A partir de abril se empezó a registrar un marcado descenso de la población carcelaria en los establecimientos federales de todo el país por las medidas de prevención de la COVID-19 que tomó la Justicia a medida que avanzó la pandemia, más allá de la polémica que surgió, sobre todo en Buenos Aires, por la reincidencia de algunos delincuentes liberados. En ese contexto, en la principal cárcel federal de Salta y del NOA, la Unidad Penitenciaria III de General Güemes, se liberó a 109 personas, lo que implica una reducción del 17% de los presos con respecto a antes de la aparición de la enfermedad del coronavirus.
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A partir de abril se empezó a registrar un marcado descenso de la población carcelaria en los establecimientos federales de todo el país por las medidas de prevención de la COVID-19 que tomó la Justicia a medida que avanzó la pandemia, más allá de la polémica que surgió, sobre todo en Buenos Aires, por la reincidencia de algunos delincuentes liberados. En ese contexto, en la principal cárcel federal de Salta y del NOA, la Unidad Penitenciaria III de General Güemes, se liberó a 109 personas, lo que implica una reducción del 17% de los presos con respecto a antes de la aparición de la enfermedad del coronavirus.
El reciente informe semestral de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), con datos del Servicio Penitenciario Federal, da cuenta que la primera mitad de 2020 culminó con 11.786 personas privadas de su libertad en los establecimientos federales de las diferentes jurisdicciones nacionales. Significa una disminución del 16% (hubo 2.230 liberados) con respecto a diciembre pasado, aunque la merma inició en el segundo trimestre.
En Salta, hasta el final de junio había alojadas 539 personas privadas de su libertad en la cárcel de Güemes. La Unidad Penitenciaria 16, ubicada en La Isla (Cerrillos) contaba con 171 internos (20 menos que antes de la pandemia). Y en la pequeña cárcel federal capitalina que está dentro del predio que tiene Gendarmería en Chachapoyas, la Unidad 23, eran 13 los detenidos (5 menos que en marzo).
La política de reducir la población carcelaria fue tomada por la Justicia Federal luego de una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se pedía cuidar la salud de los presos frente al hacinamiento de las cárceles y así tratar de evitar la propagación de la COVID-19 dentro de los penales.
La Cámara Federal de Casación emitió una acordada en la que recomendó a los tribunales del país que adopten medidas alternativas a la prisión para personas en prisión preventiva por delitos no violentos (como hurtos); para las que estén próximas a cumplir su pena; a condenados a menos de 3 años de prisión; personas habilitadas a acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional; mujeres embarazadas y quienes estén en grupos de riesgo (con enfermedades respiratorias preexistentes o mayores de 65, por ejemplo).
Sobre delitos graves como homicidios o delitos sexuales, la Cámara de Casación ordenó evaluar "con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo" la aplicación de las recomendaciones, aunque las noticias de medios nacionales alertaron sobre llamativos excesos de jueces a esa facultad.
Para tener un panorama de los criterios adoptados por los magistrados, sirve un informe de la Procuración Penitenciaria donde se detalla que desde la declaración de la emergencia sanitaria hasta mediados de abril egresaron 688 personas de las cárceles federales, de las cuales el 45% se fueron bajo arrestos domiciliarios, a un 25% se le otorgó directamente la libertad y a otro 12% se le agotó la pena.
Sobrepoblación
La liberación masiva de presos hizo que las cárceles federales pudieran revertir la histórica sobrepoblación que tenían en promedio, que era del 14,5% en diciembre de 2019. En Salta, sin embargo, esa falencia de hacinamiento continúa.
El documento de la Procuvin detalla que el exceso entre el espacio disponible y la cantidad de presos en la penitenciaría de General Güemes es del 16%. Es decir que existen 74 reclusos más por encima de la capacidad de la cárcel.
En la Unidad Penitenciaria 16 la sobrepoblación es del 20%. Equivale a 29 internos por encima de la infraestructura disponible.
Mujeres
La pandemia también hizo reducir de manera significativa la población carcelaria femenina. En la unidad de Güemes bajó un 48% la cantidad de mujeres detenidas en relación a diciembre del año pasado. En junio había 141 presas, 68 menos que seis meses atrás.
A nivel nacional, la cantidad de mujeres privadas de su libertad disminuyó un 38%. Es el segmento que mayor impacto tuvo la reducción poblacional.
Dos casos
De acuerdo al reporte de ayer del Servicio Penitenciario Federal con respecto a los casos de COVID-19, en la cárcel de Güemes fueron dos las personas infectadas con la enfermedad del coronavirus.
La información detalla que se hicieron 18 hisopados entre la población carcelaria de los cuales 16 estudios dieron negativo. Uno de los positivos ya aparece como recuperado y el otro figura en la categoría de egreso.