Desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) acercaron recomendaciones a la Corte de Justicia de Salta, que deberá decidir si las personas privadas de la libertad en el ámbito de la provincia pueden utilizar celulares y hacer videollamadas para comunicarse con sus seres queridos en el contexto de la pandemia de COVID-19.
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Desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) acercaron recomendaciones a la Corte de Justicia de Salta, que deberá decidir si las personas privadas de la libertad en el ámbito de la provincia pueden utilizar celulares y hacer videollamadas para comunicarse con sus seres queridos en el contexto de la pandemia de COVID-19.
El organismo dirigió una nota con fecha del 13 de enero al juez de la Sala III del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, para que se le haga llegar al alto Tribunal. Se acompañó la misiva con las recomendaciones que publicó el CNPT el año pasado para que se adopten medidas compensatorias para asegurar las comunicaciones de las personas privadas de la libertad durante la pandemia. Por la COVID-19 hubo restricciones en las visitas a los penales por un lado y, por otro, en muchos casos los internos o sus familias decidieron espaciarlas como medida de prevención.
El 23 de octubre último, Barrionuevo hizo lugar a un hábeas corpus interpuesto por Mario Juliano, juez penal de la ciudad de Necochea y director de la ONG Asociación Pensamiento Penal, quien falleció el mismo día. El fallo autorizó a las personas privadas de la libertad a utilizar en forma limitada y supervisada teléfonos celulares durante ocho horas semanales en el contexto de emergencia sanitaria.
Días después, la decisión fue apelada por el Gobierno de la Provincia de Salta y ahora la Corte de Justicia es la que tiene que decidir.
"Nuestra recomendación es que ese hábeas que se presentó quede firme y haya un protocolo para que los celulares estén habilitados en Salta", manifestó Josefina Ignacio, en representación del CNPT. "Estamos muy expectantes ante la decisión de la Corte", manifestó la comisionada y consideró que "no hay ningún argumento sólido" en la apelación que hizo la Provincia. "Dicen que se pone en riesgo la seguridad interna pero no está explicado. En las otras provincias no ha habido ningún problema", manifestó.
Ignacio mencionó que en otras jurisdicciones está habilitado el uso de teléfonos en las cárceles y que en cada una la implementación es diferente.
Comentó que en la provincia de Buenos Aires, donde hay casi 50 mil personas privadas de la libertad, el uso de celulares es libre: lo pueden tener las 24 horas mientras tengan los equipos registrados. Ignacio aseguró que esto les permitió a las autoridades de la Provincia "gestionar la pandemia de mejor manera".
Contar con celulares y acceso a wifi permitió alcanzar cifras récord de personas privadas de la libertad que rindieron exámenes universitarios. "Con el celular y Zoom tomaron cursos y talleres de todo tipo y tuvieron atención virtual de terapias psicológicas. Mirá si no trae beneficios", pronunció.
Ignacio evaluó que en un contexto de tantas restricciones para evitar contagios de COVID-19, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se convirtieron en herramientas clave para sobrellevar la pandemia: "Esto nos pasó a nosotros también: la cuarentena sin teléfono o sin internet es muy difícil".
En los penales, donde se restringieron las visitas, es muy difícil para las personas privadas de la libertad mantener contacto efectivo y periódico con sus familias. Por eso, el acceso a TIC se convierte en una medida de compensación.
"Una impresión mía es que quizás hay mucho prejuicio y desconocimiento. Capaz piensan que va a ser utilizado para hacer delito. Es algo que puede ocurrir pero en un porcentaje muy pequeño... Quizás algunas personas lo "mal usaron', pero la evaluación ha sido favorable", señaló la comisionada. Mencionó que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires evalúan la posibilidad de que se siga utilizando el teléfono en las cárceles cuando termine la pandemia. El fallo de Barrionuevo ordenó a la Subsecretaría de Políticas Penales a establecer un protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de libertad en Salta.
Exhortó a esta cartera a establecer un comité de expertos, con representantes del Poder Judicial y de los ministerios públicos Fiscal, Defensa e Incapaces y asociaciones para que definan un protocolo para usar TIC. Tomó en cuenta que se pueden utilizar teléfonos celulares en la unidad carcelaria N´ 7 (Granja Penal de Cerrillos), donde se alojan personas próximas a obtener la libertad.
Falta de contacto
“El contacto con el mundo extramuros es fundamental para mitigar las consecuencias de la privación de la libertad, tanto en las personas detenidas como en sus vínculos familiares y sociales. La falta de contacto físico y presencial afecta a todo el entorno de las personas privadas de la libertad”,difundieron desde el CNPT.