Reclaman que Salta reglamente la ley para personas trasplantadas

El 4 de diciembre de 2013 el Congreso Nacional sancionó la ley 26.928 de creación del sistema de protección integral para las personas trasplantadas. Dos años después, en diciembre de 2015, Salta adhirió a la norma a través de la ley provincial 7.908, pero hasta ahora nunca se reglamentó. 

A casi cinco años, un grupo de personas trasplantadas de la localidad de Güemes emprendió una campaña virtual por la reglamentación de la ley para ampliar derechos y proteger de manera integral a aquellos que tienen una segunda oportunidad de vivir.

“Le pedimos al gobernador Gustavo Sáenz que nos escuche y nos ayude con la reglamentación. Dios y nuestros ángeles donantes ya nos dieron una oportunidad, ahora apelamos a él, sería un gran paso a nivel provincial”, manifestó María Landivisnay, miembro de la Comisión de Trasplantados de General Güemes.

Entre los puntos más importantes, la ley 7.908 implica: la gratuidad del transporte público de pasajeros dentro de la provincia (los de media y larga distancia sí se vienen cubriendo), la cobertura del ciento por ciento en la provisión de medicamentos, estudios, diagnósticos, prácticas de atención de su estado de salud de patologías relacionadas directa o indirectamente con el trasplante. También el derecho a una vivienda adecuada y becas de estudio en el nivel superior. 

“No estamos pidiendo nada que no nos corresponda, solo lo que la ley dice. Por ejemplo, tengo compañeros en Salta que han tenido que dejar la carrera porque no se la podían costear cuando tenemos una ley que dice que tienen que becar”, añadió Landivisnay.

El director del Cucai, Tomás Eduardo Gilaberth Valero, se sumó a la lucha por la reglamentación de la ley que crea un sistema de protección integral de personas trasplantadas en Salta. Se reunió con la comisión de Güemes y legisladores provinciales para avanzar en el tema. Sobre por qué hasta ahora no se hizo, Gilaberth Valero dijo: “Intuyo que tiene un componente interministerial, también me parece que no quedó en claro el organismo que tiene que reglamentarla”. Prosiguió: “Ahora decíamos de armar comisiones por diferentes ministerios y ver la forma, a pesar de la pandemia, de ir trabajando y ni bien se normalicen las cosas lograr que se reglamente, es una ley y se tiene que cumplir”. 

En 2012, cuando Sáenz era senador por Capital, promovió una ley de asistencia y protección a trasplantados que entonces recibió media sanción.
Angelina Tapia, mamá y donante de Valentina Cruz, una niña de 9 años con trasplante renal, le contó a El Tribuno la odisea que tuvo que vivir y sigue viviendo para la atención de su hija. La familia tiene IPS y un coseguro de salud, pero por ejemplo, cuando a la nena le tuvieron que realizar un reimplante de uréter en una clínica de Tres Cerritos (la única opción que tenían) quedaron debiendo 12 mil pesos de farmacia, y cuando se acercaron a cancelar esa deuda, le informaron que además debía más de 10 mil pesos en concepto de materiales descartables, de los que el IPS ni el coseguro se hacen cargo. También padecieron por las prácticas de la plasmaféresis que necesitaba Valentina. “Son prácticas que tienen que ver con el trasplante y si bien deberían estar cubiertas siempre hay un plus que pagar”, afirmó Angelina.

Campaña virtual por un mejor futuro 

Se realiza a través de la cuenta de Facebook “Güemes Trasplantados”. 

La campaña virtual por la reglamentación de la ley provincial 7.908 de 2015 (en adhesión a la ley nacional 26.928) se realiza a través de la cuenta de Facebook “Güemes Trasplantados”, bajo la premisa de que todas las personas trasplantadas puedan acceder a los beneficios de la ley para un mejor futuro.

En ese muro se puede ver un video breve de Valentina Cruz, una niña de 9 años, cuya historia compartió El Tribuno hace unos meses. Valentina hoy vive con el riñón de su madre, Angelina Tapia. Ambas están comprometidas en esta nueva lucha. “Hacelo por mí porque quiero ser doctora, quiero salvar niños”, son las palabras de Vale que animaron a María Landivisnay a poner el reclamo sobre la mesa: “Pedimos que se aplique la ley”.

 

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