La decisión del presidente Alberto Fernández de declarar como "servicios públicos" a la telefonía celular y fija, los servicios de internet y televisión paga como una manera de garantizar el acceso a toda la población, generó diversos comentarios en el arco político.
inicia sesión o regístrate.
La decisión del presidente Alberto Fernández de declarar como "servicios públicos" a la telefonía celular y fija, los servicios de internet y televisión paga como una manera de garantizar el acceso a toda la población, generó diversos comentarios en el arco político.
La oposición, que realizó duras críticas al DNU, afirma que la medida busca perjudicar al Grupo Clarín y provocará una fuerte desinversión en ese sector. En tanto, los sectores más cercanos al Gobierno nacional dieron un fuerte apoyo al decreto y aseguraron que garantiza el acceso a esos servicios.
A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que no solo dispone el congelamiento de los precios hasta el 31 de diciembre próximo, sino que también regulará la tarifa ya que tampoco podrá haber aumentos en el futuro sin previa autorización del Estado, debido a que pasará a ser un "servicio público" y la decisión ya no estará sujeta exclusivamente a las empresas, como sucede en la actualidad.
El funcionario salteño Gonzalo Quilodrán, actual director del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), aseguró a El Tribuno que esta medida traerá previsibilidad.
"Hay tres grandes grupos a los que queremos beneficiar. Primero a los usuarios y consumidores dándoles previsibilidad en el bolsillo. En segundo lugar, al sector privado que invierte en las telecomunicaciones, que está dividido entre los grandes prestadores y las pequeñas empresas: a ellas les estamos dando previsibilidad en cuanto a sus costos. Y el tercer grupo son esos millones de argentinos y argentinas que hoy están desconectados", expresó el funcionario nacional.
Quilodrán agregó que además se debe proyectar en el corto y mediano plazo mucha inversión pública y privada para llegar a esos lugares donde no llega el servicio de internet, que según datos aportados por el director de Enacom, son más de 5 millones de hogares.
"La pandemia puso en evidencia la importancia superlativa de estos servicios para poder educarnos, teletrabajar, capacitarnos, para buscar trabajo o para estar en contacto con nuestros seres queridos. En ese esquema, lo que hace el Gobierno a través del DNU 690 es darle previsivilidad a los millones de usuarios y consumidores respecto al precio que pagarán por esos servicios", afirmó el dirigente salteño.
El decreto mantiene el precio vigente de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre. El Gobierno asegura que con esta medida los usuarios saben que durante todo el resto del año van a pagar el mismo precio por estos servicios, además de "cuidar el bolsillo", que ya viene muy golpeado.
Herramientas de regulación
Gonzalo Quilodrán expresó que con el DNU el Estado nacional "recuperó" las herramientas regulatorias y la potestad de negociación con el sector privado respecto del futuro del ecosistema digital en Argentina.
"El sector está llamado a ser uno de los motores de la recuperación económica. En estos 160 días, mientras muchos comercios, pymes, industrias tenían las persianas cerradas por la pandemia, esta industria siguió facturando, facturó mucho más que en 2019 y todavía tiene mucho potencial para seguir creciendo, es por eso que nosotros queremos acompañar ese potencial", agregó.
Para el funcionario nacional el DNU "no es contra nadie sino a favor de todos" y que el objetivo es muy claro: reducir la brecha digital desde el sector público en conjunto con el sector privado.
"El DNU recupera herramientas regulatorias que ya existían y la gestión anterior de gobierno había derogado y recaen sobre el Ente Nacional de Comunicaciones que era el organismo que tenía la potestad de sentarse en una mesa con el sector privado y determinar, después del 31 de diciembre, cómo continúa la historia de los precios", comentó el funcionario nacional.
Argentina desigual
Hoy existe una Argentina muy desigual. Por un lado hay un país hiperconectado, en los principales centros urbanos, donde el mercado, la competencia y las inversiones privadas funcionaron muy bien y dieron cobertura a todos los hogares.
"Del otro lado, hay una Argentina profunda, en donde esas inversiones no llegaron. Ahí tenemos que, de los 14 millones de hogares que tiene el país, cinco millones no tienen acceso a internet, y de esos cinco millones dos millones no tienen acceso porque no hay cobertura alguna. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que pretender hacer inversiones nuevas, a veces serán 100% públicas, otras 100% privadas y a veces conjuntas", remarcó Gonzalo Quilodrán.
Entre los cinco millones de hogares que no tienen internet, hay tres millones que no tienen acceso a ese servicio por diferentes variables socioeconómicas: porque no pueden pagar el servicio, no fueron contemplados por las empresas o porque no tienen dispositivos digitales.
"Hay una suma de variables que nosotros no podemos mirar para otro lado. La inclusión social del siglo XXI, enmarcado en políticas de arraigo para que la gente pueda realizarse en el lugar que lo vio nacer o en definitiva donde quieran requiere de que tenga un servicio tan esencial como el de la telefonía móvil o el servicio de internet", expresó Quilodrán.
Es por eso, explicó el funcionario, que también se plantea en el DNU como tercera parte la necesidad de garantizar el acceso y generar condiciones para seguir construyendo "una sociedad más justa e igualitaria" porque en el país hay millones de hogares que no pueden acceder a internet.
Inversiones
"Nosotros queremos que siga siendo el sector privado el encargado de dar el servicio, con reglas de competencia de mercado y lo único que hace el Estado Nacional a través del Enacom es regular futuros pedidos de aumento en virtud de un montón de cosas", expresó Gonzalo Quilodrán.
El funcionario aseguró que el Estado tendrá la posibilidad de autorizar los incrementos teniendo en cuenta variables como la inflación, los proyectos de inversión, la coyuntura macroeconómica y la variación anual de sueldos para que el costo sea más justo.
"Nosotros, lejos estamos de querer perjudicar la industria, que me parece que se está llamada a ser uno de los motores de la recuperación económica, donde tiene una potencialidad enorme para que la industria crezca y nosotros queremos que lo haga, que sea rentable, que sea vigorosa y preste el mejor servicio posible en el marco de las competencias entre las empresas", afirmó el funcionario.
Gonzalo Quilodrán, el ser consultado por las críticas de la oposición que afirma que con este DNU se busca avanzar sobre el Grupo Clarín, contestó que para el Gobierno "la gran grieta en la Argentina" es entre los que tienen conectividad y los que no la tienen.
"Los que tienen conectividad pueden educarse, trabajar, capacitarse, estar en contacto con sus seres queridos. Hay cinco millones de hogares que están literalmente desconectados por diferentes razones. Esa es la gran grieta que hay hoy. A mí me interesó más leer las críticas que los mensajes a favor. En muchos casos vi especulación política, en otros vi desconocimiento de cómo funciona el sector en Argentina y en el mundo entero. Me parece que hay mucha opinión desde el desconocimiento", finalizó.