Reforma judicial sin acuerdo

Luego del discurso del Presidente por el que anunció el proyecto de ley para reformar la Justicia Federal, el diario me ofreció un comentarlo. Un halago que agradecí. Con urgencia, di una opinión apriorística. Dije entonces (30 de julio), y ratifico ahora, que agrandar la estructura de la Justicia no necesariamente significaría mejorar su funcionamiento. En esa ocasión, fui invitado a profundizar sobre la cuestión en otra entrega más desarrollada.

Realidad institucional

La Justicia es una deuda impaga de la Argentina desde hace años. Ninguna novedad, y de allí su descrédito ante la opinión pública.

Pretender ocultarlo sería una necedad tan inútil como querer tapar el sol con la mano.

A las graves falencias legislativas se sumaron tremendas torpezas e indignidades humanas que han generado esta situación. Tal vez sea el presagio del Talmud hecho realidad: "desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados". A lo que algún ocurrente agregó: "y más desdichada aun la que no puede juzgarlos".

Los justificativos o atenuantes no alcanzan obviamente para explicar lo inexplicable. Muchas de las razones que se esgrimen en defensa de los jueces y del Poder Judicial son ciertas, pero no lo es menos que a veces las repiten incansablemente, como un libreto, quienes pretenden una justicia corporativa, retrógrada y apartada de las exigencias actuales.

Modernizar y perfeccionar

La demanda de la sociedad sigue insatisfecha, por lo que se debe actuar para corregir lo necesario. Tarea para gobernantes y especialistas, pero no a espaldas de ciudadanos desentendidos.

Si éstos no se comprometen, sospecho que la política partidista hará de la Justicia un traje a medida, y no la prestigiosa institución cuyo rol trascendente le reserva la Constitución. Solo una Justicia independiente, eficiente, ágil, bien preparada y valiente servirá de contrapeso contra los excesos de los gobernantes, y contra las arremetidas que afecten derechos, libertades y garantías.

Sin que sea un modelo ejemplar a seguir, en EEUU los procesos penales se identifican "El [pueblo del] Estado de California (o del condado equis) contra fulano de tal".

El ciudadano se involucra, asume el protagonismo y reclama que la investigación contra el supuesto infractor llegue a término, y si corresponde, que se aplique la pena correspondiente.

Asumamos entonces que tenemos una Justicia deficiente, repleta de fallas, y que no funciona correctamente. Una litigiosidad exacerbada -a veces por el propio Estado-, hace acumular expedientes de juicios muchas veces evitables y con instancias múltiples, y pienso -por ejemplo- en la Justicia Previsional.

Peor aun, en lo penal, donde es más visible, porque está implicado el monopolio estatal en el uso de la fuerza para mantener la paz y el orden.

Como está, el proceso penal es enmarañado y parece destinado a no llegar nunca a la condena. Abundan tanto los planteos dilatorios, recursos, nulidades, y cuanta chicana sea imaginable que neutralizan el poder punitivo del Estado.

Excediendo el "indubio pro reo", todas las leyes e interpretaciones judiciales (influenciadas por quien se manifestó partidario de la abolición del sistema) favorecen al imputado con olvido de la víctima y sus familiares. ¿Contrario a los "garantistas"?

Para nada. Creo que, en el buen sentido, todo juez digno es (o debería serlo) garantista, desde que juró hacer cumplir la Constitución, los tratados y las leyes que aseguran al imputado, al procesado y al acusado todas las garantías.

Nada de parches, se debe utilizar el bisturí y practicar cirugía, para poner en marcha la maquinaria judicial.

Necesitamos la reforma, y en todo lo que sea mejorable: el quién, el cómo y el cuándo se hace justicia. Y aclaro: no postulo que los jueces sean puestos en comisión, ni cuestiono a ningún magistrado actual. Deberíamos revisar los procedimientos, la forma de instruir y juzgar, las instancias, más jueces unipersonales, etc.

El sistema acusatorio puede ser un avance, pero dudo si en las actuales condiciones bastará.

La reforma propuesta

De Alberto Fernández, profesor de la UBA en Derecho Penal, esperaba un proyecto mejor. Que asegurara, a modo de ejemplo, que Argentina no quede rezagada entre los países latinoamericanos, de los efectos de la presunta corrupción del Lava Jato y Odebrecht. Lo que en otras naciones motivó causas penales e incluso prisión contra políticos y empresarios poderosos, en Argentina -como siempre- está en veremos.

¿Por qué?

Del sobresaliente editorial de El Tribuno, publicado el 23 de agosto pasado, extraigo dos ideas esenciales. Que una iniciativa así exige un gran consenso ciudadano y político, y que la verdadera reforma no depende tanto de una nueva ley como de la voluntad de respetar la independencia de los poderes y despolitizar al Consejo de la Magistratura.

