Departamento San Martín: vuelven las amenazas y los cortes  en la ruta 34

Una situación de tensión se vive en las últimas horas sobre la ruta 34, al norte del departamento San Martín donde miembros de comunidades originarias salieron a reclamar más ayuda del Estado frente a la pandemia, aunque este reclamo es aprovechado por otros sectores menos legítimos.
A las tomas de terrenos y usurpaciones que se vienen dando en ese sector de la provincia, ayer se sumaron dos cortes de ruta; uno en Embarcación y otro (el más intenso) en la ciudad de Tartagal, a la altura del puente Cuña Muerta.
Los cortes derivaron también en el habitual “cobro de peaje” por los pasos alternativos que llevan a cabo individuos oportunistas que no siempre pertenecen a las comunidades.
No obstante, impidiendo el paso sobre la ruta se encontraban miembros del pueblo Fwolit, que piden soluciones a la falta de alimentos, de trabajo y de acceso a la salud.
El corte en Cuña Muerta, afirmaron, es consecuencia de otros problemas que quedaron al descubierto y que se profundizaron con la pandemia.
Durante la protesta el paso se liberó para descomprimir cada tres horas y por espacio de media hora.
Hasta mediodía, la fila de uno y otro lado del corte alcanzaba los cuatro kilómetros e incluso se habían registrado reclamos de parte de transportistas de carga pesada, ajustados como están a un cronograma de circulación y permisos en vigencia de acuerdo a las restricciones sanitarias que impone la pandemia.
Este es un punto que puede resultar altamente conflictivo de acuerdo a la realidad que también vienen denunciando los camioneros sobre las restricciones y los inconvenientes que sufren en la ruta a la hora del transporte de cargas, tanto en la provincia como en provincias vecinas.
El dirigente Luis Segundo de la agrupación Nueva Generación (Lapacho II) encabezó la manifestación en Ruta 34, bajo exigencia de diálogo con autoridades provinciales.
“Queremos hablar con Luis Gómez Almaraz, secretario de Asuntos Indígenas de Salta y con la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa. Queremos que bajen a ver la realidad en que vivimos. Nos preocupa que ya se acerca la época de lluvias y estamos necesitando atender a las familias que viven en precariedad, bajo un nylon”, declaró a FM Alba. Segundo rescató que durante la dirigencia de Indalecio Calermo en el área estatal de las comunidades no pasaron carencias.

Otros reclamos

En la misma ruta, las comunidades wichi también reclamaron hace dos semanas que las fuerzas policiales no dejaban salir a recolectar los alimentos al monte por las medidas de prevención sanitarias.
También hubo muchas quejas de los caciques por la falta de asistencia en el hospital de Tartagal.
Esta situación, según anticiparon desde las comunidades, motorizó un pedido dirigido a autoridades nacionales, entre ellas a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, para lo cual más de un centenar de comunidades originarias están comenzado a firmar el documento.
En el borrador aseguran que “el aislamiento no sólo es geográfico, sino que nos encontramos aislados de condiciones dignas de vida. Y las comunidades y municipios que se encuentran en zonas urbanizadas también sufren el mismo tipo de aislamiento”. 
El documento, si bien es un borrador, ya tendría el apoyo de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y sindicales. Las diferentes adhesiones piden la intervención de los organismos nacionales y provinciales que correspondan para viabilizar de inmediato las acciones de protección a las comunidades conforme a su derecho junto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
 

Un paso alternativo con cobro de “peaje”

La CCC Tartagal, Pueblos Originarios, Máximo Kirchner y Movimiento 8 de Octubre llevan adelante desde la semana pasada una serie de protestas en la ruta 34 y en calle San Martín, en la ciudad de Tartagal. Los referentes vienen manifestando que no hay respuesta favorable a sus reclamos y que por eso estaban dispuestos a cortar Cuña Muerta. “No nos dan solución” señaló Sandra Contreras, del movimiento 8 de Octubre.
“Las dirigentes sociales mujeres nos sentimos discriminadas no nos dan las mismas oportunidades que a los dirigentes hombres”, fue uno de los argumentos escuchados la semana pasada.
 

 

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