La jueza de San Luis Laura Molino condenó al periodista Diego Masci por “violación a la intimidad”, a pagar $90.000 en la causa iniciada por la entonces ministra de Educación de la provincia, Natalia Spinuzza, a raíz de la difusión de un video casero de la funcionaria en el que reconocía haber fumado marihuana durante sus vacaciones.
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La jueza de San Luis Laura Molino condenó al periodista Diego Masci por “violación a la intimidad”, a pagar $90.000 en la causa iniciada por la entonces ministra de Educación de la provincia, Natalia Spinuzza, a raíz de la difusión de un video casero de la funcionaria en el que reconocía haber fumado marihuana durante sus vacaciones.
Masci fue acusado de participar en la viralización de las imágenes en las que la ahora secretaria de Medio Ambiente de San Luis reconocía haber consumido drogas y alcohol durante su viaje de luna de miel a Ámsterdam, Holanda.
La jueza consideró “material y penalmente responsable” a Masci de haber viralizado el video que la funcionaria envió a un grupo de siete personas y que luego fue difundido en otro grupo de periodistas locales y subido al sitio web Zbol, propiedad de Masci.
La magistrada comenzó la jornada con una advertencia sobre su “imparcialidad” y repudió “el intento de presión por parte de la prensa, que durante dos semanas trató el hecho en San Luis como una violación a la libertad de expresión”.
La audiencia provocó que un grupo de dirigentes opositores y trabajadores de prensa nucleados en el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se movilizaran hasta las puertas de los tribunales para cuestionar el proceso.
En su fallo, la jueza aseguró que la publicación del video no se relacionaba con el desempeño de la labor pública de la funcionaria, que en ese momento se encontraba de licencia y en otro país, sino con su vida privada con el fin de “menoscabar su imagen pública, su honor y su intimidad”.
En tanto, el abogado de Masci, Ricardo Endeiza, consideró que la sentencia fue “totalmente arbitraria” y dictada “desde Terrazas del Portezuelo por el gobernador Alberto Rodríguez Saá”, cuya jueza responde al gobiernador, y adelantó que apelará y llegará a “los máximos tribunales nacionales e internacionales para obtener justicia”.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación por la decisión judicial y, en un comunicado, destacó que “el fallo es un grave precedente para la libertad de expresión y para el libre ejercicio de la labor periodística, tarea amparada por la Constitución Nacional y protegida por varios fallos previos a nivel local e internacional, inclusive en hechos donde se consideró la intimidad de las figuras públicas”.