Lo primero impone un acuerdo amplio entre los partidos con representación parlamentaria, las organizaciones intermedias (muchas cooptadas por el intereses partidistas) y la ciudadanía, que hoy parece no presentarse.

El segundo aspecto, fundamental para la credibilidad de los jueces y sus resoluciones, quedó totalmente desnaturalizado con la reforma del organismo de designación y remoción de los magistrados, por ley 26.080 (del año 2006), que a mi juicio, quebró el equilibrio de los estamentos que lo componen, y le dio una representación desmedida a los poderes políticos. 

Conclusión: ante cada decisión políticamente sensible que los jueces deben tomar, miran de reojo las eventuales denuncias que pueden sobrevenir. 

El proyecto cosechó dudas e incredulidad. Como dijo Javier E. Fernández Moores, se debe abordar el estudio de todas las variables que contribuyen a las fortalezas y disfuncionalidades del sistema, por todos los que, desde un lugar u otro (justiciables incluidos), participan del proceso.

¿Hasta dónde?

En el Congreso las sesiones fueron ásperas y al límite del escándalo, las mayorías ajustadas, con tal desvelo para lograr atraer a los dubitativos que las sospechas se multiplican. 

Difícil convencer a un desconfiado que no persigue la impunidad de magistrados, funcionarios y empresarios, si proviene de una coalición cuyo sector preponderante -radicalizado- antes anunció que “irían por todo”, y que ya trató de imponer una reforma forzada llamada “democratización de la justicia”. 

También entonces hubo marchas, acampe y muchos legisladores en desacuerdo Varios artículos de esa ley 26.855, fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema en junio de 2013, con el voto de seis de sus siete miembros (disidencia del Dr. Zaffaroni). 

Se expresaron en contra muchísimas voces, hasta de sectores inesperados. 

Descreo que el incremento de cargos (se habla de más de 1.700 jerárquicos) y de gastos se traduzca en una mejora significativa en la administración de justicia.

La comisión de expertos, con atribuciones para estudiar la modificación de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, aumentó la incertidumbre. La denominada “cláusula Parrilli” originó espanto. Las subrogancias resultan más que polémicas.

Necesidad o capricho

Volviendo a EEUU -cuyo modelo judicial, repito, no me agrada-, la justicia federal consta de tres instancias; los jueces unipersonales de distrito, las Cortes de Apelaciones, y la Corte Suprema. 

La etapa intermedia está constituida por 13 tribunales colegiados, que intervienen en la revisión de los asuntos que le elevan las cortes de 50 estados, en un país de más de 320 millones de habitantes. En un país rico, los litigantes pueden tener una cámara federal cercana o a una distancia enorme (vbgr. los habitantes de Hawái). 

En una Argentina pobre, para 23 provincias y la CABA, con algo más de 45 millones de habitantes, hay 15 Cámaras Federales de Apelación en el interior, más 3 en la Capital Federal (en lo Criminal y Correccional, en lo Civil y Comercial, y en lo Contencioso Administrativo), sin contar la Cámara Nacional de Casación Penal y la Cámara Nacional Electoral. 

El proyecto reflota la Cámara Federal de Comandante Luis Piedrabuena, Provincia de Santa Cruz, con cerca de 6.500 habitantes, como tribunal superior de los Juzgados Federales de Ushuaia, Río Gallegos, Río Grande y Caleta Olivia (ya existentes), más los de Río Turbio y Perito Moreno (que se crearían ahora). ¿Necesidad o capricho? ¿Es justo que esos tribunales sean financiados también por los impuestos que pagan los pobladores de los Departamentos de Iruya, Santa Victoria o Los Andes? 

No considero que lo sustancial se limite a la accesibilidad a los tribunales. 

Volviendo a Fernández Moores, “la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura pueden hacer todos los esfuerzos posibles para ser buenos administradores, pero son vanos esos esfuerzos cuando existe en el país más de un tribunal cuyo mantenimiento cuesta cerca de cuatrocientos mil pesos... para resolver una causa por año”. La nota del ex Consejero de la Magistratura es del 2000 -en plena convertibilidad, con el dólar y el peso equiparados- la estimación de costo no aclara si es anual. 

Deduzco que la estructura judicial está, y muy probablemente sobredimensionada. 

Tenemos que pensar en la forma óptima de ponerla en funcionamiento, con un amplio consenso y sin desacuerdos ni sospechas, porque está en juego el ejercicio de una de las funciones esenciales del Estado. 

Con mucha racionalidad, teniendo en cuenta los costos, y sin imposiciones forzada.

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