La escuela argentina necesita agotar los esfuerzos en un plan inmediato para la normalización progresiva de la enseñanza presencial. Ponerlo en práctica es responsabilidad grave de los gobiernos nacional y provinciales, que deben acelerar la adecuación de la infraestructura edilicia y organizar el trabajo de los educadores. El ministro nacional de Educación Nicolás Trotta, el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro Matías Cánepa han planteado el objetivo de normalizar la actividad a partir de marzo.

El boicoteo político a esta obligación del Estado que insinúan algunos sectores sindicales es ilegítimo e inadmisible. No existen razones de índole sanitario ni salarial que justifiquen la amenaza de paros extorsivos para demorar el regreso a las aulas. El argumento sobre las carencias de infraestructura es falaz: la enseñanza tiene imperativos más urgentes que el estado de los edificios y los que existan pueden ser solucionados o mejorados durante febrero. El contenido político del comunicado suscripto el 14 de enero pasado por la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, y el adjunto, Roberto Baradel, exhibe una mirada anacrónica y elitista y hace evidente la ausencia de ese espíritu docente que antepone el derecho de los niños a las apetencias de la dirigencia. La COVID 19 y sus mutaciones siguen siendo una amenaza para todos los trabajadores de cualquier rubro, pero el país no puede seguir paralizado.

Los docentes y las familias, como ocurre en todos los ámbitos, deben asumir la nueva realidad sanitaria. Los gremios tienen que asumir un principio universal: la educación es una actividad esencial y, en consecuencia, un servicio que no puede dejar de prestarse, como la seguridad, la energía, el suministro de agua y la salud pública. La escuela debe ser lo último en cerrarse y lo primero que debe abrirse.

En un documento reciente, Unicef habla de "desastre educativo" y afirma que la desescolarización "ha ocasionado una disrupción enorme en las vidas, el aprendizaje y el bienestar de los niños". La cuarentena ha sido "devastadora a nivel mundial", señala el organismo, y precisa que "los chicos y chicas más vulnerables sufren las peores consecuencias". El mismo informe analiza los esfuerzos de distintos países por reabrir las escuelas desde mediados de 2020, y destaca que "la escuela, más allá de su función primaria en el aprendizaje, tiene un rol central en el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes".

Esto lo conocen a la perfección los educadores y los padres de familia. No existe evidencia de que las escuelas sean un foco de contagio de las dimensiones que se le atribuyeron al comienzo de la cuarentena.

La educación es un bien y un derecho que asiste a todos y cada uno de los niños y jóvenes, y que interesa a la sociedad y al Estado en su conjunto. La fractura educativa que se viene profundizando desde hace al menos cuatro décadas se agravó en la pandemia. La educación virtual no permitió alcanzar los objetivos en ningún ámbito, pero tampoco llegó a todos los educandos.

Menos de la mitad de los alumnos del país cuenta con acceso a internet; las tareas y las evaluaciones que pudieron administrar los docentes, tanto en los encuentros virtuales como a través de tareas distribuidas casa por casa, fueron improvisadas e insuficientes.

La escuela debe volver a funcionar en condiciones de una "nueva normalidad", porque la vacunación masiva es todavía una meta lejana y, sobre todo, sin resultados garantizados.

Todos los gremios deberían tener en cuenta que la presencialidad depende de una decisión que corresponde a los gobiernos y que es irresponsable apostar a una catástrofe educativa por un capricho sectorial.

Es imprescindible reconstruir la educación, a partir de la evaluación del nivel de los aprendizajes. Normalizar la escuela exige adecuar la infraestructura para asegurar espacios abiertos, provisión de agua y desinfectantes, y baños escolares en buenas condiciones.

El Estado debe ocuparse ya de esta tarea; asimismo, los gremios deben dejar de lado los intereses mezquinos de sus dirigencias y colaborar en nueva etapa, que es imprescindible para Salta y para el país.

 

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