Deuda, ajuste y la  economía que no arranca

Empezó el año y empezaron para Argentina y las provincias los vencimientos con nuestros acreedores, en dólares. Estos son temas aún no resueltos, ya que cada deudor tiene una problemática distinta, es oportuno conocer las de nuestro país y de Salta en particular.

La primera noticia es mala: la economía del país cayó -2,1% en 2019 y 10,4% en 2020; según el FMI el rebote de este año será de 4.5% (desde aquellas profundidades) y para 2022 la expectativa es de un tenue aumento.

Hace unos días el presidente Alberto Fernández habló con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Quedó en claro que es imperiosa la "necesidad de poner las cuentas fiscales en orden", aunque el programa "debe estar basado en supuestos realistas sobre cómo funciona la economía argentina". Eso dice el comunicado oficial. El supuesto más realista es que nuestra economía no funciona.

La administración nacional tiene este año dos temas relacionados con la deuda externa que tendrá que solucionar: la negociación con el FMI y el Club de París, y la otra los juicios que tiene actualmente con arbitrajes internacionales por casi US$ 10.000 millones en disputas pendientes y en curso, todos con probables sentencias adversas antes de 2024.

Históricamente Argentina rara vez gana un arbitraje internacional. Por ejemplo, en los EEUU, desde principios de siglo por documentos analizados y presentaciones del Gobierno ante el CIADI (Banco Mundial) y en la comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional hemos perdido el 95% de todos los casos presentados.

El legado K

Podría llamarse a esta la deuda que dejaron los K: En lo que va del siglo el país lleva pagados US$ 16.538 millones en indemnizaciones por expropiaciones, pesificaciones y defaults, y tiene demandas pendientes demandas por otros US$ 8755 millones. Según Research for Traders, en la cuenta figuran los US$ 9.300 millones por un fallo de 2014 que debió afrontar la administración Macri; los US$5.800 millones por la expropiación de YPF, Axel Kicillof aceptó pagar el doble del valor que indicaba Wall Street pero en bonos a diez años. US$ 1.438 millones por fallos adversos.

Fernández y Kristalina Georgieva coincidieron en que se continuara trabajando en un programa apoyado por el organismo multilateral diseñado y conducido por Argentina, marcando la idea de la recuperación económica como condición necesaria para la estabilización.

Ante esta realidad podemos entender que posponer las negociaciones con Fondo Monetario Internacional para el 2022 sería una buena medida para el Gobierno, ya que este año solo tendrá que pagar intereses de cerca de US$ 1.900 millones que vencen recién en septiembre, siendo la primera cuota del cronograma original de pagos que firmó el gobierno de Mauricio Macri en 2018, ya que en el 2022 los pagos se agrandan y Argentina deberá pagar cerca de US$ 20.000 millones.

Para reprogramar el pago de los US$ 45.000 millones hace falta un acuerdo, en el que entrarán los datos de la realidad: el precio de la materias primas que exportamos, el volumen de la exportación, la reactivación de nuestra economía y las perspectivas de inversión, el estado de las reservas del BCRA y, por supuesto (y fundamentalmente), la dinámica de la política en el corto plazo hacen que las prioridades cambien. Sin garantías políticas y jurídicas no habrá milagro.

Para lograr un acuerdo de facilidades de pago, poder pagar este año al FMI los US$ 1.900 millones ya comprometidos por el anterior gobierno nos permitirá evitar, por lo menos hasta después de las elecciones, auditorias que ya sabemos que sus resultados no serán los mejores y la exigencia de este organismo para implementar programas fiscales y monetarios rigurosos con un alto costo político y social.

Acatar las disposiciones de un nuevo programa que implica ajustes en un año electoral no sería lo más deseable para el oficialismo, queda la opción que el acuerdo comience a materializarse después de las elecciones legislativas de octubre o recién durante el próximo año.

