La mayoría de las  mujeres internadas  en el hospital Ragone no  debería estar allí

La gran mayoría de las mujeres que están internadas en el hospital de salud mental Dr. Miguel Ragone no deberían estar allí, pero no tienen adónde ir. Muchas de ellas están en buen estado de salud y podrían vivir en la comunidad pero deben permanecer en la institución por años o, incluso, décadas porque no tienen referentes afectivos, vivienda ni recursos económicos para subsistir o tienen restricciones judiciales para acceder a ellos.

Hay 36 mujeres internadas en el sector de crónicos del hospital y 14 de ellas ingresaron los últimos 10 años, a pesar de que la ley N§ 26.657, de Derecho a la Protección de la Salud Mental, prevé que la internación sea el último recurso y que en ningún caso esta puede ser indicada o prolongada para resolver problemas sociales o de vivienda.

Algunas ingresaron por órdenes judiciales, incumpliendo la ley de salud mental; otras volvieron a la institución luego de intentos frustrados de externación y otras llegaron allí porque no hay otras alternativas para atenderlas en la comunidad.

El promedio de estadía de las mujeres en la institución es de 20 años y alguna de ellas lleva 55 años internada. Según revelaron profesionales, algunas no se pueden externar porque necesitan mucho más cuidados. "En algunos casos, sería contraproducente", reconocieron.

Si bien los manicomios deberían haber cerrado el año pasado, de acuerdo con lo que establece el decreto reglamentario de la ley, el Ragone está lejos de hacerlo ya que no hay dispositivos suficientes en la comunidad para externar a los pacientes que están en condiciones de salir, que son muchos.

La falta de voluntad política por parte de las autoridades y la indiferencia hacia quienes no resultan "productivos" en la sociedad hace que estas personas subsistan en una institución vetusta atendidas por profesionales que buscan reintegrarles su dignidad de la mejor manera posible.

La situación edilicia del hospital es deplorable y, según reveló el gerente, Fernando Acuña, de acuerdo con lo que habló con el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, se comenzaría por arreglar los techos y las instalaciones eléctricas.

Durante la pandemia, los derechos de las personas internadas se vieron aun más vulnerados: se restringieron las visitas de sus referentes afectivos, se limitó el espacio físico que podían usar dentro del hospital, se prohibieron las salidas y se suspendieron las actividades grupales.

Hacia fines del año pasado, de a poco, lograron recuperar algunos de estos espacios de bienestar.

Durante el brote de COVID-19, tres mujeres internadas fallecieron por esta enfermedad. En la actualidad, todos los pacientes y el 90 por ciento del personal están vacunados.
Profesionales advirtieron que suele achacarse las responsabilidades solo al hospital, pero señalaron que estas también les corresponden a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Ministerio Público. 
Observaron que muchas irregularidades no existirían si hubiera un órgano de revisión de la ley de salud mental, que sigue sin crearse desde 2010. En este caso, el Legislativo también es responsable, ya que el proyecto está pendiente de ser aprobado en el Senado desde su visto bueno en Diputados, en agosto de 2019.
Los profesionales lamentaron que en las decisiones de muchos funcionarios judiciales siguen vigentes paradigmas antiguos y no se reconocen los principios de las normativas actuales, que buscan garantizar los derechos de las personas con algún problema de salud mental.
Según mencionó el gerente, en el hospital Ragone reciben 700 oficios por semestre.
El Tribuno intentó comunicarse con la secretaria de Salud Mental, Irma Silva, pero no obtuvo respuestas.

