"No dudo de que estamos ante una asociación ilícita"

El abogado Sergio Heredia, quien defiende a tres de los imputados por el robo de los caños del Gasoducto NEA (GNEA), aseguró que los hechos que investiga la Justicia Federal configuran mucho más que un fraude a la administración pública. "No tengo dudas de que estamos ante una asociación ilícita en la que mis defendidos no tienen nada que ver; ellos son peones en un ajedrez que conformaron políticos, empresarios y funcionarios para delinquir", declaró ante la agencia de El Tribuno de Tartagal.

Hasta el momento la causa tiene once imputados, entre los que se incluyen el intendente de Aguaray, Jorge Prado; su exsecretario de Hacienda, Freddy Céspedes, y seis empresarios del norte salteño, Mendoza y Buenos Aires.

Heredia defiende a Céspedes, Milton Saavedra y Bruno Degoy. Estos últimos son socios gerentes de MyP, empresa de servicios petroleros de General Mosconi donde el pasado 18 de abril se secuestraron más de 120 caños del GNEA.

Céspedes firmó el 23 de diciembre de 2019 junto a Prado la resolución 1215, que la empresa mendocina OSIP SA utilizó como aval para vender ilegalmente los caños del Estado nacional.

Heredia asegura que Céspedes es inocente. "Fue sorprendido en su buena fe por el propio Prado y otros funcionarios que integran su gabinete", sostuvo, tras señalar que era al secretario de Gobierno de Aguaray, Juan Ramón Ferreyra, a quien le correspondía firmar la controvertida resolución. "Sin embargo, llamativamente, viajó a la ciudad de Salta con viáticos para hacer supuestas gestiones, cuando en la capital no atendía nadie", apuntó.

En relación con sus otros defendidos, Saavedra y Degoy, indicó que "lo único que tienen como responsabilidad es haberle alquilado un predio (ubicado entre Tartagal y General Mosconi) a Antonio Adrián Vera", uno de los ejecutores del saqueo, que se encuentra prófugo. "Por tanto, no tuvieron participación en ese hecho", aseveró.

Para Heredia, "todo fue organizado y planificado por gente de Aguaray y de Tartagal, pero no pensaban robarse solamente los caños del Gasoducto. En sus planes -añadió- también estaba robarse una planta de tratamiento de gas que se encuentra en el paraje Ñacatimbay (al este de Aguaray) y que pertenecía a la empresa CGC", precisó. La citada planta está ubicada dentro de una finca privada. "No pudieron hacerlo porque el dueño de la finca no se los permitió, a pesar de que "lo visitaron' en diversas oportunidades", manifestó.

El abogado afirmó que el saqueo de los caños del GNEA se ejecutó con dos grupos vinculados: "Uno conformado por la empresa Osip, que robaba caños en la zona de Aguaray, y otro que operaba en la zona de El desemboque", al este de General Mosconi, con Vera al frente. Heredia se expresó convencido de que en el saqueo del GNEA "están involucrados inspectores de Ieasa (Enarsa) y que también está comprometido personal de Gendarmería".

Sobre este punto, señaló que a pobladores de El Desemboque les llamó mucho la atención que, una semana antes de que comenzara el saqueo, inspectores de la empresa nacional desaparecieran del lugar.

Heredia también denunció que a un control de Gendarmería, que operaba en las inmediaciones de un camino vecinal que se usó para sacar camiones con caños del GNEA, "lo trasladaron más al norte de manera de dejar liberada la ruta 34. Tenemos acreditado que gendarmes fueron al lugar donde se estaban sacando los caños pero no hicieron una sola actuación, porque la operación siguió sin ningún inconveniente; hemos aportado todos estos datos como elementos de prueba para la causa", dijo.

Heredia ubicó dentro del entramado a "Fabio Navarrete (exfuncionario de Aguaray), quien había trabajado en la empresa Vertúa durante la construcción del Gasoducto y es un representante de La Cámpora a nivel zonal". Heredia aseguró que implicados "se reunieron en Apolinario Saravia para planificar este robo" y que "ya en 2017 habían intentado conseguir un aval del 

Gobierno provincial" sin conseguirlo. "También lo habían intentado antes con Alfredo Darouiche, fallecido exintendente de Aguaray, quien era un hombre decente y no les aceptó la propuesta, porque les exigió la participación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia antes de autorizar con su firma el retiro de cualquier instalación. En nuestra investigación, pudimos constatar que también se intentó hacer la misma operación con los intendentes de General Mosconi y Embarcación, pero al consultar estos con sus abogados, les recomendaron que no. Como abogado defensor creo que la Fiscalía Federal está trabajando bien, pero nosotros tenemos mucha información y la estamos aportando", finalizó Heredia.

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