Otro vencimiento importante que nuestro país tiene este año es con el consorcio de países llamado Club de París, esta cuota vence en el mes de mayo de unos US$ 2.300 millones que quedaron pendientes del pago y cancelación original que vencía en 2019, después de un acuerdo firmado en 2014, ya que se cumplió puntualmente durante cinco años, la lógica del equipo económico indica que también la renegociación de esta deuda estaría atada a lo que se resuelva con el FMI, para el repago de esta deuda solicitando otorgamiento de años de gracia, estiramiento de los plazos para el pago, disminución de la tasa de interés y de intereses devengados.

La deuda de Salta

Nuestra provincia junto a varias otras tiene serios problemas para refinanciar sus deudas en dólares. Durante este mes en Salta venció una cuota de intereses de préstamos recibidos por el gobierno anterior; no fue pagada y, en cambio, se solicitó un plazo de treinta días para hacerlo o refinanciar. Si esto no ocurre (vence el 7 de febrero) nuestra provincia entraría en default, cerrándonos el crédito internacional.

Como parte de las negociaciones con nuestros acreedores Salta hizo propuestas de pago, las cuales no fueron aceptadas por los tenedores de títulos salteños, ante esta negativa cambió la estrategia, el Poder Ejecutivo recurrió al Gobierno Nacional para que junto con otras provincias en situaciones parecidas renegocien en conjunto el paquete de deudas provinciales.

Con el antecedente de que el Poder Ejecutivo Nacional en las negociaciones con los acreedores privados durante el mes de agosto del año pasado reconocieron cuáles eran las pautas y los lineamientos de la sostenibilidad que debían respetar, acuerdo que el mismo FMI, el G20 y la comunidad académica internacional apoyaron.

 

El argumento que el ministro de Economía utilizó para tomar esta decisión de renegociar la deuda de todas las provincias fue que hay una sola caja de dólares para todo el país, que es el Mercado Único y Libre de Cambio. Lo que entra y sale de ahí depende de cuánto se exporte e importe, y todas las provincias del país comparten una única caja.
Con ese criterio, las provincias deudoras, incluida Salta y salvo Córdoba, se alinearon en esa estrategia para negociar en conjunto.
La provincia de Córdoba ya renegoció su deuda y el gobernador Juan Schiaretti afirmó que fue la primera provincia argentina que consigue reestructurar su deuda sin entrar en cesación de pagos, ya que acordó con los bonistas pocas horas antes de la terminación del plazo de gracia de 30 días que tenía para cancelar intereses vencidos de diciembre.
En la renegociación la provincia de Córdoba logró bajar la tasa de interés promedio del 7,23 a 6.08% y su compromiso fue el de emitir un bono de cancelación de deudas, pero el mismo debe ser autorizado por el Gobierno nacional, motivo que originó una marcada disputa entre el criterio de renegociación manejado por la provincia de Córdoba y lo que propone el Gobierno nacional
En la provincia mediterránea no están convencidos de los argumentos del ministro Martín Guzmán; a través del informe del Ieral de la Fundación Mediterránea, firmado por el investigador Marcelo Copello, que plantea este diferendo en términos de dos modelos, uno centralizado al gusto de Guzmán -que plantea la necesidad de un control estricto por parte del gobierno central del endeudamiento de los gobiernos provinciales-, dado que si alguna provincia no puede cumplir con sus obligaciones afecta negativamente el crédito del resto de las jurisdicciones e incluso el crédito para el Gobierno nacional.
Y el otro modelo es el que adoptó esta provincia en dar libertad a los gobiernos locales para que decidan sus políticas de endeudamiento sin garantías ni salvatajes desde Nación.
Me preocupa la situación financiera y económica de la provincia de Salta al tomar esta determinación de recurrir a pedir ayuda al Gobierno nacional, solución que en definitiva dependeremos de la solidaridad y aún más de las decisiones que Nación imponga. Tampoco no nos olvidemos de los juicios que nuestra provincia tiene ante organismos internacionales, que en muchos casos comprometen nuestra coparticipación federal. Vayamos pensando.

* Diputado provincial Ahora Patria
 

 

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