Voces oficiales

Acuña reconoció que la mayoría de las mujeres están internadas por problemas sociales por “la cantidad de años” que llevan institucionalizadas.
Aseguró que trabajan para lograr el proceso de desmanicomialización y comentó que algunas que tienen criterios para ser externadas pasaron por casas asistidas y otras se fueron con familiares: “Es lo que pretendemos para todas”.
Reconoció que con algunas esto es más complicado por la edad o por presentar patologías más complejas.
“Trabajamos para que su estadía sea lo mejor posible, con calidad de vida”, expresó aunque reconoció que “no es lo mejor para ellas”.
La curadora oficial María José Miranda manifestó también que la mayoría de las mujeres está internada por motivos sociales: “No tienen a nadie en el mundo y cuentan con una pensión básica”.
Observó que no todas podrían ser externadas, por distintas razones. Consideró que, en algunos casos, “si estuvieran en otro lugar, estarían peor”. “Como dicen la ley y el Código Civil, este es un trabajo artesanal, de caso a caso”, expresó.
La funcionaria lamentó que las personas internadas han sufrido múltiples vulneraciones y calificó a la “infraestructura del Ragone” como una vulneración misma.
Ante la falta de dispositivos en la comunidad para externar a las mujeres que están en el hospital, dijo que le gustaría que se creara una residencia para adultos mayores adonde puedan ir las mujeres más grandes que, según dijo, no son recibidas en los geriátricos existentes.
Mencionó que a casi todas las mujeres que cumplieron 65 años se les tramitó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAN), menos a las que no tienen DNI. Esto les permite tener ingresos un poco más altos que con la pensión por discapacidad y contar con PAMI. Comentó que algunas tienen suspendida la PUAN y no la pueden cobrar: responsabilizó por esto a Anses. 
Señaló que, más allá de la Curaduría, no hay un organismo que se ocupe de la tarea de buscar familiares de las personas internadas y de intentar revincularlas.
Comentó que ella está propuesta para ser apoyo en 200 casos de restricción de la capacidad. Por eso, en cuanto tiene conocimiento de uno de estos casos, empieza a buscar a la familia y a intentar reconstruir su historia.
 

Muchos derechos vulnerados 

Las mujeres internadas en el Ragone están en una situación de gran vulnerabilidad, ya que están atravesadas por múltiples factores de desigualdad, como género, estado de salud mental, clase, edad y raza, entre otros.
El hecho de ser mujeres con algún tipo de discapacidad mental generó que tuvieran menos oportunidades de desarrollo en lo personal, laboral, económico, cultural, educativo y social.
El derecho a la identidad es uno de los primeros derechos vulnerados entre las mujeres del Ragone: algunas de ellas no tienen DNI y varias tienen nombres falsos, ya que desde el Estado no lograron reconstruir su historia ni su identidad. En otras épocas era habitual que se las registrara con el apellido del marido y el suyo, o solo con el apellido de su marido. 
El no tener garantizado este derecho lleva a que otros muchos derechos se vean vulnerados, como el acceso a una pensión o a una obra social. 
En la actualidad, hay 11 mujeres en el Ragone que fueron trasladadas desde la colonia Nicolás Lozano, en Potrero de Linares, cerrada en 2010. Según contaron, nunca pudieron adaptarse a vivir en el hospital.
Algunas de estas mujeres están institucionalizadas desde que eran muy chicas y una de ellas vivió toda su vida en hogares. Otra ingresó luego de haber estado en una situación de trabajo servil. Muchas no tienen vínculos afectivos fuera de la institución.
Otros derechos que se ven vulnerados en las mujeres internadas son los sexuales, reproductivos y no reproductivos. En general, esto les sucede a las que tienen alguna discapacidad, que son vistas como mujeres débiles, asexuadas o aniñadas. 
Una de las mujeres internadas en el Ragone no pudo ver a su pareja, que también está en el hospital, durante casi todo el año pasado. Por la pandemia, las salas de varones y de mujeres estuvieron aisladas. Los enamorados solo se podían comunicar por mensajes y videollamadas que les gestionaba el personal de las salas. Desde que se flexibilizaron las limitaciones pueden verse solo una vez por semana.
El gerente del hospital dijo que en el equipo de salud se trabaja sobre la sexualidad de los pacientes, aunque reconoció que se trata de un tema tabú: “Hay que seguir trabajando”.
A nivel institucional no existe una política para que las personas que transitan muchos años de sus vidas allí ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos en espacios donde tengan privacidad, higiene y cuidado.
En el Boletín de la Sala de Mujeres del mes pasado, confeccionado por las propias usuarias, muchas enviaron mensajes a sus seres queridos para que fueran a visitarlas. Una advirtió a la comunidad: “El virus parece que no existe más porque todos en la calle andan sin barbijo”.    
Profesionales señalaron que el estar hospitalizadas por mucho tiempo genera un deterioro de la mente por el encierro y también físico, porque algunas casi no se mueven. Durante la pandemia se les limitó la posibilidad de desplazarse y de salir a pasear.     
 

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