Los ideólogos del millonario robo de caños del Gasoducto NEA

El titular de OSYP, Diego Alos, es un empresario mendocino familiarizado con la reventa de caños hidrocarburíferos. Como tal, conocía el rédito económico que podía sacar con los costosos tubos del Gasoducto NEA.

Todo esto fue remarcado por el fiscal Eduardo Villalba, para quien Alos coordinó con Jorge Prado la maniobra para poder saquear el GNEA bajo una apariencia legal.

Como parte del plan, Alos envió el 10 de diciembre de 2019 al recién asumido intendente de Aguaray una nota solicitando autorización para llevar adelante supuestas tareas de saneamiento ambiental. En base a ese pedido, 13 días después Prado dictó la cuestionada resolución municipal 1.215.

Para poder realizar actividades económicas en la provincia de Salta, Alos se inscribió como contribuyente el 1 de enero de 2020 (fecha más que curiosa por tratarse de un día feriado) y consignando un domicilio falso en la ciudad de Tartagal.

Presurosamente, también gestionó ante la AFIP las autorizaciones con las que la firma Graficar imprimió los remitos que, junto a la resolución 1.215, respaldaron el transporte de los caños robados para sortear controles.

El 20 de enero de 2020, con otra nota, Alos informó a Prado que había completado un relevamiento en Campo Durán y que continuaría con las tareas de “saneamiento ambiental” haciendo uso de la resolución 1.215.

Con este montaje, Alos logró vender al menos 67 caños del GNEA al empresario a Matías José Rossi, titular de la firma Comarfil, de Quilmes.

Tras la olla que se destapó el 7 de febrero de 2019 en el puesto de Gendarmería de Aguaray, Alos contactó a un viejo conocido, Adrián Vera, y se lo presentó a Prado. Así, el saqueo prosiguió con un nuevo montaje que sacó de la escena a la resolución municipal 1.215.

Adrián Vera

Adrián Vera es mucho más joven que su comprovinciano Alos, con quien comparten la misma cuna, Luján de Cuyo, y las artes del desarme de tendidos hidrocarburíferos.

Con un largo historial de estafas seriales y gasoductos saqueados en Chubut, la Pampa, Buenos Aires, La Rioja y Catamarca, Vera declaró como “arrepentido”. Bajo esa figura, dijo que fue Alos quien lo contactó para extraer caños del GNEA en el norte de Salta. Sus afirmaciones como imputado colaborador complicaron a varios de los encausados. Por eso, en la audiencia que dejó la causa encaminada a juicio, no sorprendió que la mayoría de las defensas interpusiera planteos de inconstitucionalidad contra la llamada “ley del arrepentido”.

Vera no solo sostuvo que Alos lo trajo a Salta, sino que afirmó, con lujos de detalles, que fue contratado por Prado para continuar con el robo de los caños.

Vera, según indicó la Fiscalía en la acusación, se reunió en el Municipio de Aguaray con Prado, quien lo llevó después a conocer la zona de El Desemboque, le dio dinero para iniciar las extracciones de caños en ese paraje y le facilitó los contactos de las empresas Perterser y M&P.

El “arrepentido” dijo que en General Mosconi montó el 1 de abril de 2020 una empresa de papel: Vera SA.

Con esa firma ficticia suscribió un acuerdo de servicios, con la empresa Perterser, por personal y máquinas que se usaron para extraer caños en El Desemboque.

El mismo día celebró un contrato de subarrendamiento, con M&P Servicios Especiales, por el predio donde comenzó a acopiar los tubos saqueados.

Por otra parte, contrató a choferes de la empresa de transporte Serenelli para que llevaran caños desde El Desemboque hasta General Mosconi.

Vera utilizó documentación fraguada (facturas, remitos y una acta de remate que se imprimieron con membretes de reconocidas empresas del país, como Minera del Altiplano y Adrián Mercado) para simular una operación de compraventa de caños del Estado nacional y burlar de esa forma los controles de las fuerzas de seguridad. 
Uno de los trabajadores contratados en El Desemboque, en su declaración testimonial, afirmó que Vera había trabajado con OSYP sacando caños en Aguaray con el apoyo del exintedente Prado.

