"La legalización del aborto es aún más  necesaria en el contexto de pandemia"

Atender a una paciente en estado crítico como consecuencia de una interrupción del embarazo en la clandestinidad puede costar un 46 por ciento más caro para el sistema de salud que ofrecerle el acceso a una práctica que, más allá de que sea legal o no, se va a terminar realizando. A esta estimación llegaron las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Plantearon que se hace aún más necesario que el Congreso debata el tema en el contexto de la pandemia de COVID-19, que tiene a los hospitales al límite del colapso en gran parte de las provincias.

"Cuando nos dicen que legalizar el aborto implicaría estrés para el sistema de salud, respondemos que las prácticas clandestinas generan una ocupación de más de 40 mil camas al año en todo el país de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. Por eso, creemos que en este momento es aún más necesario el debate sobre el tema y la legalización", señaló a El Tribuno Mónica Menini, abogada especializada en género y referente en Salta de la Campaña Nacional.

Gabriela Cerrano, exsenadora y dirigente del Partido Obrero, coincidió en que la crisis sanitaria hace más urgente el tratamiento del proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

"El contexto de encierro hace que tengamos más prácticas de aborto clandestino. En este cuadro es más necesario el tratamiento de la ley. Con la aprobación, no tendríamos mujeres con secuelas", sostuvo Gabriela Cerrano.

La exlegisladora también señaló que, por la pandemia, se dificulta el acceso a los métodos para la prevención de embarazos no intencionales. "Mucha gente tiene temor de ir a los centros de salud y sufrir un contagio", dijo.

En el Congreso, ya tiene estado parlamentario una iniciativa para la legalización que impulsa la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El Poder Ejecutivo Nacional, en tanto, promueve otro proyecto pero aún no lo envió.

Hoy es el Día por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe y desde la Campaña Nacional se difundió una carta para reclamar que el tema tenga tratamiento legislativo este año.

"Llevamos 15 años de lucha por una ley que es una cuestión de salud pública. De haber sido aprobada en 2018, Liliana de Santiago del Estero, B. de la Matanza, Ivana de Formosa, y tantas otras más no hubieran muerto, obligadas a buscar métodos inseguros para interrumpir un embarazo", señala el documento.

El texto también indica que, en este contexto de emergencia sanitaria se profundizan los obstáculos para acceder a la salud sexual reproductiva y que, en la pandemia, los abortos "son una urgencia real que debe atenderse".

"La penalización del aborto contempla una sanción discriminatoria hacia quienes podemos quedar embarazadas sin desearlo, lo cual contradice los tratados contra la discriminación por género a los que Argentina suscribe", menciona además la carta.

La referente provincial de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito resaltó que, para hoy, no convocan a salir a las calles, por el contexto de la pandemia, pero habrá actividades de concientización por internet durante el día.

Invitaron a sumarse a un "pañuelazo virtual" a partir de las 18, hora en que las mujeres se expresarán a través de las redes sociales a favor de la aprobación, con hashtags(etiquetas) como "#28S" o "#AbortoLegalSeguroyGratuito".

Desde el Partido Obrero, en tanto, se organizó un pañuelazo para las 11 frente a la Legislatura. Gabriela Cerrano indicó que se hará con distanciamiento social.

"Creemos que el presidente no quiere romper vínculos con el Vaticano y organizaciones evangelistas... con los sectores que quieren el aborto clandestino y demostraron que tampoco quieren educación sexual integral y acceso a los anticonceptivos. El proyecto que está en el Congreso perderá estado parlamentario en marzo y para eso no falta tanto", manifestó Cerrano.

“La negativa nos pone en riesgo”

“En Argentina las niñas abusadas son forzadas a gestar y a parir, hecho que se califica como tortura. Se les niega su derecho a la interrupción legal del embarazo -contemplado en el Código Penal desde 1921-, a la salud integral, a la educación sexual integral y a vivir una vida libre de violencias. Las obstaculizaciones y discriminaciones recrudecen aún más en los casos de mujeres y niñas de los pueblos originarios”, señala la carta que difundió la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El comunicado también señala que en el contexto de emergencia sanitaria se profundizan los obstáculos para el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva, y que los equipos sanitarios que hoy atienden las interrupciones legales del embarazo redoblan sus esfuerzos, pero no alcanza.
“La negativa a sancionar la ley que reclamamos, y la insistencia en sostener un marco jurídico que cotidianamente muestra sus limitaciones, pone en riesgo nuestra salud y nuestras vidas... Nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, impulsado por más de 700 organizaciones de diversa índole, debe aprobarse de manera urgente. Apelamos a los poderes públicos a que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo. No queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir”, dice el texto.
La carta lleva la firma de más de 500 personalidades, entre las que se encuentran Lucrecia Martel; Claudia Piñeiro; Beatriz Sarlo; Natalia Oreiro; Marta Minujin; María O’Donnell; Elizabeth Vernaci; Lali Espósito; Martha Rosemberg; María Laura Santillán; Narda Lepes; Rita Segato y Dolores Fonzi. 
Mónica Menin, referente local de la campaña nacional, dijo que insistirán porque “es muy preocupante la situación de las personas gestantes y la de las niñas, que hoy tienen derecho al aborto legal pero se encuentran con obstáculos”.
 

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