Hace algunos días, la organización ambientalista Greenpeace difundió una lista de aproximadamente 300 nombres de empresas y productores, muchos de ellos de la provincia de Salta, a los que responsabiliza por la deforestación que se produjo durante los últimos 30 años.

Sin demasiados rodeos, la citada organización intenta enmarcar la expansión agroganadera como un accionar delictivo, y define esas actividades como causales directas de inundaciones, desalojos de comunidades, enfermedades y la desaparición de especies protegidas.

Finalmente, la organización llama a sus seguidores a adherirse a una petición para conminar a los gobernadores de algunas provincias, probablemente las que cuentan con mayores necesidades básicas insatisfechas entre sus pobladores, a frenar para siempre la deforestación.

Ante esta compleja denuncia pública que involucra el futuro ambiental de la provincia, parece necesario tomar algunos recaudos y realizar otras tantas aclaraciones.

Una de ellas y probablemente desconocida por el común de la gente, es que los bosques no se conservan por sí solos. Es unánime la opinión de organizaciones ambientalistas serias en cuanto a que el cuidado de los bosques conlleva necesariamente actividad productiva en paralelo.

Si a esto se añade el hecho de que la actividad productiva fue autorizada por la autoridad ambiental provincial, es decir, que previamente se analizaron y aprobaron los estudios de impacto ambiental y social, cabe preguntarse por qué Greenpeace insiste en rotular a la habilitación de campos para actividad productiva como un hecho cuasi delictual. Es importante insistir en el punto anterior, ya que, a pesar de que la organización ambiental denunció formalmente algunas de esas habilitaciones, la Justicia se expidió en sentido contrario a sus pretensiones.

Ante esta situación, cada vez resulta más difícil comprender los motivos que se esconden detrás de las campañas mediáticas montadas por la organización, sobre todo, si se tienen en cuenta algunos datos que llaman la atención y que tienen mucho menos difusión que las primeras.

Por ejemplo, si solamente tomamos en cuenta el valor de habilitación y acondicionamiento de los campos denunciados por Greenpeace en Salta (sin contar el valor de los campos) ello insumió alrededor de 2.400.000.000 dólares, equivalentes a dos presupuestos anuales de Salta.

Estas inversiones permitieron incrementar el stock ganadero de Salta de 350.000 cabezas a 1.400.000 cabezas, logrando tener un saldo positivo en balance de ingresos - egresos de carne vacuna, permitiendo un importante agregado de valor a través de la producción de maíz, incrementando la actividad de la industria frigorífica, multiplicadora de trabajo calificado, el tránsito de miles de camiones que transportan granos y hacienda que se pueden ver en las todas las localidades beneficiadas por el desarrollo.

Esa situación lógicamente conllevó con nuevos emprendimientos de pymes que realizan los movimientos de hacienda internos y a otras provincias, generando en los pueblos un importante derrame económico en talleres, comedores, gomerías, casas de repuestos, hoteles etc.

Solo para mencionar algunas otras consecuencias directas del desarrollo, la actividad agrícola tuvo un incremento de producción de porotos que pasó de 106.600 toneladas en 2004 a 473.000 toneladas la campaña pasada. En soja, implicó el aumento de 821.200 toneladas en 2004 a 1.186.684 en 2018; en maíz pasó de 141.500 toneladas a 1.827.097 toneladas en igual período.

Este sector género también un incremento en camiones que permiten trasladar los granos a puertos y una importante actividad en el sector contratista de siembras, fumigadores, cosechadoras, corta picadoras de alta tecnología que en otra hora venían de provincias vecinas.

La industria de cítricos y hortalizas es una gran generadora de mano de obras con empresas que toman más de 1.000 empleados en pueblos como General Pizarro, Embarcación, o Colonia Santa Rosa. Los arándanos en Metan son otro claro ejemplo de la generación de empleo. Esta breve reseña deja claro que la denuncia mediática realizada por la organización ambientalista, como poco, parece teñida de otros intereses.

Sin embargo, también es cierto que a veces resulta complejo compatibilizar los beneficios del desarrollo con la preocupación por un ambiente sustentable. Ante tal disyuntiva, debe conocer la opinión pública que se produjeron cambios sustanciales en los mecanismos de habilitación de tierras. Por ejemplo, a diferencia de los que pasaba décadas atrás, la autoridad ambiental impone que el 40% de cada hectárea que de destina a producción agrícola o ganadera debe mantener su estructura original, es decir sólo se puede habilitar el 60% de la superficie autorizada mientras que el restante 40% debe mantenerse como bosque a perpetuidad.

Tales avances tuvieron que ver con la participación cada vez más activa y coordinada entre los distintos sectores interesados en un mismo objetivo. Unos por producir y otros por conservar. Esta participación coordinada es la que permitirá lograr un equilibrio entre la producción sustentable de alimentos cada vez más demandados por el mundo con la preocupación por la conservación del ambiente.

El actuar responsable de los diversos actores involucrados en esta problemática resulta determinante para lograr el objetivo mencionado. Ese objetivo sólo se obtendrá con denuncias fundadas y aplicando sanciones ejemplificadoras a quienes atenten contra el ambiente.

Sin dudas, Greenpeace optó hace mucho tiempo por otra estrategia que, curiosamente, no incluye denunciar a quienes actuaron al margen de la ley.

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