Podrán ingresar al país los extranjeros con antecedentes

El Gobierno de la Nación derogó ayer un decreto dictado durante la presidencia de Mauricio Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes, así como también agilizaba los trámites de expulsión. La medida generó críticas de distintos sectores.

A través del decreto 138/2021, publicado ayer en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández dio de baja el decreto 70/2017. Se argumentó que, desde que entró en vigencia esa norma, "se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria".

El Gobierno de Cambiemos había creado por medio de este instrumento un "procedimiento migratorio especial sumarísimo" para rechazar el ingreso de personas con antecedentes penales, así como también expulsar con mayor agilidad a delincuentes extranjeros.

Además, se había establecido la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales "por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad" o "delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas", al igual que quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.

Además, las mismas causas podían ser utilizadas para dar de baja las residencias que se hubieran otorgado "cualquiera fuese su antigüedad".

A poco más de cuatro años de la entrada en vigencia del decreto de Macri, Alberto Fernández lo derogó y advirtió que se habían modificado "aspectos sustanciales" de la Ley de Migraciones, lo que "resulta irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del Poder Judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias".

El Gobierno consideró también que las modificaciones introducidas por Cambiemos no redundaron en "mejoras ponderables en otros aspectos".

Una de las primeras en salir a cuestionar la decisión fue la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. "El presidente manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al Gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron", publicó la referente del PRO en su cuenta de Twitter.

El senador nacional por Salta Juan Carlos Romero también criticó la medida y se refirió a las posibles consecuencias. "La torcida ideología de este gobierno no tiene límites. Facilitar el ingreso de extranjeros con antecedentes penales es liberar el país para la delincuencia, como si no tuviéramos suficiente inseguridad", tuiteó.

También sostuvo que "permitir el ingreso de delincuentes es la misma matriz ideológica por la cual liberaron a los presos. Tenemos un gobierno a favor de los bandidos y en contra de la gente que vive de su trabajo".

Rogelio Frigerio, exministro del Interior de Macri, publicó: "El Gobierno sigue retrocediendo. Con la derogación de este decreto que impulsamos desde el Ministerio del Interior y Migraciones en 2017, lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos". Agregó que el decreto aceleraba los procesos "respetando todas las garantías".

“Violaba derechos”

En paralelo a las críticas, Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) apoyaron la decisión de Fernández. A través de un comunicado, Amnistía Internacional consideró que el decreto derogado “violaba los derechos humanos de los migrantes y se transformó en un hito en el retroceso de la política migratoria”. Desde el CELS opinaron que la política de Macri “significó un claro retroceso en los derechos de migrantes en los últimos cuatro años y fue parte de una política de exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos y que argumentó que por eso había que expulsarlos de manera inmediata”.

Juan Carlos Romero, senador nacional: "“Facilitar el ingreso de extranjeros con antecedentes penales es liberar el país para la delincuencia”. “Tenemos un gobierno que está a favor de los bandidos y en contra de la gente que vive de su trabajo”.

 

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