Empresarios de Mosconi

Andrés Ayala, gerente de la empresa Perterser, suscribió el 1 de abril de 2020 con Adrián Vera un acuerdo de servicios. Ese contrato abarcó a personal y máquinas de Perterser que se usaron para saquear el GNEA.
En el predio de la citada empresa de Mosconi, el 18 de abril se secuestraron cinco de los tubos de 24 pulgadas que Enarsa había adquirido a Tenaris (Techint) con un costo unitario de 5.000 dólares.
Por otra parte, Milton René Saavedra y Raúl Degoy Bruno, socios de M&P Servicios Especiales, suscribieron el 1 de abril de 2020 un contrato por el que le arrendaron a Vera el predio donde 17 días después se secuestraron 123 caños del GNEA. Según la acusación, Saavedra y Degoy Bruno, a pedido de Vera, realizaron transferencias a distintas cuentas. “Tenían compromiso en la maniobra”, sostuvo Villalba, en relación con los cargos penales que formuló contra los directivos de M&P Servicios Especiales.

Desde Salta hasta el conurbano bonaerense

Matías José Rossi, titular de la empresa Comarfil, le compró a Diego Alos al menos 67 caños del GNEA. En un procedimiento que se realizó el 5 de junio de 2020, en un predio que tiene Comarfil en la bajada de Quilmes (Buenos Aires), se secuestraron 52 tubos. Semanas después, en otro depósito de la firma, localizado en Berazategui, se recuperaron 15 caños más.
Según las facturas que presentó Rossi para justificar su adquisición, pagó por ellos $1.243.000. El empresario bonaerense afirmó que compró los caños de buena fe, pero su argumento se derrumbó por el solo hecho de que todos los tubos secuestrados tenían sus números de serie limados. 

De la capital salteña

Cristian Buzcek, otro de los imputados que irán a juicio, vive en el barrio Castañares, en la zona norte de la ciudad de Salta. Declaró que Adrián Vera lo contrató para trabajar en el norte de Salta, donde terminó estafado por el mendocino. En el procedimiento que se realizó el 14 de abril de 2020 en General Mosconi, Buzcek se presentó ante gendarmes como encargado de la empresa Vera SA, y defendió el transporte de los caños con documentación que resultó ser apócrifa. Mientras Buzcek reclamaba la liberación de camiones cargados con caños por indicación de su supuesto empleador, Vera se fugaba de Salta con una camioneta que le había alquilado a la dueña de un conocido parador de Mosconi. La 4x4, que se usó para seguir robando caños en otras provincias, fue recuperada varios meses después en el conurbano de Buenos Aires. 
Según la acusación fiscal, Buczek era quien se encargaba de entregar los remitos a los choferes de los camiones que salían de la zona de El Desemboque con caños del dominio público nacional.

Otro norteño 

Dante Rodríguez es un vecino de Aguaray que a fines de 2019 contrató a un fletero de Salvador Mazza, Miguel Cuéllar, para sacar caños de la zona de El Desemboque. El 13 de noviembre de 2019, a dos kilómetros del citado paraje, policías de Alto la Sierra secuestraron 14 caños del GNEA que eran transportados en un colectivo adaptado. El caso fue investigado inicialmente por el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, quien en mayo de 2020 lo remitió a la Justicia Federal con los dos imputados y 77 caños secuestrados. 
Cuéllar aceptó su responsabilidad y llegó con la Fiscalía a un acuerdo pleno que fue presentado ante el juez Castellanos. El magistrado, en su caso, homologó una pena condicional de seis meses de prisión por hurto simple. 
Rodríguez rechazó los cargos y no aceptó someterse a un careo con Cuéllar. En consecuencia, enfrentará junto a Prado y los otros nueve imputados un juicio oral y público que espera confirmación de fecha. El debate, oral y público, los tendrá sentados en el banquillo frente a un tribunal colegiado como autores, partícipes necesarios y encubridores de fraude al Estado y robo agravado. 

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