Garantizar derechos en un contexto especial

El juez Barrionuevo consideró que la presentación de la Asociación Pensamiento Penal marcaba una situación "real y concreta", vinculada con la imposibilidad de sostener el derecho a la comunicación entre familiares y personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia: "Era necesario buscar mecanismos alternativos para efectivizar el derecho de comunicación de los internos, que incluso fueran más cómodos y gestionables por parte del Servicio Penitenciario".

Mencionó que también se debía garantizar a sus familiares o allegados el derecho a comunicarse con sus afectos: "Una madre quiere ver a su hijo; un hijo quiere ver a su padre, saber si tiene o no tiene COVID-19, comunicarse si está internado...". Comentó que algunas personas privadas de la libertad que fallecieron se despidieron por teléfono de sus seres queridos.

Barrionuevo consideró que es difícil garantizar un contacto fluido de las personas privadas de la libertad con prisión preventiva con sus familiares o allegados. Mencionó que en la Alcaidía hay unas 10 cabinas para las visitas, con vidrio de por medio y teléfonos a ambos lados. Estos espacios deben ser utilizados por más de 700 internos de género masculino, por lo que la posibilidad de visitas se restringe a 15 minutos dos veces por semana.

Comentó que, más allá de las restricciones a las visitas en el contexto de pandemia, hay cuestiones contextuales que impiden o dificultan que sucedan, como las limitaciones para utilizar el transporte público que hubo durante casi todo el año pasado.

"Aunque formalmente el Servicio Penitenciario no restrinja las visitas, ¿cómo hace una persona de El Carril para llegar a Salta a visitar a su familiar? No hay modo de hacerlo. En general, la población carcelaria está compuesta por personas de escasos recursos o que ponen lo poco que tienen para pagar un abogado. ¿Cómo hace una persona con factores de riesgo?", se preguntó.

El juez expresó que "todo esto hacía necesario pensar en que la comunicación con celulares como estaba planteado en el pedido de hábeas corpus era razonable y se podía hacer".

Mencionó que si bien la ley de ejecución penitenciaria prohíbe el uso de dispositivos móviles, "la Provincia entendió que esa norma general no era absoluta", ya que autorizó su empleo en la unidad carcelaria Nº 7, en Cerrillos, donde no hay servicio de telefonía. "Hay contextos en los que es posible morigerar el mandato de prohibición de la ley y entendí que este contexto lo ameritaba", evaluó.

En el fallo, Barrionuevo exhortó al Poder Ejecutivo a armar una comisión de trabajo para evaluar el uso no solo de telefonía celular sino también de otras tecnologías en la cárcel, que podrían servir para fines educativos.

Explicó que, para reinsertarse en la sociedad, los detenidos tienen que mantener cierto tipo de arraigo y de pertenencia con la comunidad, para lo cual la comunicación es necesaria.

"La pandemia ha puesto en crisis un montón de situaciones y esta es una oportunidad para replantear prácticas en muchos lados", señaló.

Una experiencia innovadora a imitar

El juez Barrionuevo mencionó el Programa de Prevención y Solución de Conflictos que se implementó en la cárcel de Batán, en la provincia de Buenos Aires, inspirado en la justicia restaurativa, y expresó: “Nuestras cárceles no pueden seguir siendo depósitos de personas porque de la violencia institucional se engendra violencia social”.

“Si no vemos en un priva    do de libertad una persona igual a nosotros en dignidad, más allá de lo que haya hecho, por lo menos pensémoslo como sociedad en defensa propia: no necesitamos producir más violencia, sino ver cómo comenzamos a transformarnos”, analizó.

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