Hay aguas divididas en Diputados sobre la intervención a Aguaray

En la sesión del pasado martes, el diputado Jesús Ramón Villa insistió por tratamiento del proyecto de ley con el que reclama la intervención del Departamento Ejecutivo Municipal de Aguaray desde marzo último. El presidente del bloque del Frente para la Victoria aclaró que la iniciativa sigue sin dictamen en la Comisión de Legislación General.

"La corrupción nunca es ingenua: aquí hubo un plan por detrás", afirmó el legislador de Rivadavia, para quien las imputaciones realizadas en la causa federal contra el intendente Prado "revisten gravedad institucional", una de las causales que contempla la Constitución para intervenir a uno o todos los poderes de un municipio. Villa cuestionó a la bancada oficialista por el demorado debate. "Prado no solo le hizo un daño a nuestro norte, sino que se desmanteló un gasoducto estratégico para el desarrollo del país", afirmó.

La diputada Socorro Villamayor, quien definió al saqueo de los caños del Gasoducto NEA como "el robo del siglo", remarcó que "hechos de esta naturaleza, como el robo más alevoso y evidente, no pueden quedar impunes".

Sobre el rol de la Cámara Baja, la presidenta de la Comisión de Legislación General sostuvo que "hay quienes proponen debatir el tema en el recinto de la Legislatura al solo efecto de escuchar las opiniones; así planteado sería un debate estéril, una burla a los ciudadanos y a las instituciones", planteó.

"Los salteños y el país merecemos que la Justicia determine quiénes son los partícipes y cómplices de este robo que se consumó a lo largo de todo el país: camiones con caños sustraídos, de tremendo y pesadísimo porte, recorrieron las rutas argentinas y nadie los vio?", cuestionó la legisladora del bloque Salta tiene Futuro.

Otro escenario

Germán Rallé, titular del bloque justicialista Sáenz Gobernador, también aclaró su posición. "Soy muy respetuoso de las instituciones y por eso sostuve siempre que debíamos dejar actuar al Concejo Deliberante de Aguaray, como poder del Estado con facultades para conformar una comisión investigadora y avanzar con un juicio político. El Concejo ya actúo y no hubo número", recalcó el legislador del departamento General Gemes, en referencia al juicio político que concluyó con cuatro votos a favor de la destitución contra tres. El cuerpo de Aguaray tiene siete ediles y para remover al jefe comunal del cargo se requerían cinco votos (dos tercios). "Hoy cambió la discusión y tendremos que analizar en la Cámara de Diputados si hay comisión de delitos y si corresponde, o no, intervenir al Ejecutivo municipal de Aguaray", consideró Rallé.

Debate pendiente

La diputada Cristina Fiore, del bloque Renovador de Salta, expresó que los miembros de esa bancada "creemos que es sano dar el debate en la Legislatura". Con el jefe comunal de Aguaray cada vez más complicado en la causa judicial, la legisladora capitalina se preguntó si el intendente, en las actuales condiciones, puede seguir al frente del municipio. "Muchas veces la gente siente que la política tapa a la política, por lo que debemos dar muestras claras ante la sociedad de que no hay manto de protección alguno a nivel institucional", subrayó la diputada renovadora.

Sostén político

Tras la ampliación de los cargos formulados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación contra Prado y el exsecretario de Hacienda de Aguaray, Freddy Céspedes, el diputado Héctor Chibán reclamó un urgente pronunciamiento. "A estas alturas, el bloqueo del tratamiento del proyecto de intervención al Ejecutivo municipal de Aguaray no parece expresar otra cosa que un sostén político del gobierno al intendente Jorge Prado", señaló el legislador del bloque de la UCR.

Remedio constitucional

El diputado Carlos Zapata consideró que la situación de Aguaray es de gravedad institucional. "Desde nuestro bloque hemos considerado oportuno el tratamiento del proyecto de intervención que presentó Villa, pero el oficialismo se niega a darle dictamen y a debatirlo", manifestó.

El presidente del bloque Ahora Patria dijo que el hecho de que la iniciativa no haya subido al recinto, a pesar de haber sido incluida en el acta de labor parlamentaria, "es como un manto protector al accionar de una persona que le hace mucho mal a las instituciones y a la credibilidad del sistema democrático".

Zapata opinó que la situación del intendente Prado "en algún momento deberá tener un corte", porque el jefe comunal, a pocas horas de asumir, "empezó por el camino equivocado". Se refirió en esos términos a la resolución 1.215, del 23 de diciembre de 2019, con la que el jefe comunal cedió a la empresa mendocina Osipsa un tramo de 35 kilómetros del Gasoducto NEA para su disposición final. "El hecho de que dictara un acto administrativo disponiendo sobre bienes ajenos es una clara violación del derecho en general, pero sobre todo, realizado por una persona que detenta el poder público, es inaceptable", afirmó.

En línea con otros legisladores consultados, Zapata consideró que tras el juicio político en el que Prado escapó a la destitución por un voto, "Diputados debería debatir el remedio constitucional que corresponde en la instancia superior a la Legislatura provincial".

¿Qué te pareció esta noticia?

Últimas Noticias

Últimas Noticias de Salta

Últimas Noticias de Edicion Impresa

Sección Editorial

Comentá esta noticia

Importante ahora

cargando...