El negociado de la sangre en Salta  tomó ribetes de culebrón

El escándalo por otra "avivada" (para decirlo de algún modo) del médico Martín de la Arena, gerente de la empresa de transfusión Hemosalta, en este caso de querer cobrar $30.000 para entregar plasma con anticuerpos contra COVID-19 a una clínica sumó un nuevo episodio. Sorpresivamente, la exministra de Salud de la Provincia Josefina Medrano intervino en el lamentable episodio con un curioso mensaje en Twiteer, que al desglosarlo esconde una trama que tiene más que ver con una novela mexicana.

"En esta nota del 17/09 la directora del centro regional explica claramente la intención de cobro del plasma luego de una resolución del ministro Esteban. Será que también la Justicia los va a investigar?", escribió Medrano en la red social.

El texto hace alusión a una entrevista en la que la directora del Centro Regional de Hemoterapia, Betina Saracino, explica que falta una resolución del Ministerio de Salud para aprobar el costo que debería tener el plasma para los centros transfusionales de sangre privados y públicos.

“Pregunté si al plasma había que arancelarlo y en la gestión de Medrano dijeron que había que hacer el estudio de costos”. (Betina Saracino)

Saracino explicó a El Tribuno que efectivamente todo los productos que elabora su institución con la sangre tienen un costo, eso fue siempre así, pero en el caso del plasma de pacientes que tuvieron coronavirus nunca se llegó a facturar. Y tal cual lo dijo Medrano se esperaba la firma de una resolución del Ministerio de Salud para que se establezca un valor a ese servicio, aunque esa resolución en realidad está dormida, y así permanecerá, desde la anterior gestión. "Lo que a mí me aflige es todo este manejo malicioso queriendo perjudicar a una institución y a mí en particular", dijo la hematóloga, y resaltó que existe "un vínculo familiar" entre Medrano y De la Arena, con quien mantiene una histórica rivalidad y a eso adjudicó que la exministra haya apuntado contra su persona.

Para aportar a esa teoría mencionó que su nombramiento formal como directora en el Centro de Hemoterapia demoró ocho meses, porque Medrano no firmaba esa resolución.

En cuanto al ministro de Salud, Juan José Esteban, desde el entorno de Medrano lo acusan, según pudo averiguar este diario, de "haber operado" para sacarla de su cargo (finalmente fue despedida por el gobernador). Esteban no se quedó atrás: ayer la periodista Marcela Jesús dio a conocer que el funcionario habría iniciado un expediente para que su antecesora devuelva elementos del Ministerio, que serían celulares y computadoras.

No es la primera vez que la ambición por el dinero de De la Arena sale a la luz. Ya en 2012, este diario dio cuenta sobre la incompatibilidades del médico cuando era gerente del Materno Infantil y contrataba para ese hospital los servicios de transfusión de sangre de la que era su empresa: Hemovida. Esa firma, por cierto, se creó 48 días después de haber sido designado, el 11 de mayo de 2010, a cargo del despacho del Centro Regional de Hemoterapia.

En esos tiempos, la Justicia tuvo más argumentos para investigar un delito que en el último episodio protagonizado por De la Arena, pero no se abrió ninguna causa. Ahora, el escándalo del plasma es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos.

Proyecto de ley

Cuando vuelva a funcionar la Cámara de Diputados (la sesión de ayer se suspendió por casos de coronavirus entre 30 empleados de la Legislatura) está previsto el tratamiento de proyecto de ley del oficialismo para evitar el cobro de la transfusión de plasma a pacientes con COVID-19 mientras dure la emergencia por la pandemia.

La iniciativa surgió después que se conoció, el sábado pasado, que la empresa Hemosalta pretendía cobrar 30 mil pesos por el servicio de transferir plasma con anticuerpos a una clínica privada. 
El diputado Javier Diez Villa, presidente del bloque oficialista, explicó ayer en Radio Salta que ese necesario que esa situación irregular se aclare mediante una ley.
Apuntó a que la normativa permitirá que se comience a debatir hacia futuro el dilema de la gratuidad de la sangre y los costos que se cobran en la parte privada. 
En tanto, la titular del IPS, Gladys Sánchez, denunció en el canal Multivisión que desde Hemosalta quisieron pasar a la obra social provincial una factura de $63.000 por un servicio de transfusión de plasma, algo que fue rechazado.
Dijo que el IPS reconoce el arancel de hasta $4.700 por el servicio de aplicación de plasma.
 

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