El exintendente de Pichanal Julio Jalit, dueño de aquella escandalosa frase de pretendida impunidad, de que "hasta para robar hay que ser inteligente... y yo soy muy inteligente", está cada vez más comprometido en la Justicia. Ayer la fiscalía penal le amplió las imputaciones que pesaban sobre él, tras las investigaciones llevadas a cabo por El Tribuno sobre su gestión de 16 años al frente de uno de los municipios más pobres de la Argentina y donde acumuló una fortuna estimada inicialmente en más de 500 millones de pesos.
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El exintendente de Pichanal Julio Jalit, dueño de aquella escandalosa frase de pretendida impunidad, de que "hasta para robar hay que ser inteligente... y yo soy muy inteligente", está cada vez más comprometido en la Justicia. Ayer la fiscalía penal le amplió las imputaciones que pesaban sobre él, tras las investigaciones llevadas a cabo por El Tribuno sobre su gestión de 16 años al frente de uno de los municipios más pobres de la Argentina y donde acumuló una fortuna estimada inicialmente en más de 500 millones de pesos.
Jalit, se encontraba imputado desde 2019 y en las últimas horas la Justicia le sumó los delitos de estafa por fraude a la administración pública; negociaciones incompatibles; peculado de servicios, todos hechos de forma reiterada; enriquecimiento ilícito reiterado; utilización de residuos peligrosos; omisión maliciosa y falseamiento de declaraciones juradas patrimoniales y fraude a la administración pública por administración infiel, en concurso real.
Jalit se presentó el lunes en la Fiscalía y anticipó que declarará por escrito. Además, la fiscal penal Mónica Araceli Viazzi, citó a otras ocho personas, que serán imputadas por distintos delitos, entre esta y la semana próxima. Según la fiscalía, todas estas personas y de acuerdo a los vínculos que van quedando al descubierto, habrían participado en las maniobras fraudulentas que encabezó Jalit.
Viazzi decidió también imputar al extesorero municipal, Ricardo Murúa Enrique, por ser coautor del delito de estafa por fraude en perjuicio de la administración pública, (hechos reiterados); y a César Gómez, (propietario de Mirador Servicios), como partícipe necesario de los delitos de peculado de servicios y estafa por fraude en perjuicio de la administración pública (hechos reiterados). En tanto, a Luis Enrique Juárez (propietario de Servicios Generales Victoria); Renzo Reynaldo Ruiz (Contador Público Nacional), Sergio Daniel Castillo Jalit, (empresario); Sergio Castillo (empresario); Leonardo Darío Macaron y Lilia Amanda Klarmann los imputará como partícipes necesarios del delito de estafa por fraude en perjuicio de la administración pública (hechos reiterados).
Entre otros hechos y de la investigación para la ampliación de las imputaciones surgió que el exjefe comunal emitió casi 1.400 cheques irregulares, que sumarían más de $23.000.000 aproximadamente. El dato se suma a lo dicho en el primer decreto de imputación, en el que se señaló que Jalit "tuvo un incremento significativo de bienes desde el inicio de su gestión hasta su cese, de los ingresos derivados de la inyección de fondos de origen espurio e ilegal".
En base a la documentación recabada de entidades bancarias, juzgados de Minas y otras fuentes de la investigación, la fiscal entendió que Jalit incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, ya que autorizó la salida de fondos, órdenes de pago y cheques y otros, que representaban a los intereses de empresas co-contratantes como Cejota, Farmacia Rivadavia, Astillero SRL, Sociedad de hecho Jalit-Castillo, entre otras, y no a la entidad pública estatal que representaba.
Un escandaloso manejo de las cuentas y del dinero público
Triangulaban cheques y créditos del municipio con empresas “unipersonales”.
Jalit, en el momento de la célebre frase: “Hasta para robar hay que ser inteligente”.
Al menos durante 2014, 2017, 2018 y 2019, el entonces intendente Julio Jalit con el tesorero Ricardo Murúa emitieron 1.394 cheques, por la suma de $23.494.711,00 (veintitrés millones cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos once pesos). Los montos y cantidades son estimativos, porque resta ampliar la pericia contable y verificar otros años de la gestión en el municipio de Jalit, entre 2003 y 2019, porque constan en la causa numerosos cheques que habrían sido librados de forma irregular.
Sobre Ricardo Murúa, se sabe que formó parte de las maniobras para beneficiar a Astillero SRL, ya que desde diciembre de 2015 firmó todos los cheques. También firmó cheques en beneficio propio o de sus familiares.
Acerca de Servicios Generales Victoria y El Mirador, de propiedad César Gómez y Luis Enrique Juárez, respectivamente, la funcionaria estimó que prestaron sus nombres a fin de aparecer como dueños de empresas unipersonales que ni siquiera declaraban ingresos en AFIP, pero figuraban en libros, bancos, órdenes de pagos, de compra y facturas, como encargados de realizar obras públicas. Pero, en realidad, los montos dinerarios dispuestos por Jalit y Murúa a través de cheques eran negociados o percibidos por Astillero SRL.
Además, Juárez y Gómez cobraban haberes en relación de dependencia con el municipio. Sin embargo, Gómez no trabajaba y solo iba a cobrar mensualmente. En cambio, sí se desempeñaba en las empresas rurales privadas de Jalit.
En el caso la maniobra pergeñada desde el municipio a través de los coautores Murúa y Jalit con la participación de Juárez, Gómez y Renzo Ruiz, estos permitieron que cuantiosas sumas salgan del erario municipal hacia terceros -Astillero SRL (cuyos representantes legales son Klarmann y Macaron)- y hacia el propio Jalit, sin ningún tipo de respaldo documental, tal como lo observó la Auditoría.
Por otra parte, tanto Juárez como Gómez, prestaban sus nombres para que no se haga visible quiénes eran los reales beneficiarios o destinatarios: el propio Jalit y la firma Astillero SRL y KYM SACAGFICFTS, cuyos representantes legales son Darío Macarón y Lilia Klarmann y quienes se beneficiaron con fondos públicos, a través de por lo menos 496 cheques. Es decir que, por un lado, Jalit administraba los fondos del municipio y de manera fraudulenta hacía aparecer a Servicios General Victoria y El Mirador Servicios como los destinatarios de los pagos, cuando, en realidad, no cobraron ninguno de los cheques. Del otro lado, participaban de la maniobra Macaron y Klarmann, quienes se beneficiaban con los montos de los títulos de créditos, en connivencia con Jalit. Los tres imputados eran autorizados y firmantes indistintos de las cuentas de Astillero y KyM, adónde iban destinados los fondos municipales.
También quedó comprobado que Jalit compraba combustible a la empresa Astillero SRL para sus fincas privadas y era proveedor del Municipio. Jalit y Murúa, con la participación de Renzo Ruiz, firmaban las órdenes de pago y cheques para MacaronKlarmann.
Además, se constató que las farmacias Rivadavia y Cejota SRL, pertenecen a la sociedad de hecho Jalit -Castillo Sergio y que recibieron pagos cuantiosos con títulos de crédito con fondos del Municipio. Hasta hoy se contabiliza que se libraron 108 cheques para Cejota SRL y 68 a Farmacia Rivadavia. En este caso, Sergio Castillo y Sergio Castillo Jalit (padre e hijo) percibieron o negociaron títulos de crédito con fondos municipales y se apropiaron de ellos; el primero por ser socio y el segundo, por ser apoderado de ambos.