La política económica menemista logró algo que parecía imposible en la Argentina, al derrotar a la inflación y mantener la estabilidad cambiaria.
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La política económica menemista logró algo que parecía imposible en la Argentina, al derrotar a la inflación y mantener la estabilidad cambiaria.
Pero fueron triunfos pírricos, porque al final el experimento terminó con la duplicación del desempleo y de la deuda externa, aumento de la pobreza, desindustrialización y concentración de la riqueza.
El plan de Convertibilidad ideado por Domingo Cavallo le permitió a Menem no solo mantener a raya la inflación, sino también lograr la reelección en 1995, para terminar gobernando 10 años y seis meses, un récord.
Parecía que la Argentina le había encontrado la vuelta a su principal problema, pero en 2001, ya con Menem fuera del poder y con Fernando de la Rúa en la Presidencia, la convertibilidad se tornó insostenible y todo estalló.
Bajo la promesa de incorporar al país al "primer mundo", el Gobierno de Menem dio un giro de 180 grados en la política histórica del peronismo de regulaciones y asistencialismo social, y cambió el modelo de sustitución de importaciones por la apertura comercial.
Pero semejante apertura terminó impactando negativamente sobre la estructura económica y, sobre todo, social.
El proceso de privatización de las empresas públicas, iniciado en 1990 con Aerolíneas Argentinas y Entel, terminó promoviendo un crecimiento exponencial de los índices de desocupación, subocupación y pobreza.
Las privatizaciones en el marco de las reformas neoliberales profundizarían un proceso de desindustrialización, y la apertura comercial y financiera promovería un ingreso masivo de inversiones extranjeras y un proceso de importación de productos tecnológicos que, junto al incremento de las tasas de interés y aumento de la deuda, terminaría generando una creciente desindustrialización. El plan de Convertibilidad, votado por el Congreso, logró que la inflación fuese cero en febrero de 1995, e incluso varios de los meses siguientes se registró deflación. Aunque la estabilización monetaria y el auge del consumo lograron estabilizar la economía, solo podían sostenerse a partir del ingreso de divisas del exterior; y, con las crisis del Tequila en 1994, la de Rusia en 1998 y la de Brasil en 1999, entró en crisis. El programa de privatizaciones de empresas del Estado, que buscó atraer dólares necesarios para sostener el 1 a 1 entre peso y dólar, terminó con una alza de desocupación por encima del 14%, tras iniciar su mandato con un desempleo del 7%.
Las políticas de flexibilización laboral, para reducir costos y aumentar la productividad, terminaron pauperizando a vastos sectores sociales y se tradujeron en pérdida del poder adquisitivo y puestos de trabajo. Los niveles de pobreza treparon en torno al 40%, con más de 13,4 millones de personas afectadas. La otra herencia que dejó Menem fue el aumento de la deuda externa. En 1989 la deuda pública era de US$63.000 millones, y al final de su mandato superaba los US$115.000 millones. El stock de los capitales fugados subió de US$55.000 millones a US$139.000 millones durante su gestión.
Los polémicos indultos
Carlos Menem indultó a excomandantes de la última dictadura militar condenados por delitos de lesa humanidad y jefes de organizaciones guerrilleras, bajo el propósito de la “pacificación y la reconciliación nacional”. También fueron alcanzados los militares sublevados contra el gobierno de Raúl Alfonsín (1987-88).
Cuatro decretos del 7 de octubre de 1989 les otorgaron el perdón a 220 militares y 70 civiles, entre ellos el general Leopoldo Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier Basilio Lami Dozo, que condujeron al país a la Guerra de Malvinas, en 1982.
En diciembre de 1990 Menem indultó y liberó a Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini, jerarcas de las juntas.
En 2003, el Congreso derogó las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos. En 2010, la Corte Suprema dejó firme inconstitucionalidad de esas normas.