Empresas  tecnológicas vs.medios de comunicación

Las consecuencias mundiales de la pandemia constituyen un interrogante todavía abierto en muchos terrenos, pero existe un hecho incontrastable: la "explosión de la virtualidad" provocó una aceleración del ritmo de los cambios tecnológicos.

Los avances en materia de digitalización, que estaban en marcha pero hubieran tardado años en expandirse, se completaron en semanas.

El comercio electrónico, el teletrabajo, las reuniones virtuales y una amplísima gama de actividades económicas, sociales y culturales experimentaron una transformación drástica, de carácter irreversible, que marcará un "antes" y un "después" y rediseñará el futuro global.

Pero esa modificación implica también un cambio cualitativo en el poder económico que afectará a todos los ámbitos del quehacer social, inclusive al funcionamiento de los medios periodísticos, y exigirá una adecuación legal y política.

Los poderosos

Un índice de la naturaleza de estos cambios es que siete de las ocho empresas trasnacionales con mayor capitalización de mercado son compañías tecnológicas. La única excepción es la petrolera saudita Aramco. De esas siete, cinco son estadounidenses (Apple, Microsoft, Google, Amazon y Facebook) y dos chinas: Alibaba y Tencent. Desde los inicios de la pandemia, las acciones de Apple pasaron de 300 a 500 dólares. La empresa fundada por Steve Jobs fue la primera en la historia en alcanzar un valor bursátil de dos billones de dólares (dos millones de millones).

Microsoft, que hace ya veinte años era la compañía mejor valuada del mundo, tiene una cotización de 1,7 billones de dólares.

Google ya superó la barrera del billón de dólares.

En el último ranking de multimillonarios de la revista Forbes, los tres primeros lugares son ocupados por Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft) y Mark Zuckerberg (Facebook).

Una característica singular en esta nueva constelación corporativa es la fuerte tendencia a la concentración. Google tiene más del 90% del mercado de búsquedas por Internet y algo similar ocurre con Microsoft en materia de sistemas operativos.

Este fenómeno es propio de la sociedad del conocimiento. Los bienes intangibles cobran cada vez más valor que los bienes físicos y la propiedad intelectual es el componente central del derecho de propiedad.

Toda innovación significativa genera un "monopolio instantáneo", que dura hasta que un nuevo adelanto lo desplaza en las preferencias de los consumidores. Esto no se limita al territorio de las comunicaciones, sino que abarca a todas las áreas de la antes llamada "nueva economía", que ahora empieza a ser "la" economía. Es muy notorio, por ejemplo, en la industria farmacéutica.

Emergentes y monopolios

Esta regla encuentra sus excepciones. Un caso especial, puesto de relieve por la pandemia, es Zoom, una plataforma que en pocos meses pasó de 10 millones a 300 millones de usuarios. De ese modo, una empresa con sólo 2.500 empleados le ganó ampliamente la delantera a los productos similares de dos gigantes: Meet, propiedad de Google, una compañía de 114.000 empleados, y Teams, de Microsoff, una empresa de 156.000 empleados. Pero la contrapartida es que los colosos tecnológicos tienen capacidad financiera suficiente como para adquirir las compañías emergentes y apropiarse de sus éxitos. La compra de Instagram por Facebook es un "caso testigo".

De allí que un debate incipiente en Estados Unidos y la Unión Europea gire en torno a la posibilidad de actualizar la legislación antimonopólica sin afectar los avances científicos y tecnológicos.

Una de las alternativas más barajadas es limitar la capacidad de adquirir compañías de la competencia. El Parlamento Europeo estudia distintas modalidades de esa variante. En Estados Unidos, esas iniciativas encuentran mayor resistencia.

Jaque al periodismo

El curso del debate acerca de las "fake news", la señalización de la creciente actividad los "trolls", las acusaciones a Facebook por haber servido de instrumento para la interferencia externa en procesos electorales en Estados Unidos y en otros países o las controversias suscitadas en torno al derecho de Twitter a regular los contenidos de las publicaciones de sus usuarios indican que la discusión excede el marco estrictamente económico y adquiere una inequívoca dimensión política.

Tanto Facebook como Twitter anunciaron este año medidas para garantizar la transparencia y prevenir la reiteración de maniobras de manipulación informativa que implican una potencial amenaza contra los sistemas democráticos. Por su parte, Microsoft detalló la acción de grupos extranjeros empeñados en intervenir en el proceso electoral estadounidense.

"Fake news", "trolls", o las acusaciones de interferencia externa en procesos electorales excede el marco estrictamente económico".

