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El delito solo se controlará con políticas de prevención

Domingo, 24 de octubre de 2021 00:37

Salta vive un octubre doloroso, atravesado por once homicidios en los primeros 22 días, una cifra que alarma por las vidas perdidas y por la urgencia de encontrar razones y planificar soluciones. En lo que va del año suman 52 asesinatos.

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Salta vive un octubre doloroso, atravesado por once homicidios en los primeros 22 días, una cifra que alarma por las vidas perdidas y por la urgencia de encontrar razones y planificar soluciones. En lo que va del año suman 52 asesinatos.

Tres de esos crímenes fueron femicidios, que llegan a trece en lo que va del año. Otros casos notables fueron la muerte de un joven en el parque San Martín, degollado arteramente en una pelea entre comerciantes ilegales, y una pareja que apareció asesinada en la Circunvalación de la capital salteña.

En su informe a los senadores, la semana pasada, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, informó en el Senado que el delito contra la propiedad creció un 13% en 2021. Se estima que entre robos, hurtos y asaltos de motochorros se registran un promedio de 112 casos por día, cinco por hora. El funcionario informó también sobre 26.600 actuaciones policiales por causas relacionadas con el consumo de alcohol; otras 47.000 actuaciones por violencia familiar o de género y 73.000 causas por desorden en la vía pública.

En esta sombría enumeración aparecen combinados el clima de violencia social, que es un emergente de las tensiones que generó la extensa cuarentena, del machismo y del desamparo que ofrece una sociedad empobrecida.

Pulleiro también se refirió a "un menor nivel de tolerancia y mayor nivel de violencia" entre los salteños. No es Salta solamente; todo el país está sufriendo un proceso de degradación política y económica, donde mucha gente se ve condicionada por el pesimismo, la falta de horizontes y la ausencia de un Estado, del que se espera autoridad, responsabilidad y eficiencia.

En ese contexto, la violencia delictiva debe ser abordada como un fenómeno social, frente al que no vale reclamar "mano dura", ni "justicia por mano propia" (cuyo verdadero nombre es "linchamiento" ), sino reivindicar en primer lugar el valor de la ley.

Defender y aplicar la ley es resguardar el derecho de las personas; ante la actual conflictividad es una tarea de estadistas, porque la anarquía es el peor de los caminos y solo conduce a la violencia.

El ministro se refirió también a la falta de policías en actividad, como una explicación para las insuficiencias y la lentitud de la fuerza que suelen denunciar las víctimas de los delitos. Es imprescindible la presencia policial en todos los barrios, con agentes preparados y móviles en buenas condiciones. Es esencial la respuesta inmediata a los llamados de las víctimas.

La Policía y las fuerzas de seguridad en general deben contar con la herramienta tecnológica más avanzada para prevenir el delito y para reaccionar con profesionalidad ante cualquier denuncia..

Ante un escenario efervescente como el que describió el ministro, se torna imperioso que el Estado sea capaz de monitorear a la sociedad para detectar focos de potenciales conflictos.

La muerte de la adolescente Abigail Agustina Cruz, en Coronel Moldes, no debió ocurrir y era previsible. La víctima ya había sido amenazada y agredida por el asesino, por lo cual nunca salía a la calle sola. Cuando lo hizo, él la mató. Ni la institución escolar ni la policía intervinieron a tiempo. Fallaron todos. Pero la misma previsibilidad cabría para el caso de Gladis Paz, asesinada por su esposo, ambos policías, o el de Luis Rebilla, que hace diez años había matado a su mujer y ahora, en libertad, mató a su nueva pareja.

Son crónicas de muertes anunciadas. Al golpeador y al femicida hay que tenerlos bajo control. Y las mujeres que los denuncian contar con custodia permanente

La criminalidad ocupa un lugar destacado de la agenda de los salteños; es responsabilidad grave para el Gobierno, al que le corresponde asumir políticas proactivas. Esta tarea exige acortar la distancia que separa a quienes toman decisiones de las comunidades castigadas por la crisis global. No se trata de que los funcionarios vayan para sacarse fotos, ni de policías que vayan a infundir pánico, sino de saber observar y escuchar. Para eso hacen falta equipos multidisciplinarios, capaces de hacer lo que la política no suele hacer: conocer el día a día de cada localidad o barrio.

 

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