Deudas pendientes de la Justicia laboral

Es imposible comprender lo cotidiano sin tener en cuenta el pasado. A su vez, imaginar o prepararse para el futuro exige una mirada que englobe historia y presente.

Entender qué nos pasa y qué deberíamos hacer para superar crisis y progresar requiere contar con puntos de referencia. Las personas o las sociedades que no atinan a compararse (con otras personas, con otros mundos, con otro tiempo) terminan sucumbiendo a la mediocridad, a la ilusión de que viven espléndidamente, o a la condena del fatalismo.

Por eso me pareció buena la propuesta de la CGT de Salta: pensemos, sin acritud, en la Justicia del Trabajo que tenemos en Salta, mirando a nuestra historia y al mundo. Abramos las mentes para comprender la crisis actual de la Justicia del Trabajo; para esbozar caminos de transformación y de mejoras.

El mundo y la Argentina

La justicia especializada en los conflictos del trabajo nació en las mentes de los humanistas de comienzos del siglo XX. Probablemente en la Alemania que alumbró la Constitución de Weimar. Allí se acertó al encauzar el conflicto industrial armonizándolo con los grandes objetivos de Libertad, Justicia y Paz Social.

Dentro de nuestras fronteras, en 1944, Perón buscaba insertar a la Argentina en el nuevo orden posterior a la Segunda Guerra Mundial y -en paralelo- responder a los problemas derivados de la "cuestión social".

En un abrir y cerrar de ojos creó la Justicia Nacional del Trabajo, reorganizó la Secretaría de Trabajo y Previsión -llevándola a todos los rincones del país-, atendió a los trabajadores del campo -eliminando conchabos, vales y cuasi monedas- y, potenció a los sindicatos.

Estas medidas escandalizaron a los patronos que preferían las comodidades que brindaba el viejo Código Civil aplicado a los contratos de trabajo.

La historia salteña

Los cambios comenzaron aquí también 70 años atrás. Primero, el Gobierno nacional desembarcó con una Delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión que -tras herir al federalismo- desplazó al alicaído y sospechado Departamento Provincial de Trabajo.

Pocos años después, en 1948, en sintonía con directivas nacionales, nuestra Legislatura creó el primer Tribunal del Trabajo.

Como era de esperar, el "poder que frena" resistió algunas de las innovaciones y demoró otras. Fue entonces, en 1949, cuando la CGT exasperada por la inflación, descontenta con el gobernador, e inquieta por la vacancia judicial, lanzó la huelga que registró hechos de grave violencia.

Hubo que esperar a 1951 para que el Tribunal del Trabajo salteño fuera dotado, por decisión del gobernador Carlos Xamena, de personal y recursos.

El alma de la reforma

Los cambios de los años 40 estaban lejos de ser meros empeños burocráticos, pensados para acomodar a parientes o amigos.

Se trataba de respetar y hacer respetar al trabajador como persona y como ciudadano, de eliminar abusos, de limitar la jornada, de proteger a mujeres y niños, de combatir el pago con vales y a los contratistas de zafra, de garantizar los salarios legales o pactados, de cuidar la salud en el trabajo.

Aquí, y en el mundo, la Justicia del Trabajo se creó como una justicia pro operario. Con el mandato de apartarse del derecho civil y del derecho procesal civil para equilibrar las fuerzas de empleadores y trabajadores. Era un brazo de la Justicia Social y de la autonomía científica del Derecho del Tra bajo.

Una nueva ola de cambios

En las tres últimas décadas ocurrieron tres acontecimientos centrales con impacto directo en la Justicia del Trabajo, en el Derecho del Trabajo y en las relaciones laborales.

a) La reforma constitucional de 1994, fruto del acuerdo entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, que elevó al rango constitucional los más importantes tratados internacionales sobre Derechos Humanos Fundamentales.

b) El giro estratégico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que instaló en el mundo el concepto de trabajo decente, una suerte de reformulación de nuestro artículo 14 bis.

c) El trascendental paso teórico que sustituyó el viejo concepto de Estado legal de derecho por el de Estado Constitucional de Derecho.