En este contexto, cobra relevancia el conflicto que la creciente expansión de las plataformas suscita con los medios de comunicación social.

La Asociación Mundial de Periódicos (WAN-FRA) consignó que mientras en 2007 los diarios recibían un 30% de la torta publicitaria global e Internet el 5%, en 2019 Internet, y en especial Facebook y Google, se llevaron el 40% y los diarios un 9%.

Un estudio de News Media Alliance, una entidad que representa a 2.000 medios periodísticos de Estados Unidos, revela que los ingresos publicitarios en los medios escritos cayeron un 55% en los últimos diez años.

Esa controversia latente ganó en volumen político cuando el gobierno de Australia presentó un proyecto de ley, fundado en el derecho a la propiedad intelectual y en la aplicación de principios de defensa de la competencia, que reconoce el derecho de los medios periodísticos a percibir un pago por la publicación del material reproducido en las plataformas.
La reacción de Facebook no se hizo esperar. La empresa sostuvo que la iniciativa australiana “ignora el beneficio que las empresas de noticias obtienen al usar Facebook de forma gratuita para difundir sus historias”. Con ese argumento, decidió prohibir a sus usuarios residentes en Australia compartir en su plataforma noticias publicadas por medios periodísticos.

Esa controversia latente ganó en volumen político cuando el gobierno de Australia presentó un proyecto de ley, fundado en el derecho a la propiedad intelectual y en la aplicación de principios de defensa de la competencia, que reconoce el derecho de los medios periodísticos a percibir un pago por la publicación del material reproducido en las plataformas.
La reacción de Facebook no se hizo esperar. La empresa sostuvo que la iniciativa australiana “ignora el beneficio que las empresas de noticias obtienen al usar Facebook de forma gratuita para difundir sus historias”. Con ese argumento, decidió prohibir a sus usuarios residentes en Australia compartir en su plataforma noticias publicadas por medios periodísticos.

Fuerte pulseada

El caso australiano reconoce antecedentes en la Unión Europea. 
Ya en 2014, cuando España reconoció el derecho de sus medios periodísticos a percibir un pago por los materiales de su producción distribuidos por las plataformas, Google desactivó el servicio Google News para sus usuarios hispanos. 
En 2019, el Parlamento Europeo sancionó la Directiva Europea de Derechos de Autor para reconocer el derecho de los medios periodísticos a recibir una retribución económica por el uso de sus contenidos. 
Francia fue el primer país en sancionar una ley nacional para poner en vigencia ese derecho. 
Sin embargo, los primeros resultados no fueron auspiciosos. Google, que ocupa el 94% del mercado de buscadores de Internet, impuso su poder de negociación y forzó a los medios galos a admitir la gratuidad para la libre distribución de sus materiales.
Esta controversia internacional recién comienza. Ambas partes reivindican la relevancia de su respectiva misión social. 
Las compañías tecnológicas arguyen que las plataformas han multiplicado las posibilidades de acceso a la información. Los medios periodísticos subrayan su rol de garantizar la calidad de los contenidos en un mundo en que el océano de información dispersa no siempre asegura, y a veces hasta dificulta, un mejor conocimiento de los hechos. Los poderes públicos tendrán que arbitrar en el diferendo, erigido en un punto álgido de la nueva agenda política global.

 * Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico

El caso australiano reconoce antecedentes en la Unión Europea. 
Ya en 2014, cuando España reconoció el derecho de sus medios periodísticos a percibir un pago por los materiales de su producción distribuidos por las plataformas, Google desactivó el servicio Google News para sus usuarios hispanos. 
En 2019, el Parlamento Europeo sancionó la Directiva Europea de Derechos de Autor para reconocer el derecho de los medios periodísticos a recibir una retribución económica por el uso de sus contenidos. 
Francia fue el primer país en sancionar una ley nacional para poner en vigencia ese derecho. 
Sin embargo, los primeros resultados no fueron auspiciosos. Google, que ocupa el 94% del mercado de buscadores de Internet, impuso su poder de negociación y forzó a los medios galos a admitir la gratuidad para la libre distribución de sus materiales.
Esta controversia internacional recién comienza. Ambas partes reivindican la relevancia de su respectiva misión social. 
Las compañías tecnológicas arguyen que las plataformas han multiplicado las posibilidades de acceso a la información. Los medios periodísticos subrayan su rol de garantizar la calidad de los contenidos en un mundo en que el océano de información dispersa no siempre asegura, y a veces hasta dificulta, un mejor conocimiento de los hechos. Los poderes públicos tendrán que arbitrar en el diferendo, erigido en un punto álgido de la nueva agenda política global.

 * Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico

 

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