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El presidente Alberto Fernández quiere expropiar una empresa agroindustrial concursada con una deuda gigantesca porque un grupo de iluminados integrantes de su gobierno le ha propuesto un plan tan simple como genial: comprar granos en pesos a los productores para exportarlos y obtener dólares. Como el Estado argentino tiene la máquina para imprimir pesos, entonces puede generar todos los billetes que haga falta para comprar todo el volumen de granos que se proponga al mejor precio posible. Salen papeles. Entran divisas. Absolutamente genial. El problema es que los pensamientos lineales suelen, por lo general, embestir de frente contra la realidad de los hechos. Lo que estamos a punto de presenciar es la segunda parte de una serie que ya vimos ocho años atrás.
Por eso ninguno de los acreedores de la concursada, pertenecientes a la cadena de valor agroindustrial se manifestó a favor del proyecto de expropiación de la firma diseñado por el gobierno kirchnerista.
Los productores consideran que la intervención oficial de la empresa concursada es una "circunstancia fundamental para la adopción de las mejores soluciones orientadas a la producción, a sostener las fuerzas del trabajo y el cumplimiento de las obligaciones comerciales; todo esto sin repetir errores del pasado reciente y tampoco llegar a situaciones inapropiadas como sería la expropiación".
En 2012 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió expropiar YPF soñando, seguramente, con la posibilidad de que el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta se transformase en una nueva caja de recursos tan ingente como lo había sido la soja, derechos de exportación mediante, en la década anterior.
Pero el sueño se transformó en pesadilla. Los 5000 millones de dólares que se abonaron para adquirir el 51% perteneciente a la española Repsol representan una cifra que casi duplica lo que vale actualmente el 100% de YPF. Y la expropiación generó un juicio multimillonario que sigue abierto a la fecha en los tribunales de New York (EEUU).
Sin embargo, los verdaderos problemas fueron aquellos provocados por los daños colaterales. El control de YPF por parte del Estado argentino terminó impulsando la intervención del mercado local de biodiésel para abaratar el costo de producción de gasoil. Pero eso no fue suficiente. Entonces se autorizó la importación de gasoil libre de la carga del 41% de impuestos específicos, lo que hizo que increíblemente resultase mucho más barato importar gasoil que incrementar el uso interno de biodiésel producido en la Argentina.
Luego de la expropiación de YPF, las autoridades del gobierno español juraron venganza. Y en 2013, luego de varios intentos, lograron bloquear el ingreso de biodiésel argentino, lo que generó una pérdida enorme de divisas, dado que se trataba del principal comprador del biocombustible argentino.
La expropiación de YPF, además, no generó las señales adecuadas para promover las enormes inversiones que se requieren realizar en Vaca Muerta para extraer el shale oil y shale gas, razón por la cual, hasta el presente, el sector petrolero no existe en el ranking de sectores productores de divisas genuinas de la economía argentina. Tal como sucedió en 2012 con YPF, el gobierno kirchnerista parece decidido a expropiar una de las empresas agroindustriales más importantes de la Argentina, la cual, evidentemente, no fue adecuadamente gestionada por la presente generación de descendientes de los fundadores. Pero, antes de tomar esa decisión, sería conveniente que analizara todas las variables implícitas en tal medida. Ya conocemos, después de todo, como terminó la primera parte de la serie.