participó de una reunión pública con diputados, que en cierto modo quedan comprometidos con esa conducta. 

El poder enceguece: este fin de semana los familiares de Lázaro Báez y Rudy Ulloa, protegidos de la elite kirchnerista, se jactaron en las redes de burlarse de la cuarentena y participar de una fiesta multitudinaria en Río Gallegos. 

El país entero está cumpliendo un aislamiento difícil, frente a una amenaza invisible pero letal, acatando órdenes incómodas y que exigen alteraciones de la vida familiar y fuertes sacrificios. Son muchos los abuelos que extrañan a sus nietos y muchos los padres separados con dificultades para contactarse con sus hijos.

La teoría

Chibán intenta hilvanar una teoría conspirativa que solo sirve para que quede en evidencia su culpa. Pero desde su irrupción en la vida pública, siempre sus palabras han carecido de consistencia. Nunca pudo sostener sus denuncias expresadas en tono mesiánico.

En 2017 apeló a un golpe bajo. En su campaña para diputado provincial, dijo que conocía los nombres de funcionarios involucrados en crímenes y que los iba a denunciar cuando tuviera fueros. Por supuesto, quien tiene pruebas va a la Justicia, no a una radio. Y cuando llegó a la banca, mantuvo su estilo exhibicionista y prepotente, pero nunca dio la lista que había prometido. 

Sin embargo, la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández, sí se acordó. Como Chibán no respondió a su reclamo, lo denunció ante la Justicia por encubrimiento. “Es una bajeza manifestar algo así con tantos casos impunes, por lo que también está siendo cómplice y encubridor”, dijo la emblemática dirigente. 

En ese momento, la denuncia fue cajoneada. 

Es probable que esa experiencia de impunidad lo haya envalentonado. 

La investigación

Por supuesto que este nuevo episodio deberá ser investigado. Habrá que verificar, entre otras cosas, si el hijo de Chibán al que retuvieron en el acceso a la ciudad tiene domicilio y trabajo reales en Salta o en Buenos Aires y si su padre intervino para convalidar una irregularidad. No hay videos ni declaraciones estridentes que puedan tapar la realidad.

Héctor Chiban suele levantar la voz, pronunciar discursos violentos y agraviantes. En su breve vida pública se convirtió en un elemento disruptivo para la debilitada Unión Cívica Radical. Además, sus exabruptos -que exceden largamente al énfasis de la vida política- desautorizan sus pretensiones de liderar una depuración institucional de la provincia. Probablemente, todo esto refleje la carencia de conocimientos, ideas y proyecto político.

Un acusador serial, generalmente, miente. Cuando la acusación no está sustentada en pruebas, es un delito. Y nadie delinque por accidente.

Juzgar a las figuras públicas es un deber y un derecho del ciudadano en democracia. Pero se debe juzgar con elementos serios, y no en base a rumores, prejuicios o mitos.

Y él es también una figura pública, pasible de ser investigada.

Lo ocurrido a la entrada de la ciudad es un escándalo, pero no un escándalo cualquiera. El peso institucional de la cuarentena llevó en un momento al gobernador de Salta a pedir al Ejército en las calles para garantizar el respeto a la tarea de los médicos. En nuestra provincia, especialmente en Rosario de Lerma, se han producido ataques aberrantes contra supuestos infractores. Es fruto del miedo colectivo, del que la Legislatura también debe hacerse cargo.

Chibán, con su escándalo, no ha hecho más que arrojar leña al fuego.

Hay una denuncia en trámite iniciada por el diputado contra los médicos que ponen el cuerpo contra la pandemia. También contra la ministra de Salud, lo cual dado que la doctora Medrano no estaba en el lugar supondría que el legislador radical está planteando una objeción a las políticas establecidas. No lo hizo antes. Está claro que solo lo mueve una razón familiar; la pretensión de un privilegio inadmisible.

Esa causa, necesariamente, debería derivar en una investigación contra el propio Héctor Chibán, quien ignora que los fueros están para resguardar los derechos del ciudadano y no para proteger a un legislador cuando incurre en ilícitos flagrantes o en desacato contra a las autoridades sanitarias en situación de emergencia.

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