Cuentagotas

Estos cambios gigantescos no terminan de llegar a Salta. O llegan en cuentagotas. Salvo honrosas excepciones (que las hay) o momentos de lúcida sensibilidad (que también), los tres poderes del Estado con competencias en asuntos del trabajo, contradicen o ignoran aquellos cambios. Así, por ejemplo:

* Soslayan el artículo 14 bis argumentando el presunto carácter programático (o sea, ineficaz) de la garantía de condiciones dignas y equitativas de labor.

* Ignoran (por "patriotismo jurídico") la reforma de 1994 y rechazan aplicar los Tratados Internacionales.

* Rehúsan sus responsabilidades en la consecución de altos estándares de trabajo decente.

Pienso que toda la Justicia de Salta esta urgida de una transformación con eje en la independencia de los jueces y en la prestación de un servicio justo, eficaz y oportuno.

Nuestra Justicia del Trabajo experimenta retrocesos respecto de las premisas que llevaron a construir el fuero, pues amplios espacios jurisdiccionales están colonizados por teorías y principios propios del derecho civil y del derecho procesal civil.

Me atrevo a afirmar que la excesiva lentitud de la justicia, las resistencias de algunos magistrados a proveer medidas cautelares, su apego al formalismo civilista, sumados a la amenaza de la condena en costas o la marea del trabajo en negro, hacen que el número de trabajadores que concurren a los estrados judiciales sea bajísimo.

Muchas oficinas de la Justicia del Trabajo y, como no, la propia Corte de Justicia, toleran ataques a la libertad sindical, al derecho a negociar colectivamente y al derecho de huelga.

Es la jurisprudencia de la Corte la que convalida decisiones como la del intendente de Chicoana obligando a obreros municipales a aportar a la caja de su partido político.
La misma Corte que se muestra negligente a la hora de constituir un cuerpo médico forense especializado en riesgos de trabajo, privando a los trabajadores de su derecho a recurrir ante la Justicia las resoluciones de la Comisión Médica Jurisdiccional.
Son varias las deficiencias que afean el desempeño de los tres poderes del Estado: 
 * Inacción frente a modalidades de fraude laboral (cubrir puestos de trabajo estables con contratos temporales). 
* Priorizar al derecho administrativo. 
* Tolerar que empresas de servicios eventuales burlen leyes. 
 * Mirar para otro lado cuando las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo incumplen sus obligaciones de prevención y capacitación, o cuando las empresas desconocen la Ley de Jornada sancionada en 1929.
Circula, en determinados ambientes, la idea de que la producción en Salta solo es posible (competitiva) con la actual espeluznante combinación de bajos salarios, trabajo en negro, y tolerancia a todas las modalidades de fraude laboral. Ya va siendo hora de impugnar y desechar esta mentalidad que nos condena al subdesarrollo.

Qué podemos hacer 

Necesitamos un debate amplio, abierto y constructivo. Sacar al tema de la Justicia del Trabajo (y de la justicia en general) de los cenáculos del “poder que frena”. Deberíamos derogar el cepo de la ley que obliga a los ilustrados jueces del trabajo de primera y segunda instancia a seguir sin rechistar la jurisprudencia reaccionaria de la Corte. Definir un plan estadístico que incorpore las nuevas tecnologías y nos permita conocer los detalles de la litigiosidad y los alcances precisos de la mora judicial. 
Abrir las puertas de la Escuela de la Magistratura a expertos de todas las corrientes de opinión y de todas las procedencias nacionales e ideológicas. Es decir, jerarquizar la Escuela eliminando la endogamia, el facilismo, el pensamiento único y la poca vocación por las críticas y las novedades. 
Creo que este pantallazo puede ayudar a comprender qué está sucediendo y qué podemos hacer para mejorar la Justicia del Trabajo. 
 * Ponencia presentada en la Jornada que organizó la CGT - Regional Salta sobre el tema “La Justicia del Trabajo en Salta, 70 años después” (6 de Abril de 2021)
 

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