El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo ratificó lo que era obvio desde un principio, incluso para el presidente Alberto Fernández, y es que la Capital Federal desde 1994 se denomina Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La idea de hacer del AMBA (CABA, conurbano y un área ampliada hasta Zárate) una región requiere una reforma constitucional, que incluso privaría a la provincia de Buenos Aires de unos 15 millones de sus 18 millones de habitantes. Todo esto lo sabían, con todos los límites de poder que supone, Fernández, Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta; debían saberlo Axel Kicillof y su gabinete, aunque es probable que, para su concepto voluntarista de la política, se trate de un detalle sin importancia.
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El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo ratificó lo que era obvio desde un principio, incluso para el presidente Alberto Fernández, y es que la Capital Federal desde 1994 se denomina Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La idea de hacer del AMBA (CABA, conurbano y un área ampliada hasta Zárate) una región requiere una reforma constitucional, que incluso privaría a la provincia de Buenos Aires de unos 15 millones de sus 18 millones de habitantes. Todo esto lo sabían, con todos los límites de poder que supone, Fernández, Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta; debían saberlo Axel Kicillof y su gabinete, aunque es probable que, para su concepto voluntarista de la política, se trate de un detalle sin importancia.
La Corte falló de la única manera posible: ratificó la autonomía porteña y deslizó, además, que los argumentos de Fernández para el cierre de escuelas no eran sólidos. No es extraño: el "gabinete de científicos" empieza a ser una especie de "meme", un sticker verbal. Sin embargo, antes del decreto, dos de sus ministros, Nicolás Trotta y Carla Vizzotti, le habían aconsejado no impulsar un cierre compulsivo, pero también lo habían hecho Unicef y la Sociedad Argentina de Pediatría. El presidente intenta ahora que los gobernadores acepten relativizar el concepto de "autonomía" y sancionar una ley que lo faculte a avanzar sobre esas áreas de decisión. El fallo de la Corte aclara, por cierto, que esa ley, de sancionarse, sería inconstitucional.
Todo esto tiene una explicación: Fernández vive en Puerto Madero, Cristina en Recoleta (no le gusta su Tolosa natal) y Kicillof en Parque Chas, pero la gran ciudad les es esquiva.
La armonía forzada por la pandemia logró que las imágenes de Fernández y Larreta se consolidaran; la de Kicillof, mucho menos. No es extraño: la gente común quiere soluciones y previsibilidad, y no amenazas, agresiones y búsqueda de culpables.
Pero Fernández comenzó a mostrar su debilidad de origen: en septiembre, la sublevación de los policías bonaerenses no llegó a La Plata, sino que se acantonaron en Ezeiza y de allí hicieron un escándalo en Olivos. Hoy es difícil saber quién tomó esa decisión; lo cierto es que le sacaron dinero a la Ciudad (a Larreta) para pagarles un aumento que calmó a los policías bonaerenses (para salvar a Kicillof).
Desde entonces la autoridad presidencial se fue desmoronando, y con ella la credibilidad de su condición de "un hombre como ustedes", y de "catedrático del derecho".
La impericia y la falta de uniformidad de criterios que observó en la oscura negociación por las vacunas hizo que se incumplieran todos los compromisos. La Argentina está entre los países que peor manejó toda la pandemia y entre los que más sufrieron las consecuencias de la cuarentena.
El fallo de la Corte es un golpe autoinfligido, porque era ilusorio otro resultado, pero llegó en el peor momento. El presidente perdió a su ministro de Salud en un escándalo detonado por fuego amigo: lo hizo conocer el fundador de Carta Abierta, Horacio Verbitsky, después de que lo vacunaron por acomodo. Además perdió a la persona de su mayor confianza, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y le impusieron a Martín Soria (cualquier cosa, menos jurista). Y ahora lo obligaron a mantener al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, despedido por el ministro Martín Guzmán por diferencias cruciales en el tema tarifas.
Está claro que ni la salud ni la mesa de los argentinos es la prioridad, sino las elecciones y los expedientes de Cristina.
Mientras tanto, el presidente, la vice y el gobierno bonaerense califican al fallo de la Corte como "golpe de Estado". Es decir, le reprochan al tribunal porque no emuló a las cortes de Nicolás Maduro y de Evo Morales, que convalidaron procesos electorales anticonstitucionales. Aquí vale recordar que el Instituto Patria sostiene que la Justicia debe ser una secretaría de Estado, para alinearse con el Gobierno. Esto muestra el ADN político de La Cámpora: "Importa esencialmente la autoridad y no, como en el concepto racionalista del Estado de Derecho de la Ley, la verdad y la justicia", decía Carl Schmitt, el jurista del nazismo. Y también evoca a la Corte de Justicia de 1930, que legitimó a todos los golpes de Estado con su "doctrina del facto", a la medida de José Félix de Uriburu, pero también de todos sus herederos, incluido Jorge Rafael Videla.
El último medio siglo tuvo tres experiencias asimilables: Héctor Cámpora llegó sin poder propio en un peronismo fisurado; se recostó sobre Montoneros (que era minoría interna) y Juan Domingo Perón lo expulsó con un discurso. Tras la muerte de Perón, María Estela Martínez debió asumir un liderazgo que no deseaba y para el que no estaba preparada, en medio de un enfrentamiento armado que iba in crescendo y con una quiebra macroeconómica. La derrocó la dictadura. Fernando de la Rúa aceptó como compañero de fórmula a Carlos Álvarez, quien detonó la presidencia a los pocos meses de empezar.
Fernández transita un camino similar, por el deterioro de su autoridad y porque acepta, con poco disimulo, las decisiones de la vicepresidenta y su séquito, que lo odian pero que necesitaron de él (y de Sergio Massa) como máscara para llegar al poder.