Tres dirigentes del club Central Norte de Embarcación recibieron penas de prisión condicional por el fraude que cometieron en esa localidad con planes sociales de la Anses.
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Tres dirigentes del club Central Norte de Embarcación recibieron penas de prisión condicional por el fraude que cometieron en esa localidad con planes sociales de la Anses.
Las condenas recayeron sobre Jorge Moya (presidente), Moira Pabloff (tesorera) y Jesús Tarqui (secretario). Para otra directiva imputada, Edith Romero, se acordó una suspensión de juicio a prueba.
El fiscal general Eduardo José Villalba, quien dirigió la investigación penal, destacó el desenvolvimiento que tuvo el complejo caso bajo las reglas del nuevo sistema acusatorio.
"La resolución a la que se arribó es histórica para Salta, pues jamás se habría llegado a un final así con el sistema mixto, donde estos tipos de casos demandaban años de proceso sin que el Estado obtuviera nada al final del camino. En cambio, en este caso, y con el nuevo Código, en menos de un año se logró una condena y reglas de conducta ejemplificadoras y disuasorias", sostuvo.
Las medidas se establecieron a partir de un acuerdo que presentaron las partes y en base al cual el juez federal de Revisión, Guillermo Elías, dictó la sentencia condenatoria en la audiencia de control de la acusación. En el citado acuerdo de partes, el fiscal y la querella, a cargo de la abogada Verónica Viera, en representación de Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), establecieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional para Moya y Pabloff, por el delito de fraude a la administración pública.
Para Tarqui, en tanto, se dispuso una pena de dos años de prisión condicional por el mismo delito.
En materia de reglas de conducta, y a pedido de la querella, se determinó que los tres acusados donarán mensualmente por dos años, dos tarros de leche en polvo (de fórmula 1, 2, 3, o 4) de 800 gramos por cada uno de ellos (cualquiera sea su marca) a la Asociación Civil Franciscana "Pata Pila", con sede en Tartagal.
En cuanto a Romero, también imputada por ese tipo penal, se acordó una suspensión de juicio a prueba por el término de un año, lapso en el que además de mantener un buen comportamiento deberá realizar tareas comunitarias en la escuela Néstor Oscar Palacios, en Embarcación, donde prestará colaboración en tareas de cocina, a razón de dos horas y media por día y dos veces por semana.
Denuncia de la Anses
En la exposición del caso, antes de referir a los detalles del acuerdo, Villalba hizo notar que la investigación se inició a partir de una denuncia realizada por la Anses ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N§12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Alejandra Mángano.
En forma coordinada con su colega, Villalba llevó adelante en Salta las primeras medidas. En ese contexto, el 29 de abril de 2020, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó la sede de la entidad deportiva de Embarcación y detuvo a Moya, Pabloff y Tarqui. Al día siguiente, se formalizó la investigación penal contra los tres imputados. El 6 de julio de 2020, en tanto, se amplió la acusación penal hacia Romero, quien seguía adelante con las maniobras fraudulentas desde el seno del club.
A Moya, Pabloff y Tarqui, el fiscal los acusó de haberse organizado para gestionar beneficios sociales financiados con fondos del Tesoro Nacional; en particular, el Salario Social Complementario, destinado a habitantes de Embarcación y parajes de la zona. Resaltó que este beneficio se trata de una ayuda que trae como condición que los beneficiarios hagan una contraprestación comunitaria, lo que no sucedía en el caso, pues eran obligados a brindar tal aporte en beneficio exclusivo de los acusados.
Sobre la maniobra en sí, la Fiscalía subrayó que "la gran fortaleza" que tenía la organización era el "padrón" con el que contaba. Este incluía datos de un significativo número de personas de Embarcación y zonas aledañas, información que los imputados obtuvieron de otros grupos sociales de la región.
Con estos datos, los acusados iniciaban la gestión de los beneficios e incluso los utilizaban para cancelarlos, cuando los beneficiarios se negaban a cumplir con la contraprestación exigida.
Provecho propio
Los acusados no realizaban los trámites a personas necesitadas por filantropía, sino con el fin de sacar provecho propio, pues a cambio de la obtención de los beneficios exigían determinadas sumas de dinero. El club Central Norte de Embarcación "era usado como pantalla de una maquinaria fraudulenta de la que se valieron para un beneficio patrimonial", explicó Villalba.
Esto, agregó, se lograba a partir del dinero que las víctimas eran obligadas a pagar una vez que se acreditaba el pago del beneficio, monto del cual debían entregar a los acusados la mitad y, en algunos casos, la totalidad. Este aporte era disfrazado como un aporte en concepto de "cuota social", por una suma de $750. En otros casos, debían realizar trabajos para el club: desde la limpieza, cocina y hasta en la faz propagandística, como se verificó con una víctima que debía hablar bien de los dirigentes en una radio.
Mediante este modus operandi, la comisión presidida por Moya contrató futbolistas, quienes, por caso, jugaban para el club en compensación del beneficio tramitado a su favor.
Los que no cumplían con los pagos eran castigados con el bloqueo de las tarjetas de cobro, o bien, debían pagar multas que consistían en descuentos del beneficio recibido, a veces por completo.