En la delegación provincial del PAMI dejaron sin trabajo a cuatro trabajadores a quienes, sin ninguna explicación, no se les renovó el contrato que tenían vigente desde 2016. La situación llamó la atención porque se trata de un organismo estatal cuya dirección ahora responde al grupo político de La Cámpora, crítico en otros tiempos de los despidos injustificados, y porque la sede local de la institución es deficitaria en recursos humanos, al punto que recurre a jóvenes "voluntarios" (no pagos) para la atención de los jubilados.
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En la delegación provincial del PAMI dejaron sin trabajo a cuatro trabajadores a quienes, sin ninguna explicación, no se les renovó el contrato que tenían vigente desde 2016. La situación llamó la atención porque se trata de un organismo estatal cuya dirección ahora responde al grupo político de La Cámpora, crítico en otros tiempos de los despidos injustificados, y porque la sede local de la institución es deficitaria en recursos humanos, al punto que recurre a jóvenes "voluntarios" (no pagos) para la atención de los jubilados.
El mismo panorama se repite en otras oficinas del PAMI de distintos puntos del país y en total son unas 300 personas a las que se las desvinculó de la obra social.
En Salta, dos de las afectadas son afiliadas al Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (Sutepa), desde donde adelantaron que harán presentaciones judiciales por los despidos.
Una de las exempleadas es trabajadora social de profesión y realizaba una tarea fundamental, y hasta ahora sin reemplazo, en la sede capitalina en la atención de los afiliados y la otra mujer se desempeñaba en el área administrativa de la agencia de El Carril.
Hasta este año, a los contratados se les renovaba automáticamente sus cargos en cada comienzo de año y por 12 meses.
"Esta vez a los que renovaron lo hicieron solo por tres meses, es decir que a finales de marzo vamos a estar con el mismo tema de ver a quiénes se les renueva el contrato y a quienes no", advirtió a El Tribuno la secretaria gremial de Sutepa, Soledad Tais.
Dijo que la directora del Pami Salta, Verónica Molina, no brindó ninguna explicación por los despidos.
"Estamos en una situación con mucha atención al público en el instituto y no tenemos personal. Encima sacaron a trabajadores que están en la primera línea de atención al público, son cosas que no se entienden", advirtió la dirigente sindical.
"Eran trabajadores que ya venían en una situación de precarización laboral, con contratos precarios y en una situación de desigualdad. Ninguno era un cargo jerárquico o puesto político", agregó Tais.
¿Reemplazos?
Ya en mayo del año pasado este diario contó la llamativa situación que se observaba en la oficina central del PAMI de Salta, en Zuviría 20, donde los afiliados eran interceptados antes de las mesas de atención por jóvenes identificados con remeras con el logo de la institución, que se ofrecían a realizarles sus trámites en el organismo nacional.
Se trata de voluntarios, no remunerados y sin cargos por ahora, que fueron convocados por la nueva administración del PAMI. Esa convocatoria, polémica por cierto, se repitió en otros puntos del país, según se advirtió y criticó desde Sutepa, gremio que pertenece a la línea de la kirchnerista CTA de los Trabajadores. Fuego amigo.
¿Serán esos "voluntarios" quienes reemplacen a los despedidos? El tiempo lo dirá.
Mientras, en Sutepa sentenciaron mediante un comunicado: "La directora ejecutiva local permite la incursión de voluntarios dentro de las oficinas en una clara muestra de apropiación de la institución, como si fueran parte de su estructura política, utilizándola en su provecho, en contraposición al descalabro prestacional que padecen los jubilados".
Papelón
Los empleados de planta del PAMI aún no salen del estupor que provocó la imputación, en noviembre, de tres altos funcionarios del organismo investigados por fraude e incumplimiento de deberes tras cobrar el IFE. Los tres asumieron a finales de febrero de 2020, un mes antes de que se abra la inscripción para los aspirantes al IFE, y con un sueldo que rondaba los 80 mil pesos. Los acusados son Javier Navarreta, jefe en Embarcación; Emilia Fabiana Juárez, al frente de El Carril, y Viviana Beatriz Fernández, jefa en Orán. Los imputados habrían sido desvinculados, según confiaron fuentes.