Pasó un nuevo año sin que se pueda implementar en la provincia el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal para menores de 18 años. El conjunto de normativas para adolescentes en conflicto con la ley fue aprobado por ley provincial en 2018 y tendría que haber empezado a regir desde el 5 septiembre de 2019, pero en esa oportunidad se decidió una prórroga para aplicarlo a partir de este mes mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
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Pasó un nuevo año sin que se pueda implementar en la provincia el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal para menores de 18 años. El conjunto de normativas para adolescentes en conflicto con la ley fue aprobado por ley provincial en 2018 y tendría que haber empezado a regir desde el 5 septiembre de 2019, pero en esa oportunidad se decidió una prórroga para aplicarlo a partir de este mes mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Cumplido ese plazo, la Legislatura y el Ejecutivo provincial determinaron volver a posponer por 12 meses más, hasta septiembre de 2021, la habilitación del régimen penal juvenil.
Las razones de la prórroga son las mismas que las de hace un año: faltan recursos humanos y la infraestructura necesaria para poner en marcha la ley que adapta el proceso penal que rige para niños, niñas y adolescentes al sistema acusatorio, que fue aprobado en Salta en 2011. El nuevo régimen también reconoce principios, garantías y derechos fundamentales para ese grupo de personas.
Para llevar adelante el nuevo proceso, se deberían designar, al menos, 15 cargos entre fiscales penales juveniles, defensores oficiales y asesores de incapaces.
La demora en la implementación del sistema acusatorio penal juvenil implica, además, una asimetría en el acceso a la Justicia con respecto a los mayores de edad, a quienes en la provincia les cabe ese método judicial, que entre otras cosas conlleva una mayor rapidez en el trámite de las causas, que deben ser llevadas adelante por fiscales.
Ya el año pasado, antes de la primera prórroga de la implementación del régimen penal juvenil, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, (quien por entonces llevaba casi cuatro meses en ese cargo) advirtió a las autoridades del Gobierno sobre la imposibilidad de aplicar el nuevo sistema y resaltó las "carencias y falencias que tornarían necesario disponer con carácter de urgente la prórroga". Las cosas parecen no haber cambiado desde aquella advertencia.
La Provincia cuenta con cuatro centros de privación de libertad para jóvenes en conflicto con la ley penal. Están ubicados en la capital salteña, Orán, Tartagal y Metán.
Hay también en Salta dos centros de restricción de libertad: el hogar Nuestra Señora del Tránsito, ubicado en la ciudad de Salta para adolescentes mujeres y el Instituto David Michel Torino, que está en Cerrillos y es para adolescentes varones.
La asesora general de Incapaces de la Provincia, Mirta Lapad, había explicado el año pasado cuando se extendió el plazo de implementación del régimen penal juvenil, que el nuevo proceso contempla "un montón de medidas alternativas que se podrían aplicar para menores y que ya están previstas para mayores con el sistema acusatorio".
"Hay medidas restaurativas para que el chico asuma su responsabilidad, pero que la víctima sienta el resarcimiento por lo ocurrido", remarcó la especialista.