Ocho gendarmes esperan desde hace 10 años un juicio que los declare inocentes, tras haber sido echados de la fuerza sin juicio previo y sin sentencia firme en ningunos de los cargos que se les instruyeron desde el juzgado federal que en la década pasada estuvo en manos de Raúl Reynoso, hoy preso por diversas causas, todas de gravedad absoluta.
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Ocho gendarmes esperan desde hace 10 años un juicio que los declare inocentes, tras haber sido echados de la fuerza sin juicio previo y sin sentencia firme en ningunos de los cargos que se les instruyeron desde el juzgado federal que en la década pasada estuvo en manos de Raúl Reynoso, hoy preso por diversas causas, todas de gravedad absoluta.
Para el oficial en jefe de los despedidos inconstitucionalmente, Jorge Correa Da Silva, segundo comandante con asiento en la ciudad de Embarcación, la causa que el juzgado de Raúl Reynoso les armó para sacarlos del medio está siendo llevada a la prescripción, para evitar la reincorporación de los despedidos, ya que la ley militar dispone en el caso que la causa de la sanción no sea probada, la inmediata restitución al puesto y a la jerarquía que ostentaban.
La medida que dejó sin trabajo a ocho gendarmes es considerada por estos como arbitraria e inconstitucional, sin entrar en consideraciones del móvil que persiguieron quienes los desplazaron de Gendarmería de manera ilegítima, utilizando denuncias falsas para crear despidos celerísimos.
El exsegundo comandante Jorge Correa Da Silva dijo ayer a El Tribuno lo siguiente: "Las causas que nos involucran fueron sustanciadas en el juzgado de Reynoso".
Y agregó: "Todas fueron creadas a través de llamadas anónimas: un dato a tener en cuenta es el horario en el que se radica una de las denuncias las 12.28, al teléfono particular del juez federal, y desde un teléfono sin siquiera poder ver su numeración, siendo que cuando realizábamos algún procedimiento y correspondía anoticiar al juez, en innumerables oportunidades se debía dejar constancia en el acta de procedimiento que se lo llamó, pero no nos atendía, remarcando que desde el teléfono que se lo llamaba estaba perfectamente individualizado y se brindaba nombre, apellido y jerarquía, situación ésta que llama la atención, que el juez atienda una llamada en ese horario y sin poder identificar el numero de teléfono".
Por otro lado, afirmó que "llamativamente, el supuesto denunciante en las dos causas armadas brinda datos precisos, números de teléfonos que hace fácil la intervención de dichos números, exactitud de los domicilios y algunos detalles. Es apreciable que si los denunciados éramos miembros de Gendarmería, el juez -para que haya transparencia- debía dar intervención a otra fuerza. Aún así no se han detectado indicios que permitan inferir que haya existido el procedimiento de catorce (14) kg de cocaína donde hayamos intervenido". Y concluyó: "Tampoco existen indicios que permitan esclarecer la posible entrega de medio camión cargado de ropa con motivo del alud en la ciudad de Tartagal", afirmó.
Los integrantes del Escuadrón Embarcación
Tras los despidos, denuncian, mermaron los secuestros de vehículos.
Los integrantes del Escuadrón Embarcación, según los denunciantes, fueron cesanteados por exterminar el cruce de vehículos autorrobados y asegurados en el sur, que se sacaban del país para cambiar por cocaína en Bolivia.
Los cesanteados en la década de Raúl Reynoso fueron los integrantes del Escuadrón más efectivo contra este delito, ellos son: Jorge Correa Da Silva, primer alférez (jefe de la sección Embarcación); Ramón Alfredo Ferreyra, sargento ayudante perteneciente a la sección vial Pichanal, desempeñándose como hombre adelantado; Vicente Aparicio, sargento integrante de sección Embarcación; Sergio Sanabria, sargento integrante de sección Embarcación; Víctor Romero, sargento integrante de sección Embarcación; Raúl Chaile, cabo integrante de sección Embarcación; Jorge Da Rosa, cabo, integrante de la sección Colonia Santa Rosa; Walter Cruz, gendarme, integrante de sección Embarcación; Marcelo Aranda, cabo, perteneciente del escuadrón 20 Orán.
Según Correa Da Silva, el caso más lamentable es el de un sargento insulinodependiente que quedó en la miseria total, esperando (10 años) que la Justicia Federal no solo les devuelva el honor, sino el trabajo arrebatado de manera espuria.